Los avances en la investigación sobre el caso de abusos sexuales a menores tuteladas en Valencia vuelven a poner sobre la mesa un problema escabroso que obliga a todas las Administraciones a una honda reflexión.

Porque el fenómeno de las redes de violación y de prostitución de menores tuteladas no afecta sólo a la Comunidad Valenciana. También se han dado terribles casos, con una dinámica similar, en la Comunidad de Madrid y en las islas Baleares.

Claramente, no se trata de un suceso aislado, sino que apunta a una falla en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia.

Es evidente que las menores que se encuentran en régimen de tutela provienen de entornos conflictivos. Y que pueden manifestar un comportamiento problemático que dificulta su vigilancia.

Cabe recordar también que las niñas y las adolescentes no están encerradas en los centros de acogida, por lo que no cabe hablar en puridad de "fugas". Estos centros son residencias en las que los niños viven bajo la tutela de la Administración pública, pero de la misma manera en que los hijos son tutelados por sus padres en sus casas.

Pero, precisamente por eso, los poderes públicos deberían ser capaces de dar con un nuevo protocolo que, como la vigilancia de los progenitores sobre sus hijos, sea capaz de aunar la libertad de movimientos de los menores con una adecuada protección.

El Estado debe reconocer que estas niñas y adolescentes son más vulnerables y están mucho más expuestas, como ha sucedido repetidamente, a ser captadas por grupos criminales mediante engaños y extorsiones. Y que a él le corresponde la responsabilidad de establecer procedimientos que lo impidan.

Lo que está claro es que la estrategia de control no ha sido suficiente.

Las Administraciones no pueden limitarse a actuar cuando el daño ya está hecho. Hacen falta planes de prevención efectivos, que permitan una detección precoz de los casos de explotación o trata de menores. El objetivo es evitar que haya que recurrir a la investigación a posteriori para localizar a las niñas una vez desaparecidas.

Por eso, más allá de facilitar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía de Menores, es urgente destinar más medios a la infancia en régimen de protección social.

Un buen primer paso para empezar la revisión de los protocolos son las recomendaciones que el defensor del Pueblo valenciano hizo en su informe de hace un año. La mejora del plan de acción contra la vulnerabilidad de los menores tutelados pasa por implantar nuevas medidas que incrementen el control y por mejorar la formación de los profesionales de los centros de protección, entre otras.