Que la ley del sí es sí que modificó el Código Penal para acabar con la presunta "impunidad" de agresores sexuales como los de La Manada haya propiciado hoy la rebaja de la pena de uno de sus integrantes no debería sorprender a nadie que no habite en ese caldo de cultivo de distorsiones cognitivas que es el Podemos de Irene Montero, Ione Belarra y sus distintas ramificaciones, incluido el Sumar de Yolanda Díaz.
La rebaja por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de un año de la pena de quince impuesta en su momento a Ángel Boza, miembro de La Manada, se suma a la de otros 1.127 agresores sexuales, violadores y pederastas que se han visto beneficiados por la ley del sí es sí. De esos 1.127, 115 han salido en libertad.
El tribunal ha aplicado la ley Montero a Boza por ser más favorable para él que las disposiciones del viejo Código Penal. Es el único miembro de La Manada al que es aplicable la nueva legislación, dado que el resto de sus integrantes fueron condenados también por otras agresiones sexuales.
La rebaja llega después de que el Tribunal Supremo avalara el pasado 7 de junio las rebajas de pena provocadas por la ley estrella de Igualdad, al considerar correcta la aplicación retroactiva de la nueva ley en los casos en que sea favorable al reo y cuando el resultado sea proporcionado a los hechos juzgados.
El fracaso de la ley del sí es sí, probablemente la norma más dañina para las mujeres de todas las promulgadas en democracia, es el de una cosmovisión de la política que, fiel a sus orígenes antisistema, pretende hacer tabla rasa de la "vieja" legalidad para gestar un nuevo mundo desde presupuestos abiertamente incompatibles con la realidad.
La ley Montero, en consecuencia, no ha fracasado tanto por sus muchos defectos de técnica jurídica como por su empeño en ajustar la realidad a la ideología de sus autores.
La obsesión por "colocar el consentimiento en el centro de la ley" (un absurdo conceptual equivalente a decir que una nueva ley penal sobre el asesinato "coloca el derecho a la vida en el centro", como si ese no fuera el presupuesto nuclear de todas las leyes penales) ha degenerado así en un engendro jurídico.
A ello se suma la eliminación de la distinción entre abuso y agresión, un empeño puramente ideológico, no jurídico. Y que ha llevado al disparate de que el beso de Rubiales sea encuadrado en el mismo tipo penal que una violación con violencia. Una tosquedad impropia de sistemas jurídicos modernos y que, al eliminar la gradación de los distintos delitos sexuales, sólo parece buscar la generación de psicosis social, llamando "agresión sexual" a hechos que el sentido común impide considerar como tales.
Lo que no comprenden Montero ni ninguno de los responsables de su ley es que al igualar hechos inigualables no se está sólo elevando la gravedad del más leve a la del más dañino, sino también rebajando la importancia del más grave a la del más leve.
La noticia se produce el mismo día que un Policía Nacional imputado por el 1-O ha denunciado a una manifestante que le besó en la boca ese día tras su intervención en un colegio electoral. Una denuncia que ilustra los absurdos de la ley Montero, a pesar de que los hechos son anteriores a ella. Y que probablemente busca también anticiparse a esa probable amnistía a los 4.000 procesados por el procés que dejaría fuera a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado denunciados por el nacionalismo. Un doble absurdo al que este agente ha respondido usando las armas que el Gobierno ha puesto a disposición de los ciudadanos.
Pedir la dimisión de Irene Montero a estas alturas es ocioso. Pero que esta no se haya producido ni se vaya a producir no le impedirá abandonar su cargo durante los próximos meses con la vitola de haberse convertido, en sólo cuatro años, en la ministra más dañina de la historia de la democracia para las mujeres españolas.
