La encuesta de hoy de SocioMétrica-EL ESPAÑOL sobre los últimos hachazos que el Gobierno está asestando a la calidad de nuestra democracia evidencia que la inmensa mayoría de los ciudadanos no aprueba el acelerón final con el que Pedro Sánchez está, de facto, impugnando el pacto constitucional de 1978. Y también que a muchos votantes no se les escapa la motivación real de los recientes movimientos del Gobierno.

El indicador más elocuente es el nimio 5% de españoles que, según nuestro sondeo, es partidario de rebajar las penas que contempla actualmente el Código Penal para el delito de malversación. Porque rara vez un barómetro de la opinión pública muestra cifras tan extremas, como también lo es el exiguo 9,5% de los votantes del PSOE en favor de esta reforma legal.

Y es que el Código Penal a la carta que va a reescribir Sánchez se asienta sobre una doble vara de medir. Esto es lo que implica la enmienda presentada por ERC -y negociada con el PSOE- en el marco de la reforma del CP para derogar la sedición, que reduce también el castigo por malversación. Porque rebajará a la mitad las penas máximas para este delito si no media enriquecimiento personal. Una reforma que contrasta con la del artículo 311, que también quiere incluir el Gobierno de coalición, para endurecer la persecución del recurso a la fórmula del falso autónomo por las empresas. En el Código Sánchez, reincidir en la contratación de falsos autónomos estará penado con hasta 6 años de cárcel, mientras que malversar millones de dinero público sin ánimo de lucrose castigará con sólo 3 años.

La encuesta de SocioMétrica arroja que casi un 60% de la población, lejos de respaldar el "retoque quirúrgico" de esta figura delictiva, preferiría castigar más duramente a los malversadores. Además, un 72,6% de los encuestados cree que no debería distinguirse entre una malversación guiada por un ánimo de lucro personal y una destinada a "fines políticos", convicción compartida por más de la mitad de los electores del PSOE.

De esta forma, queda de manifiesto que los ciudadanos no ignoran que esta injustificable y ventajista demarcación entre una corrupción personal y una corrupción supuestamente menos lesiva no es sino una mascarada retórica para legitimar una reforma ad hoc del Código Penal. Una que permita acabar con la inhabilitación de los condenados por el procés.

En lo relativo a la eliminación del delito de sedición y su sustitución por el de "desórdenes públicos agravados", el 71,2% de los españoles no creen el argumentario con el que el Gobierno intenta justificarlo, aludiendo a la armonización con la legislación europea y a la pacificación del conflicto político en Cataluña. La inmensa mayoría de los ciudadanos saben que la reforma se debe a la necesidad del Ejecutivo de garantizarse el apoyo de ERC. Y no son ajenos al hecho de que esta amnistía encubierta al bloque de investidura de Sánchez (que ya es bloque de legislatura) dejará desprotegido al Estado y al orden constitucional. Muchos temen que el último estadio de la así llamada "desjudicialización" del procés, iniciada con los indultos a los condenados por el 1-O, sea la celebración de un referéndum pactado.

En tercer lugar, tampoco convence la explicación que ha dado el Gobierno a la modificación de las reglas del juego en la renovación del Tribunal Constitucional. Si los ciudadanos pensasen, efectivamente, que Moncloa reforma el sistema de elección de los dos magistrados del TC que corresponde designar al CGPJ para evitar el "secuestro" de estos por el sector conservador, no serían sólo el 23,1% de los españoles los que verían con buenos ojos el nombramiento de dos ex altos cargos del Gobierno de Sánchez como miembros del TC.

Es decir, que a casi nadie se le oculta que la pretensión del Gobierno de asaltar el Alto Tribunal equivale a zafarse de las garantías constitucionales prefiguradas para limitar el ejercicio del poder arbitrario.

Es cierto que todas estas modificaciones normativas, rayanas en la inconstitucionalidad, suponen un punto de no retorno para el PSOE. Y que este Gobierno está socavando seriamente la separación de poderes y conquistando nuevas cimas en la colonización de las instituciones.

Sin embargo, la opción de la moción de censura contra Sánchez defendida por Vox y Ciudadanos no resulta aconsejable. Inés Arrimadas debería recordar que la anterior moción de Santiago Abascal sólo sirvió para perjudicar al centroderecha moderado. Y que una nueva cuestión de confianza tendría como único efecto, tal y como ha señalado el PP, reforzar a Sánchez y su bloque al salir airosos de ella.

Este periódico ya informó de la inquietud de Moncloa ante la repercusión política y electoral que puedan tener las reformas que afectan al Código Penal y al CGPJ. Y no sólo dentro del PSOE, a cuyos barones Moncloa intenta tranquilizar, asegurándoles que la reforma de la malversación no permitirá revisión de condenas por corrupción -como ha ocurrido con la ley Montero-, y explicándoles que se limitaría a los implicados en el procés.

También temen que el trato de favor a los independentistas pueda penalizarles electoralmente en las autonómicas y municipales de mayo, y en las próximas generales. El PSOE sabe que queda menos de un año para la verdadera moción de censura, que será la de las urnas. Son los votantes quienes deberán dictar sentencia sobre la alteración de todas estas normas elementales del Estado de derecho.

Lo que está claro es que Sánchez ya no engaña a nadie. El rechazo generalizado a que se dinamite la igualdad de los ciudadanos ante la ley y a que se supedite el bien común al beneficio exclusivo de los independentistas corruptos supone gobernar contra la opinión pública y contra el interés general.