1808 y 2018: de la crisis política a la Nación en peligro

Hace apenas tres años, poco antes de las elecciones generales de diciembre de 2015, la percepción entre diversos observadores y politólogos era que España se desenvolvía en una profunda crisis política por la evolución del régimen del 78. La amplia bibliografía y artículos están al alcance de cualquier buscador.

El resultado de las elecciones de 2015 y 2016 confirmaron el agotamiento de los dos partidos hegemónicos: el PP y el PSOE. El primero, el PP, por cesarismo e incapacidad de renovación y el otro, el PSOE, por anquilosamiento, división y ausencia de un proyecto para el siglo XXI. El estado de partidos, devorador de organizaciones políticas, reconoce y se identifica en dos de sus principales protagonistas: el PP y el PSOE. Hasta aquí una crisis política.

En 1808, el final de una época en toda Europa, se manifestaba, por vez primera en  España, con un intento de golpe de Estado por parte del Príncipe de Asturias, Fernando, para derrocar a su padre Carlos IV. “Estoy muy arrepentido del gravísimo delito que he cometido contra mis Padres y Reyes”. No debió arrepentirse mucho, pues, seis meses después, Fernando dio otro golpe de Estado (este sí, con éxito) en el Motín de Aranjuez que provocó la abdicación de Carlos IV. El Príncipe de Asturias se convertía en Rey de España con el nombre de Fernando VII. Hasta aquí, una crisis política.

Pero tanto en 1808 como en 2018 la crisis política, larvada mucho antes y manifestada desde 2015, ha parecido a los españoles algo mucho más grave que una crisis de régimen, una inadecuación o disfunción política gubernamental. Lo que ha emergido, al igual que en 1808, es la conciencia de una crisis nacional: la Nación en peligro.

La ocupación militar francesa y el obligado viaje de los Infantes a Francia, en mayo de 1808, provocó el levantamiento popular de Madrid y el inicio de una guerra de seis años hasta la recuperación de la soberanía e independencia. Se extendió una conciencia general de que la Nación (encarnada en el símbolo más representativo, la Corona y los Infantes) estaba en peligro.

La Junta Suprema Central aliada con Inglaterra y Portugal (Wellington y el General Álava), los diputados en Cádiz, las guerrillas en toda España y lo que quedaba del ejército regular español fueron capaces de vencer al ejército más poderoso del mundo con el objetivo de reponer al Rey legítimo, Fernando VII, y la defensa de la religión.

El golpe de Estado de los separatistas catalanes de octubre de 2017, junto con la pasividad del Gobierno, puso en peligro la existencia de España como nación. Siglos de historia se ponían en almoneda y dos millones y medio de españoles en Cataluña parecían condenados a convertirse en extranjeros en su propio país.

El discurso de Felipe VI, el 3 de octubre de 2017, y el despliegue de banderas españolas en toda España anunciaron y advirtieron a la clase política vigente (tan desmovilizada y conspirativa como la española en 1808) que los españoles no estaban dispuestos a consentir proyectos de división y exclusión a manos de racistas y supremacistas. No estaban dispuestos a aceptar lo contrario de lo que significó, en su día, la Transición: un proyecto de concordia e inclusión.

Si hay una percepción y una realidad de peligro nacional, la agenda política se altera por completo. La cuestión ahora no es tanto la reforma del sistema político sino salvar y superar, de modo claro y duradero, la crisis provocada por los golpistas separatistas catalanes. El artículo 155 de la Constitución, hasta el momento, ha sido eficaz para frenar el golpe pero no para eliminarlo.

Una clase política catalana, echada al monte, lleva años acumulando fuerzas, utilizando los recursos de los contribuyentes, en parte para enriquecerse y en parte para inventarse agravios que legitimen antes sus electores toda clase de ilegalidades. Dado que la amenaza separatista no ceja y tampoco el gobierno de la Nación parece muy dispuesto a modificar las políticas que nos han llevado a soportar su desafío, la pregunta es: ¿cómo se neutraliza el principal fallo de nuestra Constitución, que es el Estado de las Autonomías?

La respuesta no puede venir de Rajoy, que depende de los barones territoriales y de cinco votos de diputados nacionalistas vascos para aprobar el Presupuesto y mantenerse en la Moncloa; tampoco de los socialistas, inmersos en un bucle federal que les lleva a ser marginales en Cataluña y, por lo que se ve, en el resto de España. Tampoco parece posible un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas como el que se produjo en 1978.

La recientemente estrenada plataforma “España Ciudadana” pone el acento en el principal problema político español: el separatismo presente y el peligro del separatismo futuro. La acumulación de fuerzas excluyentes y separatistas se produce también en el País Vasco y amenaza Navarra (el mayor objeto de deseo de los supremacistas vascos que de este modo podrían unir su pasado de territorios diferenciados en Provincias y Señorío a un histórico Reino de Navarra al que pretenden someter).

Otro tanto emerge en Valencia y Baleares con los mal llamados Países Catalanes… En todos ellos el camino es el mismo: limpieza étnica, exclusión de población por el idioma regional, invención de agravios y memoria histórica. Como han hecho los golpistas en Cataluña, los partidos políticos regionales invaden, en cuanto pueden, las organizaciones profesionales, corporaciones, la educación, las Universidades y empresas (ayudas, subvenciones, contratos…).

El nudo gordiano que padecemos (España víctima de un Estado de partidos que se alimenta del acuerdo con los nacionalistas y cuyo régimen autonómico no se puede reformar, por falta de acuerdo) precisa cambios profundos en el ejercicio del poder que hasta ahora ha consistido en el desarrollo de una partitocracia en detrimento de la democracia representativa.

Si el franquismo pudo autodisolverse con una ley de reforma política, es seguro que la democracia española puede, con un mejor funcionamiento del Parlamento o incluso por medio de un referéndum, consultar a los ciudadanos si desean continuar con la actual inestabilidad y abusos de los neocaciques provinciales y regionales. La opción del cambio es poner el reloj a cero, considerar la experiencia acumulada y establecer un nuevo tipo de descentralización administrativa, más barata, eficaz y alejada de proyectos políticos que se convierten, primero, en nacionalistas y después en separatistas.

La Nación en peligro fue percibida por los españoles en 1808 y también hace unos meses con ocasión del golpe separatista y populista catalán. Al igual que en 1808, la clase política mira para otro lado y se encuentra paralizada, más preocupada por la competencia de nuevos actores políticos que por resolver problemas de fondo. Una elite política que delega su propia responsabilidad en los jueces y en el apoyo internacional. Por ello surgen nuevos actores políticos y asociaciones cívicas (como Sociedad Civil Catalana, ILP de Libertad de elección lingüística, etc.) alarmados por el avance del separatismo y los abusos de exclusión por el idioma regional.

En 1808 la población española enfrentó el problema y “tomó el destino por el cuello”, como decía Beethoven. En el presente, urge un proyecto dentro de la Constitución que produzca cambios políticos en el ejercicio del poder de los partidos e, incluso, si es preciso, un eventual referéndum sobre el Título VIII de la Constitución que rompa el nudo gordiano separatista. Nudo gordiano que, de continuar, nos conduce irremediablemente a la permanente inestabilidad o, lo que es peor, al enfrentamiento civil entre españoles y a la crisis constitucional definitiva.

*** Guillermo Gortázar es historiador y abogado. Su último libro es 'El salón de los encuentros. Una contribución al debate político del siglo XXI'. (Unión Editorial. Madrid, 2016).