Podemos ha encontrado un nuevo banderín de enganche con su electorado en la congelación de las hipotecas, que ayer viernes fue defendida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, con el argumento de que "acudiendo a la Constitución hay motivos suficientes para actuar" contra el incremento de las cuotas de los préstamos hipotecarios por la subida de los tipos de interés.
Lo cierto es que la congelación de las hipotecas presenta casi tantos problemas jurídicos como políticos, por no hablar del modelo de sociedad al que conduciría la idea de que cualquier contratiempo financiero que sufran los ciudadanos será solucionado por el Estado obligando a que otro, en este caso la banca, asuma las pérdidas.
Como ha explicado este jueves Ana Botín, el mercado hipotecario español es uno de los más competitivos de la UE y eso ha conducido a que las hipotecas en España sean de las más baratas de la Eurozona. En España, además, la compra de vivienda se está financiando al 2,9%, mientras que la tasa de riesgo se encuentra en el 3,5%.
"En el caso de las hipotecas, sería un error poner unas condiciones que expulsen y que generen una cultura del impago" como ocurrió en México "durante quince años", ha dicho la presidenta del Banco Santander para alertar del destino al que conduce la senda populista por la que Podemos quiere conducir a los españoles.
La congelación de las hipotecas es, en cualquier caso, poco más que un trampantojo de Podemos que a medio y largo plazo se volvería en contra de los ciudadanos en general y de los hipotecados en particular.
Los problemas que plantearía una hipotética congelación de las hipotecas son varios.
En primer lugar, hay que recordar que la banca no redujo la oferta crediticia cuando los tipos eran negativos. Durante esos años, entre 2016 y 2022, el sector bancario podría haber cerrado el grifo de los préstamos hipotecarios e invertir en otros productos más rentables. Pero mantuvo el mercado hipotecario abierto, algo de lo que se beneficiaron muchos ciudadanos.
En segundo lugar, hay que mencionar el código de buenas prácticas que la banca acordó, precisamente, para ayudar a las familias vulnerables, y que incluye moratorias y congelación temporal de las hipotecas para aquellos que no puedan pagarlas. Quizá lo sensato, más que plantear enmiendas a la totalidad del mercado hipotecario, sería, como ha defendido Nadia Calviño, dar tiempo a que esas ayudas hagan efecto.
Por otro lado, ¿por qué propone Podemos congelar las hipotecas a tipo variable y no compensar las de tipo fijo? ¿Acaso los ciudadanos no asumieron una responsabilidad cuando firmaron un préstamo con una cuota menor a cambio del riesgo de que los tipos pudieran subir en un futuro indeterminado, como está ocurriendo ahora?
Entonces, ¿por qué pretende castigar Podemos a los compradores prudentes y premiar a aquellos que asumieron ese riesgo de forma consciente?
Finalmente, cabe recordar que congelar la hipoteca no libera del pago. Sólo alarga los plazos y genera unos intereses mayores con el tiempo, lo que puede convertirse en una trampa incluso mayor para los hipotecados más vulnerables.
La consecuencia de una congelación de las hipotecas, como la del topado de los alquileres o la de los precios de los supermercados, sería el bloqueo del mercado. Los bancos dejarían de conceder hipotecas a aquellos clientes que no dieran garantías suficientes de pago e invertirían su dinero en otros productos. Eso expulsaría del mercado a la clase trabajadora y a los más vulnerables y les condenaría a un mercado del alquiler también intervenido por el Estado y con una oferta cada vez más reducida.
Finalmente, hay que recordar que la congelación de las hipotecas conllevaría la necesidad por parte de la banca de provisionar esos préstamos morosos, algo que podría poner en problemas a los bancos españoles en un momento en el que la economía española todavía intenta recuperar los niveles previos a la Covid.
¿Está dispuesto el Gobierno, en fin, a sacrificar el sector bancario español y el mercado inmobiliario en el altar de la nueva ocurrencia de Podemos?