Cuando el pasado 4 de octubre el Gobierno aprobó el proyecto de Presupuestos, con un gasto social disparado para convertirlos en el programa de reelección de Pedro Sánchez, este periódico informó de que el Ministerio de Hacienda se había guardado un colchón adicional para nuevas ayudas. El Ejecutivo contaba con prolongar en 2023 las medidas temporales del plan de choque contra la inflación mediante un gasto extra no recogido en los PGE.

Ayer, Sánchez confirmó esta extensión del escudo de emergencia durante seis meses más. Y desgranó las principales novedades de esta tercera entrega de su decreto anticrisis que supondrá, junto con el impacto presupuestario que han tenido las medidas desplegadas hasta ahora, 45.000 millones de euros en total.

Es razonable y pertinente que el Gobierno actúe para aliviar el efecto que la crisis energética desatada por la guerra de Ucrania y la inflación están teniendo sobre los ciudadanos. En este sentido, el cheque de 200 euros a las familias con bajos ingresos para amortiguar el encarecimiento de la cesta de la compra resulta apropiado ante la persistencia de la inflación en los productos agroalimentarios. Ahora bien, es dudosa la frontera de 27.000 € de ingresos que identifica una familia como "vulnerable".

Además, que se haya puesto fin al descuento generalizado para el combustible denota que el Gobierno ha atendido a las recomendaciones de organismos como la OCDE, el Banco de España o la AIReF, que han demostrado que los paquetes de ayudas indiscriminadas tienen un efecto regresivo. Y que, por tanto, para beneficiar realmente a las rentas más bajas lo conveniente es focalizar las transferencias en los sectores más vulnerables o afectados.

Pero la elección de la mayoría de las medidas es muy cuestionable. O, cuanto menos, contradictoria.

Porque políticas antiinflacionarias como la supresión del IVA de los alimentos de primera necesidad, o la prórroga de la bajada del IVA eléctrico al 5% y de la rebaja a los impuestos de electricidad y gas, contrastan con otras iniciativas inflacionistas que también ha asumido el Gobierno. Tal es el caso del aprobado aumento del 8,5% en las pensiones, o la propuesta de Unidas Podemos de subir los salarios para paliar la pérdida de poder adquisitivo.

Por no hablar de la congelación del precio de los alquileres. Una suerte de prototipo de la estancada Ley de Vivienda con la que la parte morada del Ejecutivo está presionando a sus socios, con el objetivo de establecer un precio máximo para los alquileres.

Fijar un límite a la subida de los alquileres equivale a penalizar a los propietarios con vivienda en alquiler. Y supondrá una reducción de la oferta que acabará encareciendo las rentas y que hará que los arrendadores sean más selectivos para escoger a sus inquilinos.

En suma, esta prórroga del escudo anticrisis sigue la línea de la política económica del Gobierno de Sánchez, consistente, por un lado, en castigar de manera sistemática a las rentas más altas. Y, por otro, en aumentar de forma sostenida e irresponsable el gasto público.

La prolongación de unas intervenciones que deberían ser más acotadas y provisionales contribuirá al aumento de una deuda pública que ya es del 117,68% del PIB. El gasto público, que supera el 50% del PIB, se ha incrementado un 40% desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Y el déficit estructural ha alcanzado el 3,5% del PIB.

Mientras tanto, el Gobierno continúa aumentando las partidas de gasto. Y, en un contexto de recaudación récord, no se entiende que siga sin plantearse la deflactación del IRPF para los contribuyentes. Además, en su optimista balance, en el que presumió de los buenos datos de empleo y crecimiento, Sánchez olvida que el PIB de España aún no ha recuperado los niveles prepandemia.

Lo que está claro es que Sánchez persevera en la senda de regar España con una lluvia de subvenciones que beneficiarán a ocho millones de personas, según Gestha, en año electoral. Con ello, pretende aplacar el coste político de impopulares reformas como la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación o el fiasco de la ley del sí es sí. Y no es descartable que adopte nuevas medidas cuando toque revisar otra vez el paquete en junio.

El presidente está encomendando sus expectativas electorales para el año próximo al relativo éxito de su gestión en el manejo de la crisis energética. Pero ninguna cábala política puede estar por encima de la responsabilidad fiscal y presupuestaria.

Prolongar un conjunto de bonos y ayudas que equivalen a 4 puntos del PIB representa una huida hacia delante que no sólo cronifica problemas estructurales de la economía española. También hipoteca a futuras generaciones que tendrán que cargar sobre sus hombros con la financiación de una deuda pública en constante crecimiento, año tras año.