Unidas Podemos empezó ayer viernes a calentar el discurso navideño del rey siguiendo su costumbre de no dejar pasar una sola oportunidad para deslegitimar las instituciones que no pueden ser fácilmente controladas por el Gobierno del que ellos forman parte. 

En esta ocasión fue Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de Podemos, la que arremetió contra Felipe VI al afirmar que el rey "no tiene legitimidad democrática" para posicionarse sobre la crisis institucional que se vive hoy en España a raíz del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. 

Verstrynge, miembro destacado de un partido que gobierna de la mano del PSOE, dijo también esperar que el rey no haga un discurso "de parte" como el del 3 de octubre de 2017, tras la celebración del referéndum de independencia ilegal del 1 de octubre. 

En circunstancias de normalidad, unas declaraciones como estas deberían haber comportado, como mínimo, la llamada a capítulo de los ministros de Unidas Podemos por parte del socio mayoritario de la coalición, es decir, el PSOE.

Pero en la España de 2022, y tras tres años de Gobierno de coalición, este tipo de declaraciones son vistas ya por los españoles como parte del paisaje. Que un partido que forma parte del Ejecutivo ataque al rey, le niegue legitimidad democrática o pretenda indicarle de qué puede o no puede hablar se da tan por amortizado como los insultos al Poder Judicial o la acusación de golpistas a los líderes de la oposición por ejercer su derecho al amparo del Tribunal Constitucional. 

Y es eso, y no tanto el contenido concreto de las palabras de Lilith Verstrynge, lo que debería preocupar a los ciudadanos españoles. La rapidez y la resignación con la que hemos aceptado la generación constante de tensión política y social por parte de aquellos cuya principal responsabilidad es, precisamente, evitarla. 

Habrá que recordar, para información de Unidas Podemos, que la legitimidad democrática del rey nace de esa soberanía nacional que se encuentra plasmada en la Constitución, es decir en el poder constituyente, y que ellos atribuyen erróneamente al Parlamento, que es sólo poder constituido y que está, por tanto, sometido a las disposiciones constitucionales que regulan lo que este puede y no puede hacer. 

Habrá que recordar, también, que los españoles reafirman esa legitimidad, la de la Constitución y la de las instituciones que nacen de ella, incluida por supuesto la de la Corona, cada vez que votan en unas elecciones generales o de cualquier otro tipo. 

Habrá que recordar asimismo que la legitimidad de la Corona es doble: democrática, sobre la base de la Constitución, e histórica, pues es instaurada a partir de una dinastía histórica que no nace con la Carta Magna.

Y, finalmente, que el rey es el jefe del Estado y que a él le corresponde, según el artículo 56 de la Carta Magna, arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. 

En el momento de escribir este editorial se desconoce cuál será el contenido concreto del discurso del rey. Pero a ningún español podrá sorprender que Felipe VI aluda en él a la crisis institucional o que haga una llamada al consenso y al respeto de las instituciones. Quizá lo que preocupe a Podemos no sean tanto las posibles alusiones del rey a esa crisis como la obviedad de que ellos son uno de los principales causantes de esta.