Sobre la Ley Trans, las rebajas de penas y el puerto de Barcelona
El PSOE se ha plantado ante Podemos y mantendrá sus enmiendas a la Ley Trans, evitando que la norma pueda aprobarse, como pretendía Irene Montero, antes de acabar el año. También a Montero afecta la otra noticia del día, que fue la rebaja récord de 7 años de prisión a dos violadores gracias a la ley del 'sí es sí'. Y la elección de Lluís Salvadó como presidente del Puerto de Barcelona pone de relieve la hipocresía de las preocupaciones medioambientales de ERC.
Dos feminismos, un Gobierno
Los reproches cruzados durante la jornada de ayer entre las dos Monteros del Gobierno, Irene y María Jesús, ilustran bien los quebradizos equilibrios que entablan entre sí los dos componentes de la coalición del Gobierno. Una precaria simbiosis que, especialmente en materia de Igualdad, amenaza siempre ruina.
A primera hora, la ministra de Igualdad adelantaba que el PSOE pretendía romper el acuerdo y no retirar sus enmiendas a la Ley Trans. Y lamentaba que las rectificaciones de los socialistas a la norma supondrán un "recorte de derechos". Le dio la réplica poco después la ministra de Hacienda, confirmando que su partido se plantaría ante Podemos, asegurando que sus enmiendas "persiguen la seguridad jurídica de los menores".
El foco de la discordia está en la cuestión de la autodeterminación de género. El sector del feminismo clásico socialista criticó con dureza que el PSOE aceptara este principio, también innegociable para los morados. Para intentar calmar los ánimos, la parte socialista del Gobierno propuso limitar el cambio registral de sexo, incorporando el requisito de la autorización judicial para los menores de 12 a 16 años. Una exigencia que el texto de Podemos contempla únicamente para los menores de 12 a 14 años.
La propia Irene Montero apuntó a que era probable que el PSOE se aliara con el PP para la presentación de enmiendas, y poco después el PP se ofrecía a pactar la Ley Trans con Sánchez para intentar eliminar la autodeterminación.
En cualquier caso, y sólo unos días después de que el PSOE arropase a la ministra de Igualdad en desagravio por los insultos que recibió, la unidad del Gobierno en torno a la política feminista ha vuelto a romperse. Con el mantenimiento de las enmiendas parciales registradas el pasado 31 de octubre, los socialistas siguen saltándose el plazo que quería imponerles Irene Montero para sacar adelante la ley, que ya no se aprobará este año. Parece evidente que el PSOE pretende seguir forzando la dilación en la tramitación de la norma hasta que quede sepultada por las prioridades del próximo año electoral.
Sigue el goteo de rebajas penales a violadores
La sucesión de revisiones de sentencias que afectan a los condenados por delitos sexuales ha alcanzado un nuevo y tétrico récord. La Audiencia Provincial de Cantabria ha rebajado las penas a los dos responsables de una violación conjunta en siete años con respecto a la impuesta en firme.
Así, el tribunal ha dejado los 18 años totales de la condena original en 11, con siete años de cárcel menos para cada uno de los condenados. Es la reducción de penas más alta desde que entrara en vigor la polémica 'ley Montero'.
La Audiencia de Cantabria ha aplicado para esta revisión de condena solicitada por las defensas la nueva horquilla punitiva que contempla la legislación vigente. Y ha considerado, contrariamente al criterio del fiscal general del Estado, que no deben aplicar la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995, que concibe que las penas no deben revisarse si caben en el nuevo marco normativo.
Ocho son las audiencias provinciales que contradicen de momento el decreto del fiscal general que ordenaba a los fiscales rechazar la rebaja de penas. Los tribunales continúan así aplicando el criterio de imponer el castigo más favorable al reo, de manera que ya se han producido casi cuarenta revisiones a la baja de condenas o liberaciones de agresores sexuales.
A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la ley de libertad sexual y unifique criterios, cerca de 200 casos continúan pendientes de revisión, y casi 500 son susceptibles de rebaja. ¿Seguirá el Gobierno huyendo hacia delante mientras crece la inseguridad y la desprotección de las mujeres?
ERC: una postura en Valencia y otra en Cataluña
El nombramiento del diputado en el Parlament Lluís Salvadó como presidente del Puerto de Barcelona está levantando ampollas en Cataluña. Y no es para menos. Salvadó, miembro de ERC, está a la espera de ser juzgado por malversación por el referéndum ilegal del 1-O.
Pero lo más sangrante es que Esquerra vaya a ocupar la autoridad portuaria después de haber boicoteado la ampliación del Puerto de Valencia. Junto a Compromís y Unidas Podemos, paralizaron la ejecución de la mejora del puerto aduciendo razones ecológicas, y pidieron demoler las obras ya realizadas. Sin embargo, ERC no se ha opuesto a la ampliación sur del recinto de Barcelona. Para el proyecto de mejora del principal competidor de Valencia no han solicitado ninguna declaración de impacto ambiental.
Es evidente que el criterio ecológico es una coartada que disfraza un interés puramente político y económico. Porque, además, la obtención del informe favorable del Ministerio de Transición Ecológica a las obras del Puerto de Valencia avala, refutando lo que sostenía ERC, que la ampliación "no pondrá en riesgo la consecución del buen estado ambiental".
*** El Merodeador es el seudónimo colectivo de la sección de Opinión de EL ESPAÑOL integrada por Cristian Campos, Jorge Raya Pons y Víctor Núñez.