Nada que celebrar en el Día de la Libertad de Prensa

Cada vez una información relevante no llega al conocimiento de la ciudadanía, cada vez que los poderes públicos y sus actuaciones quedan fuera del escrutinio de la sociedad, y cada vez que el debate social no se base en la libre circulación de ideas y opiniones, la democracia va cediendo en uno de sus cimientos básicos.

La participación política, como fundamento de los sistemas democráticos, requiere una sociedad informada y un sistema de contrapesos, donde la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones ineludibles.

Sin embargo, nos encontramos en un momento donde los gobiernos pueden modular al gusto todo ello.

Hoy se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es una jornada necesaria, pues nos permite evaluar el estado de este derecho fundamental, visibilizar las amenazas que persisten y solidarizarnos con quienes sufren las consecuencias más graves por no callar su voz.

A la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) nos corresponde, en un día como hoy, llamar la atención sobre los problemas que se dan en España para la ciudadanía disfrute de su derecho a estar informada. Por desgracia, no son pocos y abarcan desde el control político de los medios públicos, a la precariedad laboral de los periodistas, las demandas por difamación infundadas contra medios o profesionales, el reparto opaco de la publicidad institucional o las múltiples amenazas legislativas que pueden penalizar la labor de informar.

Se trata de leyes con una redacción amplia y ambigua que están permitiendo decenas de casos en los que su aplicación se destina no a asegurar la seguridad o la prevención de delitos, sino directamente a censurar expresiones o informaciones críticas o radicales (pero amparadas por los Textos Legales internacionales sobre libertad de expresión como Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, entre otros).

En contra de los criterios internacionales que exigen una aplicación de las normas que limitan derechos fundamentales lo más restrictiva posible, estas leyes que convierten opinar o informar en un delito, no tienen en cuenta criterios básicos como la intencionalidad o la proporcionalidad.

Así, la mal llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (en realidad, una ley de orden público en toda regla cuya reforma, afortunadamente, se encuentra actualmente en trámite en el Congreso) ha supuesto que periodistas puedan ser multados en el ejercicio de su trabajo por infracciones genéricas como faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o por cubrir informativamente actuaciones policiales.

El balance de la aplicación de esta ley pone en evidencia este uso discrecional, con unos datos completamente alejados de la realidad social española.

La PDLI considera que se trata una aplicación de la ley contraria a los principios constitucionales al no tomar en consideración que la persona sancionada está ejerciendo un derecho fundamental como es la libertad de información. Un criterio que también ha sido mantenido por el Defensor de Pueblo en otras sanciones previas, tal como se recoge en sus respuestas a quejas que esta Plataforma le ha dirigido por este asunto y que el Defensor ha recogido en sus últimas memorias anuales.

También el Código Penal, con su última reforma, criticada por juristas y por los relatores de Naciones Unidas por la ambigüedad con que se tipifican cuestiones tan graves como el terrorismo (artículo 578), es una amenaza latente pues permite que periodistas o activistas puedan a ser acusados bajo este tipo penal, con la consiguiente suspensión de derechos que conlleva la mera acusación.

Del mismo modo, periodistas y medios que publiquen filtraciones, así como sus fuentes, se encuentran con un marco penal enormemente peligroso. Desde la PDLI nos hemos tenido que dirigir a la Fiscalía por este motivo en diversas ocasiones.

El último Pulizter para los Papeles de Panamá demuestra la necesidad de proteger a quien filtre documentos, igual que ya ocurre en otros países, a fin de evitar posibles represalias o cualquier acción posterior de sanción, ya sea en el ámbito público o privado.

Ahora, tanto los “whistleblowers” que revelen información relevante mediante la filtración de documentos, como, en algunos casos, los periodistas y medios que trabajen con este material, se enfrentan a serias amenazas legales.

En el capítulo de buenas noticias podríamos haber incluido el impulso que todos los grupos de la oposición en el Congreso han dado a la recuperación de la independencia de RTVE y a la elección, mediante concurso, del próximo presidente y consejo de dirección. Sin embargo, el bloqueo del grupo popular impide que podamos de momento celebrar.

Una muestra de la demanda social de tener unos medios estatales que sean de toda la ciudadanía es la rápida difusión de la campaña Así se manipula impulsada por las mujeres de RTVE con decenas de ejemplos de inaceptables injerencias políticas.

Finalmente conviene recordar que nos encontramos en un momento en el que, por un lado, conviven las formas de censura tradicional (incluyendo las más dramáticas como el asesinato, secuestro o encarcelamiento de periodistas) junto con otras más sofisticadas apoyadas en las tecnologías (como el ciberespionaje o el ciberacoso, especialmente a mujeres periodistas) y en el que los blancos de los ataques a la libertad de expresión ya no son solo periodistas o medios de comunicación, o nuevos informadores como bloggers o periodistas ciudadanos, también activistas y movimientos sociales como forma de acallar, desde el origen, las denuncias de vulneraciones de derechos.

Es necesario que los organismos internacionales de defensa de la libertad de información refuercen su liderazgo y dispongan de mecanismos eficaces para recuperar la universalización de estos derechos y libertades. No es la primera vez que instituciones como la UNESCO enfrentan este reto. Tal vez sea el momento de un nuevo Informe McBride que sirva de guía para ofrecer nuevas soluciones a los retos actuales, como en los ochenta lo hizo aquel documento.

En particular, urge frenar intentos legislativos que, bajo el paraguas de una aparente lucha contra el terrorismo, la extensión del discurso de odio, o la persecución de las noticias falsas, recortan derechos y libertades fundamentales a los periodistas y activistas y a los ciudadanos en general.

*** Yolanda Quintana es secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).