La afirmación hecha por Salvador Illa este sábado de que "Cataluña no puede ser la tercera [comunidad autónoma] en aportar recursos [al Estado] y la número 14 a la hora de recibirlos" entraría dentro del legítimo debate político sobre la cuestión de la financiación autonómica si se hubiera pronunciado en otro contexto.

El problema es que la petición del líder del PSC de una financiación más "justa" para Cataluña se enmarca dentro del inicio de las negociaciones para la investidura del próximo presidente de la Generalitat. Se trata evidentemente de un estímulo para granjearse los votos de ERC en el Parlament, después de que los independentistas catalanes exigieran una "financiación singular para la región", no conformes con la condonación de 15.000 millones de la deuda que prepara el Gobierno.

También ha estimado insuficiente Marta Rovira este compromiso de Illa a que el Gobierno de Sánchez "ayude en la tarea de mejorar la financiación de Cataluña". El "mínimo exigible" para que ERC apoye la investidura del candidato del PSC es el cupo catalán.

Es cierto que Illa ha cerrado la puerta a un concierto económico que desvincule a Cataluña del régimen común. También María Jesús Montero descartó que la región fuera a salirse del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el resto de CCAA para negociar bilateralmente con el Estado.

Pero las palabras de la ministra de Hacienda este jueves, invocando la "singularidad catalana" para defender que la comunidad autónoma merece un "tratamiento especial" en materia de financiación autonómica, resultan inquietantes.

Porque, al contrario de lo que argumenta Illa, reconocer una financiación singular sólo a Cataluña no es una "cuestión de justicia", sino un privilegio concedido a una región en detrimento de las demás. Un trato de favor que, por si fuera poco, se plantea una vez más como contrapartida del apoyo a una investidura.

Porque, como ha recordado Juanma Moreno, otras comunidades podrían alegar igualmente que se encuentran infrafinanciadas. El debate sobre la fiscalidad territorial podría tener sentido únicamente si se planteara como una revisión del modelo de financiación autonómica que contara con el consenso del conjunto de las CCAA.

Y este era supuestamente el planteamiento originario del Gobierno, cuando en marzo María Jesús Montero aseguró que el Ejecutivo preveía "impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña". Este jueves Moncloa ya se ha movido y habla de que es la "singularidad catalana" la que merece un trato "específico". 

Es razonable que varias comunidades hayan protestado contra este ofrecimiento del Gobierno, claramente atentatorio contra la solidaridad interterritorial. No sólo Andalucía y la Comunidad Valenciana han adelantado que impedirán este trato de favor recurriendo incluso a mecanismos judiciales. También la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page (quien considera una "ofensa" que "la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos") se ha sublevado.

Curiosamente, cabe la posibilidad de que la reforma de la financiación de Cataluña, en tanto que menoscabo de la igualdad territorial, acabe propiciando una mayor disidencia entre las filas socialistas que la lesión de la igualdad jurídica que conlleva la amnistía. Porque también los presidentes autonómicos del PSOE tienen un incentivo directo en la obtención del arreglo económico más favorable para sus respectivas comunidades.

Al hablar de "singularidad catalana", el PSOE incorpora nuevamente los términos del separatismo (como ya hizo al asimilar el sintagma del "conflicto político"), con las consecuencias que ello implica.

Por eso, es una impostura que el Gobierno pretenda abrir el debate de la financiación autonómica en un "contexto global". A nadie se le oculta que está motivado exclusivamente por las exigencias de ERC para investir a Illa, por mucho que Moncloa esté intentando reeditar aquel "café para todos" en la forma de una singularidad para todos.