¿Cómo son los jueces? Yo se lo explico

Me pongo en el ordenador con el día de la Constitución aún reciente. Legítimamente orgulloso. Mis compañeras y mis compañeros -ellas son aproximadamente la mitad- día tras día, en estos treinta y nueve años, han contribuido con su trabajo a la consolidación de una democracia que es garantía de los derechos individuales de sus ciudadanos. Esta es una de las consecuencias inmediatas de la labor de los jueces españoles cuando solventan un litigio entre lindes, la anulación de una cláusula abusiva de un contrato hipotecario, una reclamación derivada de un despido laboral, una discrepancia relativa a la liquidación de un impuesto, u ordenan el ingreso en prisión de un político corrupto. De cualquier resolución judicial.

En estos últimos meses se ha puesto de manifiesto de forma muy clara con la actuación del Poder Judicial en el llamado procés catalán. Los jueces, sin estridencia alguna, cumpliendo honradamente su misión, han defendido la libertad de todos que se plasma en las leyes que fundamentan un Estado de derecho. Sin un Poder Judicial fuerte, integrado por profesionales independientes y responsables, el desmán de la denominada vía unilateral hubiera sido imposible de parar.

Los magistrados y magistradas a los que ha correspondido decidir sobre estas materias han tenido que soportar presiones injustificables. Han sido objeto de ellas en los medios de comunicación y en las puertas de sus juzgados y de su casa. Y han trabajado como si ello no hubiera ocurrido. Pero, ¿quiénes son los jueces y juezas?. ¿Conoce usted a alguno? Es posible que sí, pero también es posible que no.

El número de jueces y magistrados españoles ronda los 5.000. Muy reducido por cierto en relación con el número de habitantes si se compara con otros países de nuestro entorno. Es por tanto muy probable que usted no haya tenido trato particular con ninguno. De hecho, el primer juez que yo conocí fue el día que juré el cargo. Desde ese día lo veo cada mañana al afeitarme.

Lo que a continuación escribo es básico, pero mi experiencia acredita que no es sabido por la generalidad de nuestros compatriotas, cuyo devenir vital y profesional va por otros derroteros. Quizá sea por un problema de comunicación de la propia carrera judicial, que acostumbra a expresarse por sentencias, autos u otras resoluciones judiciales, o por la falta de conexión entre los medios de comunicación y la Judicatura, interesados los primeros únicamente en la inmediatez del caso.

Lo cierto es que más allá del nombre de algunos magistrados encargados de los casos más televisivos, los españoles no conocen al Poder Judicial. Apunto unas notas muy elementales. Lo hago en tercera persona, para que resulte más fácil la lectura. Se trata de una profesión absolutamente vocacional. Las juezas y los jueces que integran el Poder Judicial son licenciados o, ahora, graduados en Derecho, que han superado un complejísimo proceso selectivo. La mayor parte mediante oposición libre. Otros a través del sistema de acceso para juristas de reconocida competencia, el llamado cuarto turno. A este último grupo me honro en pertenecer. Un apunte. También se ingresa de esta manera a través de un duro proceso selectivo. Quien diga que los magistrados que accedieron por este procedimiento carecen de los conocimientos necesarios para desempeñar su función, o que están en la carrera judicial para servir al resto de los poderes del Estado, miente, con conocimiento, además, de que está mintiendo. Hay algún otro sistema de acceso residual, muy minoritario.

En cualquiera de los casos las juezas y los jueces españoles integran sin duda una élite intelectual. El modo de selección así lo asegura. Permite esta forma de selección, además, que cualquier persona acceda sobre la base exclusiva de su esfuerzo. Esto es parte fundamental del sistema. Los jueces no son una casta, que heredan su trabajo de sus familiares, sino españoles esforzados que lucharon por cumplir un sueño.

El Estado escoge sus jueces de manera plenamente objetiva, como corresponde a la importancia de su función. Desempeñan juridisdicción repartidos por todo el territorio nacional, con importantes sacrificios personales y familiares, en muchas ocasiones en unas condiciones de trabajo que sonrojarían a un observador imparcial. Están sometidos, no puede ser de otra manera, a un severo régimen de incompatibilidades, y perciben una retribución muy escasa atendida la trascendencia de sus decisiones. Este es un dato especialmente desconocido. A modo de ejemplo, mucho menos, calculando la media real, que un inspector de Hacienda o un abogado del Estado. Y casi siempre, son los operadores jurídicos que menos emolumentos perciben de cuanto se sientan en una sala de vistas.

Soportan, en muchas ocasiones, unas cargas de trabajo que exceden las medias habituales en otras profesiones. De hecho, las asociaciones judiciales, todas de manera conjunta, se han visto obligadas a demandar ante los Tribunales al Consejo General del Poder Judicial para reclamar la fijación de cargas de trabajo a efectos de salud laboral, que no han sido determinadas pese a la exigencia legal al respecto.

Los miembros del órgano de representación de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, son elegidos por el Parlamento, alterando el espíritu de la Constitución que estipula que doce de los veinte vocales deben elegirse entre jueces y magistrados. Se elige efectivamente entre estos, pero no por estos. Este modo de elección es legal, así lo declaró el Tribunal Constitucional, pero no por ello deja de ser inadecuado para evitar no deseadas injerencias políticas.

Resulta especialmente complicado plantear reclamaciones laborales; el Ejecutivo y el Legislativo son conscientes de que en cualquier caso el Judicial no dejará de cumplir su labor. No pretendo en estas líneas describir a los jueces como un colectivo perfecto. Sería falso. Hay ovejas negras, que deben ser sancionadas, como de hecho se hace. La condición de miembros del Poder Judicial así lo exige. La realidad, sin embargo, es que la inmensa mayoría de los jueces españoles desempeñan su labor con la dedicación intensa que su trabajo implica, olvidando las dificultades.

Tenga la seguridad de que si alguna vez tiene que comparecer ante un tribunal, su asunto será tratado con la máxima diligencia y responsabilidad por quien deba juzgarlo. Y que la legislación prevé un sistema de recursos que permitirá modificar la resolución errónea. Las juezas y los jueces españoles -cada día se demuestra- son un activo fundamental para el funcionamiento de nuestro Estado. Servidores públicos que trabajan por el bien de la comunidad. Leales al Estado. Conviene expresarlo, aunque sea de forma somera, para general conocimiento y para recordarlo al resto de Poderes del Estado, que son los que tienen la responsabilidad de procurar que puedan desempeñar en condiciones de total independencia su función, esencial para el mantenimiento de la paz social.

*** José Pérez Gómez, magistrado, es miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.