Colombia afronta uno de los momentos decisivos de su historia: el intento por restablecer la paz tras más de medio siglo de guerra interna que ha dejado 250.000 muertos, seis millones y medio de desplazados, y medio millón de exiliados. Todo ese pasado sangriento puede tocar a su fin a partir de hoy con la firma en Cartagena de Indias del denominado "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".

Para llegar a este punto han sido necesarias multitud de negociaciones cuyo resultado deberá ser ratificado en las urnas el próximo 2 de octubre. Pero el pacto entre el Gobierno y las FARC no significa que el conflicto vaya a cerrarse de forma automática. Pese a la campaña del Gobierno de Juan Manuel Santos para concienciar de la necesidad del acuerdo, la oposición mostrada por personalidades como el ex presidente Álvaro Uribe demuestra que existe una fuerte resistencia a este proceso.

Para evitar venganzas, el acuerdo establece mecanismos de protección para quienes abandonan las armas

Dentro de las propias FARC -considerada como organización terrorista por 33 Estados y la propia Unión Europea-, también existen reticencias, pero son mayoría quienes, como su líder Rodrigo Londoño, Timochenko, piensan que es necesario el diálogo y que el pueblo colombiano sea partícipe del mismo. En esa línea, las FARC ratificaron el pasado viernes el acuerdo de paz firmado con el Gobierno.

Los opositores a la reintegración de las FARC como partido político ponen en duda la capacidad de los ex guerrilleros para respetar las leyes. De la misma forma, el recuerdo de anteriores intentos por reintegrar a sus miembros -como el de la Unión Popular a mediados de los años 80 y principios de los 90- y las masacres de que fueron víctimas a manos de fuerzas paramilitares, hacen que la prevención de nuevos ataques sea vital. Por ello, el acuerdo establece mecanismos de protección para quienes abandonan las armas.

La obligación de los culpables de confesar para poder reducir sus penas es un avance en el proceso de reconciliación

La opinión de las víctimas es fundamental para que el proceso concluya con éxito. El “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” que contempla el acuerdo sellado entre el Gobierno y las FARC no termina de agradar a todos. La falta de reconocimiento del daño causado por los secuestros, las minas y los asesinatos divide a la opinión pública. Para algunos, el acuerdo es demasiado benévolo con los culpables. Sin embargo, una mayoría defiende que la obligación que estos tienen de decir toda la verdad para poder reducir sus penas es un gran avance en el proceso de reconciliación. Conocer la verdad es, según gran parte de las víctimas, la clave para poder aceptar y reintegrar a los miembros de la guerrilla.

La reincorporación de los ex guerrilleros a la vida civil prevé el acceso de quienes así lo deseen a la vida política. Conscientes de que el uso de la violencia ha deslegitimado sus posiciones, consideran que integrarse en un partido puede permitirles participar e influir en la vida pública de un modo pacífico.

Es vital luchar contra las desigualdades que hay en el país para acabar con una de las razones del descontento social

Ese regreso a la vida civil no será tarea fácil. Colombia es uno de los países más desiguales de toda América Latina. Esa desigualdad ha sido un caldo de cultivo para las FARC y, según sus líderes, una de las razones de su existencia. Resulta por tanto fundamental el desarrollo de herramientas que permitan al Estado colombiano y a la guerrilla cooperar para terminar con la injusticia social.

Garantizar la independencia económica de los ex guerrilleros y favorecer las actividades económicas en zonas rurales -que son las que más sufren la pobreza y la desatención- son imprescindibles para que cuaje la reconciliación. La realidad es que, pese a que el Gobierno ha cedido cerca de tres millones de hectáreas de terreno para iniciar programas de actividad económica en el campo, no hay financiación suficiente y su desarrollo dependerá en gran medida de las ayudas que lleguen de organizaciones internacionales. Y es que, el éxito de este complejo proceso va a requerir de la implicación de la comunidad internacional. La desatención que ésta mostró en otros conflictos precedentes como el angoleño o el sierraleonés, donde se dio por sentado el final del problema tras la firma de la paz, condujo a su posterior fracaso.

Los guerrilleros y el resto del pueblo colombiano deberán intentar comprender a quienes fueron sus enemigos

Hay que tener en cuenta que la vuelta a la vida civil no tiene por qué suponer una mejora en sus vidas para los guerrilleros. Un caso muy ilustrativo es el de las mujeres. Para muchas de ellas el regreso a su vida anterior significa pérdida de libertades. A sabiendas de este problema, durante las negociaciones de paz en La Habana se ha creado una "Subcomisión de género" que contempla varias medidas destinadas a atajarlo.

Con todas sus dificultades, la firma de este acuerdo trae un nuevo amanecer al futuro de Colombia. Y aun así, lo que se hace este lunes no es más que empezar a andar lo que será un largo camino. En la búsqueda de la paz, tanto los guerrilleros como el resto del pueblo colombiano han de intentar comprender a quienes fueron sus enemigos. De ese modo no sólo serán los ex guerrilleros quienes lleven a cabo la reincorporación a la vida civil, sino que todo el país habrá de reincorporarse a algo tan ajeno para ellos durante 52 largos años como la paz.

*** Eduardo Saldaña es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de la dirección de la revista 'El Orden Mundial en el siglo XXI'.