El Gobierno pretende sacar adelante a toda costa su reforma del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y para ello, como informa hoy EL ESPAÑOL, prepara ya un plan B que se activaría de forma inmediata si este lunes Pedro González-Trevijano y el resto de miembros del TC estiman el recurso presentado por el PP. 

El plan consistiría en la tramitación de dicha reforma mediante una proposición de ley presentada por quince diputados o por un grupo parlamentario del bloque de socios del Gobierno, lo que permitiría esquivar al menos uno de sus muchos defectos: la presentación de la modificación del sistema de elección de los magistrados del TC en forma de enmiendas a una ley sin relación alguna con dicho asunto.

Porque, como explica el profesor de Derecho constitucional Carlos Fernández Esquer en su tribuna publicada ayer viernes en EL ESPAÑOL, esa vía exprés "hace imposible una nueva toma de posición que se materialice en forma de enmiendas a la totalidad o de texto alternativo, y su defensa por parte de las minorías, lo que lesiona el derecho de los diputados a ejercer correctamente su función representativa, y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes". 

El plan A del Gobierno es por tanto radicalmente inadmisible. Hurtar la posibilidad de que los partidos de la oposición estudien, debatan y presenten las enmiendas que consideren necesarias a un texto del Ejecutivo que altera de forma radical los procedimientos nucleares de la arquitectura constitucional española es inaceptable y sitúa al Gobierno en la senda de los regímenes populistas latinoamericanos. 

Pero que el plan A sea indefendible no significa que el plan B sea mejor. Porque una proposición de ley, que podría aprobarse en apenas una docena de días si el Gobierno decide acelerar al máximo los plazos, no requiere de los informes preceptivos de los órganos consultivos que sí exigen los proyectos de ley.

Es decir, que el Gobierno estaría haciendo un nuevo truco de manos al convertir una iniciativa gubernamental (que debería tramitarse como proyecto de ley) en una proposición de ley, que corresponde a otros actores, como el Congreso, el Senado, las asambleas de las Comunidades Autónomas o las iniciativas populares. 

La presentación de la reforma del sistema de elección de los magistrados del TC como proposición de ley no es más, en fin, que un segundo atajo con el que el Gobierno pretende convertir de nuevo el debate de un cambio legislativo de profundísimo calado político en un mero trámite al que aplicar el rodillo de su mayoría parlamentaria. ¿Por qué tantas prisas en un tema de tanta complejidad y que conllevará cambios en el equilibrio de la composición del Tribunal Constitucional de consecuencias imprevisibles? 

Es más. Si los órganos consultivos del Estado, con el Consejo de Estado a la cabeza, son considerados prescindibles por este Gobierno, ¿qué sentido tiene su existencia? Y si el cambio en las mayorías necesarias para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional no merece la evaluación y el dictamen de esos órganos, ¿qué ley lo merece?  

Como ha podido saber EL ESPAÑOL, el PSOE se ha mostrado satisfecho a puerta cerrada por lo ocurrido este jueves en el Congreso de los Diputados. A partir de una visión como mínimo torcida e irresponsable de la realidad, el PSOE considera que el ruido generado en el Congreso, con acusaciones recíprocas de golpismo, ha conseguido opacar las críticas de los barones autonómicos socialistas a la reforma de la malversación y de la sedición al gusto de los líderes catalanes condenados por el procés.

Este diario no puede más que mostrar su rechazo más absoluto por el maquiavelismo de un Gobierno que cree que el fin justifica todos los medios. Sobre todo cuando los medios son radicalmente inaceptables en democracia y el fin, merecedor como mínimo de un debate a fondo que el Ejecutivo no parece dispuesto a conceder. 

Las reglas del juego de la democracia constitucional no se cambian ni con atajos ni con ruidos. Los ciudadanos y las instituciones españolas, y entre ellas el Tribunal Constitucional, no se merecen que el Gobierno oculte tras una cortina de insultos y caos reformas legales que alterarán muy profundamente la separación de poderes en España.