El Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves 30 de mayo, con 177 votos a favor, pero con 172 'noes' y en contra del Senado, de la mayoría social, de buena parte de la carrera judicial y de los letrados de las cámaras, la ley más controvertida de la historia de la democracia española.

Pero el camino de la amnistía está muy lejos de haber agotado su camino. 

La Ley de Amnistía fue negociada y elaborada a medida de sus principales beneficiarios, el huido Carles Puigdemont y el investido Pedro Sánchez. El primero incluso participó en la redacción de su propio perdón, a través de su equipo jurídico.

El Gobierno, ERC y Junts han buscado durante meses un diseño legal que no deje ningún resquicio al azar. El objetivo ha sido lograr que Carles Puigdemont, el principal responsable del golpe contra la democracia de 2017, vuelva a España exonerado de los posibles delitos de alta traición, desobediencia y malversación.

Todos estos esfuerzos no impedirán que la ley pase ahora por el filtro de la Justicia, convertida ya en la fortaleza de Masada del Estado de derecho español. Es decir, en su último bastión. 

El expresident compartió ayer en sus redes sociales un vídeo en el que celebraba la aprobación de la ley con la habitual cantinela victimista. "Hoy, el Estado español, a través de su Parlamento, corrige un error", dice en el vídeo. "No será un camino de rosas. Pero hoy nos hemos quitado una de las espinas en los pies que nos impedían caminar".

Como ha informado EL ESPAÑOL, los cuatro fiscales del Tribunal Supremo encargados de la causa del procés presentaron ayer un informe en el que consideran inaplicable la ley de amnistía al delito de malversación de fondos públicos.

El informe ya está en manos del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y se sostiene sobre dos argumentos sólidos. El primero, que la sentencia del Supremo constató que, en la malversación, hay un ánimo de beneficiarse personalmente de esos fondos.

La segunda razón no es menor. Los fiscales consideran que esta acción atenta contra los intereses financieros de la Unión Europea, al amnistiar delitos cometidos por autoridades públicas de un Estado miembro.

Si el criterio de los cuatro fiscales se impusiera, tendría efectos inmediatos. Impediría la retirada de la orden de detención nacional de Puigdemont dictada por el juez Llarena.

Además, tendría consecuencias para los políticos indultados, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. Los cuatro seguirían inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público.

Que la ley haya encontrado el mismo día de su aprobación una primera piedra en el camino es indicativo de la dudosa legalidad de una propuesta cuyo objetivo no es la concordia, sino satisfacer los intereses coyunturales del presidente del Gobierno.

Los pies de Puigdemont seguirán, pues, llenos de espinas. La ruptura del principio de igualdad para concederle la impunidad a un fugado de la Justicia es una acción inmoral que, en última instancia, deberá pasar el filtro del Tribunal Constitucional.

El proceso legal será lento, pero tendrá paradas intermedias. Si se impone el criterio de los cuatro fiscales, entraremos en un nuevo escenario. Puede que la amnistía traiga réditos políticos a corto plazo para sus beneficiarios. Pero el dolor de cabeza para los autores del procés persistirá durante mucho tiempo.