Sólo cinco después de que la insidia de Óscar Puente sobre Javier Milei desencadenase una crisis diplomática con Argentina, el Gobierno de España se ha vuelto a ver inmerso en un conflicto internacional tras las palabras del ministro de Derechos Sociales y las de la ministra de Infancia y Juventud.

El primero, Pablo Bustinduy, ha pedido por carta este martes a las empresas españolas con negocios en Israel que "no contribuyan al genocidio en Palestina", requiriéndoles que cesen su participación "directa o indirecta" en los ataques israelíes a Gaza.

La segunda, Sira Rego, ha expresado en redes sociales su apoyo a las concentraciones propalestinas en las universidades estadounidenses con el lema antisemita "Desde el río hasta el mar", que reclama la desaparición del Estado de Israel.

La Embajada de Israel ha replicado a estos pronunciamientos manifestando "su total rechazo a la falsa acusación difundida por algunos ministros, intelectuales y medios de comunicación de que Israel está cometiendo un genocidio". Es la cuarta vez que España se ve envuelta en desavenencias con el Estado israelí desde la invasión de Gaza.

José Manuel Albares ha desautorizado a Bustinduy y ha asegurado que Israel es un "Estado amigo de España". Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la parte socialista del Consejo de Ministros, muy molesta con Bustinduy, niega que esta acción, como ha defendido el ministro de Sumar, sea "una más" en "la línea política del Gobierno de España".

Sorprende que un miembro del Ejecutivo asuma una iniciativa unilateral en un asunto tan delicado como este sin que sus socios estén al tanto. Y, sobre todo, sorprende que exista una nueva discrepancia pública entre PSOE y Sumar en un órgano colegiado como el Gobierno.

Es evidente que la carta de Bustinduy y la mayor beligerancia de Sumar en lo concerniente a la causa palestina responden a movimientos encaminados a atraer el foco mediático para ganar presencia pública, en un momento en el que el PSOE trata de achicar el espacio electoral de su socio, con Sánchez orillando a Yolanda Díaz en el Ejecutivo y bloqueando sus iniciativas.

No es la primera vez que las cuestiones domésticas que afectan a los partidos del Gobierno acaban desatando crisis en el plano internacional. Las maniobras políticas para la competencia electoral interna (que ya se vivieron con las polémicas desatadas por Irene Montero y Ione Belarra) han redundado en la dificultad para España de definir una política exterior coherente.

Pero que uno de los miembros del Consejo de Ministros abogue directamente por la erradicación del Estado de Israel compromete seriamente la posición oficial del Gobierno, que aboga por la "solución de los dos Estados".

Sánchez ha tratado de significarse con su gira internacional como el principal adalid de este reconocimiento del Estado palestino, a la vez que ha intentado un complejo equilibrio que permita conservar la amistad con Israel.

Este equilibrio sería factible en teoría. Pero se antoja imposible cuando Tel Aviv ha denunciado "la demonización y deslegitimación" y la "clara incitación al odio" contra Israel por parte de integrantes del Gobierno de España.

El radicalismo de la cuota de Sumar del Ejecutivo deja así sin margen a Sánchez para anunciar el reconocimiento del Estado palestino, que tenía previsto para estas fechas. Y pone a Albares en una tesitura muy complicada a sólo dos días de entrevistarse con el secretario de Estado de los Estados Unidos.