Esos ecos de odio en Cataluña

Fue una imagen, después otra. El estruendo de los gritos de odio. La presencia de los secesionistas en algo que no era desobediencia civil, sino otra cosa, con ecos autoritarios para callar a los demás, para saltar la ley con impunidad. El acoso a los concejales de formaciones constitucionalistas como una inversión a medio plazo para que los potenciales votantes y simpatizantes los rehuyan, sean estigmatizados y después se les pueda decir que provocan. Esos ecos.

En octubre del año pasado envié un escrito a la Fiscalía General del Estado solicitando que investigase la trama violenta que empezaba a asomar entre el batiburrillo de los CDR, especialmente, porque la estructura parecía diseñada para eludir, en su caso, la acción de la Justicia por una parte de sus grupos. Los CDR no forman una entidad registrada, con estatutos, transparente que se someta a lo que es común en el ámbito organizativo de la sociedad civil en cualquier lugar del entorno europeo.

Lo acompañamos de un informe, tras haber recopilado, estructurado, sistematizado y evaluado todo lo que habíamos podido reunir. El título del informe era descriptivo del resultado: Comités de Defensa de la República, organizados para alterar el orden democrático y la libertad de conciencia en Cataluña.

Los hechos de coacción y de control social contenían distintas facetas. El escrito indicaba que, en nuestra opinión, estábamos asistiendo a la vulneración de los derechos consagrados en el art. 1, 13, 16 y 22 de la Constitución. Añadíamos el artículo 2 de los Tratados de la Unión y podríamos haber añadido media docena de artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuya letra estaba siendo atacada por una maquinaria que pretende imponer un estado identitario, algo que sólo podemos considerar atroz.

Lo actualizamos en el mes de diciembre, ante la gravedad de que el presidente de la Autonomía catalana se plegase ante los más violentos de entre ellos. Quim Torra se arrepintió públicamente después de que la Policía autonómica frenase una actividad violenta y lo llamasen traidor. Gracias -les dijo- hacéis bien en apretar.

La espiral tóxica del fanatismo identitario ha llegado a un grado más perverso cuando el presidente Torra, en lugar de liderar la salida de la locura -tenía una gran oportunidad-, vuelve a someterse ideológicamente a los que han llegado a la radicalización violenta más peligrosa. Ante la detención de un grupo ligado a los CDR que pretendía atentar contra distintos objetivos con explosivos ha cargado contra los legítimos poderes del Estado que están obligados a impedirlo. Él, como jefe de la Policía autonómica, también debería hacerlo.

Por eso, ahora, el Gobierno del Estado debe retirarle los poderes a Torra y proteger el Estado de derecho democrático y a la ciudadanía. El Gobierno del Estado debe actuar ya y buscar anclajes políticos seguros. Eso que no ha querido ver, ni hacer porque los socialistas creen tener alguna factura que pagar ante los portadores de la identidad excluyente. No, no les debemos nada. Nos quieren quitar la libertad de pensamiento.

*** Maite Pagaza es eurodiputada por Ciudadanos y pertenece al Grupo liberal Renovar Europa en el Parlamento Europeo.