En circunstancias de normalidad, las informaciones sobre la DANA más destructiva de la historia de nuestro país habrían ocupado hoy toda la portada de EL ESPAÑOL. Pero ni siquiera una tragedia como esta ha sido suficiente para impedir que los escándalos que surgen a diario alrededor del Gobierno ocupen hoy parte de nuestra portada. 

El primero de esos escándalos es la negativa del PSOE y de los socios parlamentarios del Gobierno a suspender, por respeto a las víctimas del temporal, la votación con la que estos se han repartido los consejeros del nuevo Consejo de Administración de RTVE.

Es decir, con la que han tomado el control de la televisión pública española. 

Televisión de partido

La lista de los nombres escogidos por PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, Junts y el PNV da fe del nulo interés del Gobierno y de sus socios por fingir siquiera una mínima apariencia de respeto por la pluralidad ideológica de nuestro país. 

Entre los consejeros nombrados están Angélica Rubio, la directora de un medio de extrema izquierda, El Plural, y ex directora general de Coordinación Informativa en la Secretaría de Estado de Comunicación con José Luis Rodríguez Zapatero.

También Esther de la Mata, actual jefa de prensa del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

No menos polémico es el nombre de José Pablo López, ex director de Contenidos de RTVE, que fue cesado a propuesta de la anterior presidenta interina, Elena López, a raíz de sus sonadas discrepancias por el fichaje de David Broncano.

También serán consejeros Rosa León, cantautora y exconcejal socialista, y Mercedes de Pablos, exdirectora de Canal Sur Radio de 1996 al año 2000.

El consejero de ERC será Sergi Sol, ex jefe de Comunicación de Oriol Junqueras, y el de Junts, Miquel Calçada, alias 'Mikimoto', conocido en Cataluña por su trabajo como presentador de TV3, pero también por la radicalidad de su independentismo. 

La nueva RTVE no será ni plural, ni independiente, ni libre, ni representativa de la diversidad ideológica de la sociedad española. Y el análisis de los nombres escogidos para dirigirla demuestra que ni siquiera intentará parecerlo. 

Un registro inédito

El segundo escándalo afecta al fiscal general del Estado, cuyo despacho ha sido registrado hoy por la UCO con el objetivo de incautarse y copiar todos los archivos de sus dispositivos electrónicos.

La operación ha sido ordenada por el juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado. 

El registro del despacho del fiscal general del Estado por agentes de la policía judicial de la Guardia Civil es un hecho de una gravedad que resulta difícil de describir sin caer en el tremendismo.

Porque nunca jamás en democracia un juez se había visto obligado a ordenar una diligencia tan extrema como el registro y la incautación de los archivos y los dispositivos personales del número uno de la Fiscalía.

Una medida que da fe de la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el fiscal general y a las que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el propio Álvaro García Ortiz han restado importancia, en una huida desesperada hacia la nada y que sólo conseguirá degradar todavía más la imagen y el prestigio de la Fiscalía. 

Dumping fiscal vasco

El último escándalo es el del pacto entre el Gobierno, el PNV y Junts para la eliminación del impuesto a las energéticas, algo que no conviene a ninguno de los dos partidos nacionalistas, y para el mantenimiento del impuesto a la banca, en forma de nueva figura tributaria, a cambio de la posibilidad de que este se "bonifique" en el País Vasco. 

El PNV aprobará por tanto el nuevo impuesto a la banca a cambio de que este no se aplique, o se aplique de forma muy atenuada, en el País Vasco.

La posibilidad de que un partido nacionalista vote a favor de que el resto de España pague un impuesto del que ellos están liberados ofende a la racionalidad. Porque ya no se trata de que el PNV pueda negociar con el PSOE beneficios injustos para sí mismo, sino de que se le permita incluso imponer 'castigos' fiscales al resto del país.  

Una medida que sólo cabe calificar de dumping fiscal, sobre todo viniendo de los mismos partidos que en el pasado han criticado las rebajas fiscales de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, cuando estas no son fruto de ningún privilegio, sino del margen regulatorio que las leyes permiten a todas las comunidades del régimen común.

La hipocresía, en resumen, salta a la vista.