La reforma de la Ley de Extranjería, que obligará al reparto entre todas las comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados ('menas') que han llegado de forma masiva a las islas Canarias durante los últimos meses, ha provocado un terremoto político en las regiones donde el PP gobierna con Vox.
Vox ha afirmado que la redistribución obligatoria de los inmigrantes ilegales es una línea roja que no está dispuesto a cruzar. En consecuencia, los de Santiago Abascal han amenazado con romper los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Extremadura, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia si el PP acepta dicha redistribución.
La diputada de Vox María José Rodríguez de Millán ha calificado de "parche" la reforma de la Ley de Extranjería y ha acusado al Gobierno de convertir Canarias en "un lugar de paso para la inmigración ilegal" donde las mafias "operan libremente". Según Vox, la redistribución obligatoria de los menores provocará un efecto llamada que redoblará el problema a corto plazo y lo enquistará a largo.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido por su parte la convocatoria de una conferencia de presidentes para abordar el tema. "Lo que está haciendo el Gobierno con la política migratoria es vergonzoso" ha dicho. "Es una inhumanidad. Tú no puedes por las noches, en aviones, mirando para otro lado, soltar ahí a la población".
Junts ha exigido que se excluya a Cataluña del reparto. "Ya hemos sido muy solidarios y hemos acogido a muchos", han dicho los de Carles Puigdemont, que han anunciado que votarán "no" a la ley si esta no recoge la excepción catalana. De acuerdo con los cálculos de Junts, casi 2.000 menores de los 6.000 que llegaron a Canarias en 2023 acabaron en Cataluña. "No tenemos recursos para todos", afirman en el partido.
El problema de la inmigración ilegal, y el de los 'menas' en particular, no puede ni debe ser abordado con prejuicios ideológicos. El drama humano es real, pero también lo es la evidencia de que la llegada cada año de decenas de miles de personas por cauces irregulares, y especialmente si esas personas son menores, tensa los servicios sociales, genera conflictividad y dificulta una integración razonable de los propios inmigrantes.
El de la inmigración ilegal es un problema nacional. Los inmigrantes no llegan a las islas Canarias, llegan a territorio español. Le corresponde por tanto al Gobierno llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición, el PP, pues ambos gobiernan en 15 de las 17 comunidades, todas salvo País Vasco y Cataluña.
Las comunidades no son por tanto quienes deben abordar un asunto de Estado como el de la inmigración. Son Sánchez y Feijóo quienes tienen la obligación de pactar, como líderes del Gobierno y de la oposición, una fórmula que no cargue la responsabilidad en unas comunidades por encima de las demás, y que garantice los recursos necesarios para acoger e integrar a unos inmigrantes que pasarán meses o incluso años dependiendo de las ayudas antes de valerse por sí mismos.
El Gobierno y el PP no deben autoengañarse respecto a la inmigración ilegal. El desamparo de quien emigra de su país no puede ocultar que las mafias existen y que la inmigración ilegal está siendo utilizada por determinados países del norte de África como arma de presión para la obtención de beneficios comerciales y políticos.
La experiencia de países como Francia, Suecia o Alemania demuestra, además, que una visión ideologizada del problema acaba perjudicando a los propios inmigrantes, que quedan condenados al gueto y la marginación si su país de acogida no es capaz de casar los recursos disponibles con el flujo de llegadas.
España no debe repetir los errores que otros países han cometido en el pasado, sino aprender de su experiencia. La empatía mal entendida no solucionará el problema de los 'menas'. PP y PSOE deben pactar una política de extranjería común desde premisas no ideológicas, sino de sentido común, en función de los recursos realmente disponibles.
