Regresan a España unos incendios forestales que este año han llegado sin esperar al verano. El incendio localizado anoche en la comarca extremeña de Las Hurdes nos devuelve una realidad devastadora. Con los cuerpos de bomberos alertando sobre el estado "fuera de control" del incendio. Con más de medio millar de vecinos evacuados. Con un preocupante avance hacia la Sierra de Gata, una de las más hermosas y variadas del sur de Europa, y amenazando un paraje único con más de un millar de especies vegetales.

El impacto medioambiental y sobre los habitantes de la comarca de las casi 10.000 hectáreas carbonizadas justifican, pues, la zozobra. Especialmente, cuando siguen frescos los recuerdos de los incendios forestales en Teruel y Castellón, con casi 5.000 hectáreas quemadas, y en Asturias, donde el fuego se quedó a las puertas de Oviedo.

Pero, a decir verdad, la indignación es la emoción que se impone. Porque, como sostienen las autoridades extremeñas, el fuego ha sido provocado. La consejera de Desarrollo Rural, Begoña García Bernal, ha llegado a asegurar ayer que "esto no es causado por una circunstancia meteorológica, sino por un terrorista meteorológico".

Sea terrorista o no, cabe la esperanza de que las investigaciones conduzcan hacia el autor o autores de este crimen medioambiental para que sea debidamente juzgado. Aunque esa esperanza, a decir verdad, no tenga visos de hacerse realidad. Produce impotencia que, en demasiadas ocasiones, los autores salgan indemnes o levemente castigados, más allá del endurecimiento de las penas en la reforma de 2015. 

Nadie pondrá en duda las dificultades de identificar a los culpables de los incendios en un proceso donde el procedimiento probatorio no es sencillo. Lo que cuesta más de digerir es que aquellos que sí han sido reconocidos sean raramente condenados a penas graves, que quedan reservadas para los casos en los que el riesgo directo para la vida humana está claramente probado. Pocas investigaciones resuelven las motivaciones de los autores y determinan si los criminales se mueven por intereses personales, económicos o genuinamente destructivos.

En este escenario, el país avanza hacia otro verano preocupante después de que, en 2022, el país batiera su propio récord de hectáreas calcinadas: un cuarto de millón. Parece claro que la acción del cambio climático condiciona. Que la falta de lluvias mantiene el campo y el monte secos. Tampoco tranquiliza la escasez de agua en los embalses para combatir un verano que probablemente se asemeje al anterior.

Pero, al mismo tiempo, cabría preguntarse si la legislación vigente para la protección del medioambiente es la más indicada, si se precisan más agentes forestales o si la tibieza de los castigos es poco disuasoria para unos "terroristas" que, a menudo, abandonan el delito sin castigo y sin explicaciones.