No fue casual el escenario escogido por Alberto Núñez Feijóo para presentar ayer lunes las 60 medidas de su Plan de Calidad Institucional. Porque el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, es el lugar en el que se juró la Constitución de 1812, la primera de la historia de España, y cuyos artículos incluían dos de los más elementales principios del liberalismo democrático: la separación de poderes y la soberanía nacional. 

El objetivo del Plan de Calidad Institucional de Feijóo es la regeneración de unas instituciones democráticas que durante los últimos años se han convertido en una herramienta más de la batalla política. Y de ahí la apelación a unos valores compartidos con aquellos "que no votan al PP, pero ansían una regeneración democrática".   

Los 60 puntos del Plan de Calidad Institucional del PP, que serían aprobados durante los primeros 100 días de un hipotético gobierno de Feijóo, incluyen medidas relativas a los tres poderes, el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, pero también otras destinadas a proteger la Constitución y a recuperar el prestigio de las instituciones. 

Las 60 medidas presentadas por Feijóo van desde lo razonable a lo imprescindible, pero incluyen también alguna propuesta que EL ESPAÑOL cree que perjudicaría la función representativa de los partidos políticos y su papel constitucional como instrumento para la participación política de los ciudadanos.

Es el caso de la propuesta de que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. Una medida que busca facilitar la gobernabilidad y evitar el mercadeo con los partidos minoritarios, pero que redundaría en un control casi absoluto de las grandes alcaldías por parte de PP y PSOE. Es decir, en una imposición del bipartidismo por vías ajenas al resultado de las urnas. En este sentido, EL ESPAÑOL cree que es contradictorio pretender restablecer el prestigio y la estabilidad del sistema encorsetando dicho sistema. 

Otras medidas, como la de recuperar el delito de sedición y el de malversación en su formulación original, o la de tipificar el delito de referéndum ilegal, entran dentro de las potestades de un presidente del Gobierno y pueden por tanto considerarse como parte del programa político del PP para las elecciones generales de finales de este año.

En cierta manera, el Plan de Calidad Institucional del PP puede leerse como un catálogo de los errores y excesos de Pedro Sánchez a lo largo de los últimos tres años. Es el caso de la medida 5, que propone limitar el recurso al Real Decreto Ley; de la medida 8, que obligará al Gobierno a informar periódicamente de su acción de gobierno; y de la medida 15, que pide la modificación del Reglamento de las Cortes para evitar que se incluyan enmiendas sin relación alguna con el objeto de la norma a debate. 

En el apartado VII, titulado Garantizar la máxima independencia de las instituciones, se incluyen medidas destinadas a evitar la colonización de las instituciones, y entre ellas el CIS, el CNI o el INE, para que estas no sean ocupadas, como ha ocurrido durante los últimos años, por militantes del partido en el gobierno o por perfiles fácilmente permeables a las injerencias del Ejecutivo.

El apartado IX busca recuperar el prestigio del Tribunal Constitucional y el XII, garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Para ello, se derogará la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando se encuentre en situación de prórroga, y se implementará un nuevo modelo de nombramiento de los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces que, además, prohíba las puertas giratorias. 

Muchas de las medidas propuestas por Feijóo han sido defendidas por EL ESPAÑOL en el pasado y no pueden más que ser apoyadas sin ambages por este diario. Si Feijóo lograra llevar a cabo todas o la mayoría de ellas, la obra del sanchismo, y muy especialmente su huella en las instituciones, quedaría demolida en apenas 100 días de Gobierno, con la salvedad de sus leyes más sociales. 

De lo que no cabe duda es de que el daño hecho a las instituciones durante los últimos cuatro años, y de cuya responsabilidad es imposible excluir tanto al PSOE como al PP, así como a los socios de gobierno del primero, debe ser reparado con la mayor urgencia posible. Y el Plan de Calidad Institucional de Feijóo es un buen primer paso para ello.