Sólo dos semanas después de la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía que según Pedro Sánchez iba a "pacificar" Cataluña, Pere Aragonès ha anunciado su intención de negociar con el Gobierno un referéndum de independencia para la región.

El referéndum, que según el presidente de la Generalitat seguiría el modelo escocés, sería acordado "por las dos partes" (es decir por el Gobierno central y el autonómico) y votado únicamente por los ciudadanos catalanes.

La pregunta del referéndum sería "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?". 

Pere Aragonès ha dicho creer que el referéndum de independencia tiene cabida en el artículo 92 de la Constitución, que dice que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".

Aragonès ha dicho también contemplar vías alternativas a la del artículo 92, como la reforma de la ley orgánica 2/1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum, o la delegación de las funciones estatales para la autorización de referéndums a través del artículo 150.2 de la Constitución.

La propuesta de Pere Aragonès debe analizarse desde dos puntos de vista, el jurídico y el político. 

Jurídicamente, la posibilidad de que una comunidad autónoma organice un referéndum de independencia, con o sin el acuerdo del Gobierno central, es según EL ESPAÑOL, y como ha defendido el Tribunal Constitucional en varias sentencias, radicalmente inconstitucional. Y lo es de acuerdo al artículo 2 de la Ley Magna, que consagra la "indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". 

La Constitución ni siquiera permite, de acuerdo a la inmensa mayoría de los juristas españoles y de sentencias del Tribunal Constitucional como la 103/2008, la convocatoria de referéndums "consultivos" o "no vinculantes".

En primer lugar, porque no caben más referéndums que los regulados y autorizados por el Estado.

En segundo lugar, porque esos referéndums sólo podrían versar sobre cuestiones incluidas en el ámbito competencial de la autonomía.

En tercer lugar, porque la nación es indivisible.

En cuarto lugar, porque frente a esa realidad, la única opción posible para el independentismo catalán es la del artículo 168 de la Constitución. Es decir, la de una reforma constitucional agravada. 

Políticamente, y aun enmarcando las declaraciones de Pere Aragonès en el contexto de una campaña electoral en la que ERC lucha con Junts por el voto del independentismo, la propuesta de un referéndum de independencia apenas unos días después de la aprobación de la ley de amnistía demuestra la evanescencia de la pregonada estrategia de "pacificación" de Cataluña defendida por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Pere Aragonès ha dicho durante su comparecencia que el referéndum es tan constitucional como la amnistía. Amnistía que el PSOE consideró inconstitucional hasta que necesitó los votos de ERC y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, momento en que sus opiniones jurídicas dieron un vuelco de 180 grados.

El argumento de Aragonès es ventajista, pero le ha sido servido en bandeja por el PSOE. Si la amnistía era inconstitucional, pero ya ha sido no sólo aprobada, sino defendida de forma vehemente por el PSOE, ¿por qué no el referéndum de independencia?

La Moncloa, como informa hoy EL ESPAÑOL, ha descartado el referéndum 'a la escocesa' de Aragonès, ha invocado los fallos del Constitucional y ha dicho que esta vez no se retractará de sus opiniones. Algo que no contribuirá a tranquilizar a los ciudadanos por cuanto supone admitir que en anteriores ocasiones sí lo ha hecho. 

Los argumentos de Aragonès son una repetición de los que todos los españoles escuchamos ya en 2017. Con una diferencia muy significativa. Esos argumentos han sido 'amnistiados' por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que asumió el relato independentista consagrándolo en la exposición de motivos de la ley de amnistía. 

La pregunta es de cajón. Despenalizado el delito de secesión, indultados y amnistiados los líderes del procés, y desactivados por el mismo Gobierno todos los argumentos contrarios al relato secesionista, ¿cómo piensa Pedro Sánchez enfrentarse a este nuevo órdago del independentismo catalán?