El Gobierno ha anunciado esta misma mañana el aplazamiento sine die de la votación de la senda de déficit prevista para este jueves en el Congreso de los Diputados por la falta de apoyo de Junts.

La senda de déficit, conocida también como "techo de gasto", es el paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De la renuncia a su aprobación se deduce que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco cuenta, por el momento, con suficientes apoyos para la aprobación de los PGE. 

Pero el aplazamiento de la votación, que tiene como objetivo inmediato evitar una nueva derrota parlamentaria, no implica el fin de las negociaciones con Junts.

De hecho, cabe la posibilidad de que dicho aplazamiento sea sólo una escenificación destinada a justificar una posterior subida del techo de gasto, que pondría en serio riesgo la senda de estabilidad española y los objetivos marcados por la UE, pero que permitiría incrementar la cantidad de dinero que se destina a Cataluña. 

En previsión de que la aprobación de los PGE se convierta definitivamente en misión imposible si Junts continúa instalado en el 'no', el Gobierno ha comenzado a difundir el mensaje de que gobernar con las cuentas prorrogadas es una eventualidad que entra dentro de lo normal.

El ministro Óscar Puente ha afirmado por ejemplo este mismo lunes que "los de 2023 son nuestros Presupuestos", por lo que "no tener otros no sería ningún drama ni un obstáculo para la legislatura".

La afirmación es capciosa. En primer lugar, porque los PGE de 2023 que Puente hace suyos no representan la voluntad del actual Parlamento, dado que se aprobaron en una Cámara cuya composición no era la de hoy. Es de hecho la ajustadísima mayoría actual la que obstaculiza hoy todas las tentativas legislativas del Gobierno.

Además, si bien la ausencia de unas nuevas cuentas no supone un "drama", sí eleva obstáculos a la acción gubernativa. Al recoger las proyecciones del año anterior, los PGE estarían desajustados con respecto a los gastos en los que incurra el Ejecutivo y los ingresos que recaude en el presente ejercicio.

Algo que ha reconocido tácitamente Óscar López cuando ha querido responsabilizar al PP del bloqueo presupuestario y le ha acusado de estar "dispuesto a tumbar 12.000 millones para comunidades autónomas y ayuntamientos".

Cabe recordar además que estos Presupuestos han sido prorrogados ya dos veces, con lo que sus previsiones han quedado totalmente desfasadas por la realidad. 

Habituarse a gobernar sin PGE actualizados contradice el mandato de la Constitución, que en su Artículo 134 encarga al Ejecutivo la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y establece que estos "tendrán carácter anual".

Cierto es que la Constitución contempla la prórroga de las cuentas. Pero del espíritu de su articulado se sigue que esta figura se aplicará únicamente como solución de emergencia para circunstancias excepcionales, permaneciendo inalterada la obligación del Ejecutivo de recabar del Legislativo la aprobación a su proyecto de PGE antes de la expiración de los vigentes.

Por el contrario, el Ejecutivo pretende hacer de la prórroga de las cuentas una herramienta cotidiana, en contradicción con lo que opinaba el propio Pedro Sánchez en 2018. Entonces, para criticar el fracaso de Mariano Rajoy en la aprobación de sus PGE, Sánchez afirmó que "un Gobierno sin Presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada".

Sánchez no sólo se inhibe así de una de las funciones fundamentales que la Constitución atribuye al Poder Ejecutivo, sino que incurre en el absurdo de desestimar el que es el instrumento básico de todo gabinete para desarrollar su programa de gobierno. A menos, claro, que lo único que pretenda el Gobierno es resistir, lo que parece inferirse del objetivo de agotar la legislatura a toda costa que se ha marcado Sánchez.

¿Se refería el presidente a la prórroga de los Presupuestos cuando declaró en el último Comité Federal del PSOE su propósito de gobernar tres años más "con o sin el concurso del Poder Legislativo"? Ni es lo conveniente ni debería ser ese el objetivo de un Gobierno responsable.