Nacho Cano durante su rueda de prensa.
A la luz de la información disponible, la operación policial que se saldó este martes con la detención de Nacho Cano merece ser calificada de desproporcionada. Además de al propio artista, cuya detención apenas duró unos minutos, la Policía Nacional interrogó a los diecisiete bailarines mexicanos de su musical y los retuvo en dependencias policiales durante más de diez horas en condiciones impropias.
Los jóvenes han denunciado a los agentes por coacciones. Les acusan de someterles a un interrogatorio prospectivo entre presiones y preguntas capciosas de contenido sexual.
Las detenciones y el trato denigrante que han sufrido el músico y los bailarines suponen una clara sobreactuación, lo que permite albergar sospechas sobre una posible finalidad política tras la operación policial.
Además de su faceta como artista, Nacho Cano ha desempeñado una meritoria labor empresarial que ha generado puestos de trabajo e importantes ingresos a la industria teatral. Sólo por eso habría merecido un mayor respeto por parte de los investigadores, en lugar de una escenografía como la que se brinda a los delincuentes peligrosos.
Ahora bien, el hecho de que la operación policial haya incurrido en abusos no exime al director del musical Malinche de las responsabilidades que haya podido tener en la ambigua situación legal de sus bailarines. Situación que ha justificado una investigación por un supuesto delito de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores.
El propio Cano ha reconocido que los bailarines no obtenían remuneración por formar parte del elenco de Malinche. También ha admitido que "no tienen permiso de trabajo, pero porque no trabajan. Hacen prácticas".
Pero lo cierto es que los mexicanos no tienen un contrato de prácticas como tal. Según Nacho Cano, los jóvenes no están tampoco realmente actuando, algo que podrían hacer en el futuro, cuando el musical se estrene próximamente en México, y para lo que se estarían preparando en España, sino que simplemente están participando en los ensayos para aprender de ellos.
El problema es que, según recoge el atestado policial, los bailarines "becados" no han cumplido con los requisitos migratorios. Porque ingresaron en España como turistas, aprovechando que las personas de nacionalidad mexicana disfrutan de 90 días de libre tránsito en la Unión Europea. Una vez aquí, pidieron el visado de estudiantes para poder hacer su trabajo en la compañía.
Pero ese permiso les fue denegado, porque la Delegación del Gobierno comprobó que el curso que iban a realizar los becarios no estaba homologado. Y cumplido el plazo del visado turístico, los bailarines pasaron a estar en situación de irregularidad.
Aunque los jóvenes tienen recurrida la no concesión del visado, se encuentran en una suerte de limbo legal que da lugar a la ambigüedad.
Con más motivo si se siente injustamente perseguido, Nacho Cano debe extremar el cuidado sobre la homologación de sus programas de becas y cumplir con todos los requisitos burocráticos para poder tener en su compañía a bailarines extranjeros en condiciones de regularidad.
Porque aunque los jóvenes han aclarado que no han sufrido ninguna explotación laboral, el estatus de "voluntarios" que ostentan los bailarines da lugar a equívocos. Su situación debe aclararse y formalizarse con un contrato de prácticas que habilite a sus colaboradores a realizar una estancia de estudios en España con todas las garantías.
