La intención de Pedro Sánchez de aprobar una regulación que impida el acceso de los jóvenes a la pornografía plantea importantes problemas.
Está fuera de discusión que existe una necesidad urgente de controlar la exposición de los menores a las webs con contenido para adultos. Los datos avalan la preocupación del presidente por esta epidemia.
El 20% de los jóvenes se inician en el sexo a los ocho años a través del porno, que se empieza a consumir a los 13 años de media. El 22,4% de los chicos ven porno todos los días, y casi el 70% de jóvenes lo ha visto alguna vez en su vida.
Según la Fundación FAD, el 24,4% de los jóvenes españoles consume pornografía de cariz violento, la más habitual.
La opinión de la mayoría de expertos coincide. Estas imágenes de humillaciones, especialmente hacia las mujeres, contribuyen a cosificar (con efectos que luego se materializan en sus prácticas sexuales) a sus parejas femeninas.
La Fiscalía alertó de que esta normalización de vejaciones y de "comportamientos altamente sexualizados a edades muy tempranas" puede ser uno de los factores detrás del aumento de la violencia sexual entre menores.
A eso se suman los diversos efectos negativos para la salud física y emocional del consumo temprano de pornografía. Y no sólo los problemas de adicción que puede generar, o su impacto en el deterioro cognitivo de los jóvenes.
También por el fenómeno de la habituación, que puede acabar generando una incapacidad para excitarse en ausencia de imágenes explícitas.
El porno ha llegado a configurar la concepción de la sexualidad de los menores de la era digital, con el problema que supone que una teatralización irreal del erotismo suministre el ideal bajo el que conciban y guíen sus prácticas sexuales.
Ahora bien, no está claro que una "ley integral para la protección de los menores en internet" vaya a ofrecer un método eficaz para erradicar todos esos males.
La impracticabilidad de controlar todas las posibles vías de acceso al porno en un ámbito inconmensurable como es internet es la objeción más obvia que se le puede plantear a esta propuesta.
Como ha reconocido el propio Sánchez, el problema "no es que los jóvenes busquen activamente en las redes sociales y en internet estos contenidos", sino que "son estos contenidos los que van a los dispositivos informáticos y móviles".
Ciertamente, estas dificultades técnicas podrían paliarse mediante la "implantación de sistemas de verificación efectivos". Pero estos controles parentales supondrían una inaceptable violación de la privacidad, al suministrar información personal y sensible a los sitios web y al propio Gobierno.
La Ley General de Comunicación Audiovisual ya contempla sistemas de codificación digital para la verificación de edad que permitan instaurar un cortafuegos efectivo. Pero bajo las legislaciones europeas de protección de datos, no serían posibles soluciones como las de algunos estados de Estados Unidos, donde se exige un documento de identidad para acceder a cualquier página con contenido para adultos.
La solución más apropiada sigue siendo el enfoque preventivo. Es un buen primer paso que el porno esté crecientemente connotado de forma negativa a nivel social. Y que exista un consenso mayoritario, al menos político, en la necesidad de regularlo, como prueba también la disposición del PP a consensuar un pacto de Estado con el PSOE para la protección de los menores en internet y las redes sociales.
Sería un error incurrir en un puritanismo moralizante sobre el que los poderes públicos no tienen nada que decir, toda vez que el consumo de pornografía no es un delito. Pero sí se puede y se debe proteger a la infancia de los riesgos de las nuevas tecnologías.
Y la opción más plausible para ello es la de privilegiar el papel de una formación digital y de una educación sexual y afectiva que involucre también a los padres y las escuelas, para que los adolescentes interioricen el valor de que sus futuras prácticas sexuales sean respetuosas, seguras y responsables.
Es imposible capar la infinidad de contenidos pornográficos que cualquier joven puede encontrar a su disposición en internet. Pero no lo es, al menos, concienciar para que este hábito sea percibido por ellos como algo nocivo.