Deslegitimar a la oposición, el siguiente paso para perpetuarse

La adopción de formas autoritarias en regímenes democráticos era algo limitado a los regímenes de la Europa de entreguerras y luego casi a Hispanoamérica. La extensión del populismo por Europa, tanto de izquierdas como de derechas, ha provocado la repetición del fenómeno. Es el caso de Hungría o Polonia, donde el índice de calidad democrática ha bajado.

Han sido procesos legales y refrendados en las urnas, en los que se ha devaluado la separación efectiva de poderes para favorecer la arbitrariedad del poder, y, a continuación, se han reducido la garantía del ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad, la libertad de expresión, la independencia de la administración frente al Gobierno, y el respeto a la oposición política.

El sanchismo está siguiendo el mismo camino. Comenzó en su propio partido. Sánchez ha cambiado al PSOE para convertirlo en una organización a sus órdenes, en la que no se concibe el control del secretario general. Hoy sería imposible la defenestración de Sánchez por el Comité Federal, como ocurrió el 1 de octubre de 2016 porque iba a pactar el Gobierno con Podemos y los independentistas. El mecanismo fue una moción de censura. Sánchez intentó un pucherazo colocando un biombo, pero, descubierta la artimaña, se le echó y se formó una gestora.

Luego comenzó en periplo de Sánchez por las agrupaciones. El objetivo era ganar las primarias haciéndose con las bases. Eso hizo. Ya de vuelta a la Secretaría General puso en marcha su plan. Depuró el Comité Federal y aprobó un reglamento el 17 de febrero de 2018 que eliminó el poder de fiscalización y censura que hasta entonces tenía dicho órgano.

En su lugar estableció una línea directa plebiscitaria entre la militancia y el secretario general. Con las bases en el bolsillo, Sánchez hace y deshace a su antojo. Ya no hay moción de censura vinculante por parte del Comité Federal, ni éste decide los pactos de gobierno. Es Pedro Sánchez. Esa verticalidad jerárquica autoritaria se ha impuesto usando un procedimiento democrático.

Una vez que consiguió el Gobierno de España con una moción de censura que concitó el apoyo de los enemigos del orden constitucional, ha tratado de aplicar ese modelo autoritario a su política. Ese es su “manual de resistencia”: eliminar todo obstáculo para tener libertad de movimientos y perpetuarse en el poder. Pondré solo dos ejemplos.

El primero es la actitud hacia el poder judicial con el nombramiento de la fiscal general del Estado y su deseo de asaltar el CGPJ, con lo que tendría en la mano la renovación del Tribunal Supremo y de sus homónimos autonómicos. Otro tanto pasaría con el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, o el Tribunal de Cuentas. Este último es importante porque está investigando la financiación de Unidas Podemos en su relación con Venezuela y Bolivia. Esa misma actitud autoritaria está en la reforma ad hominem del Código Penal para beneficiar a sus aliados golpistas.

El otro ejemplo es la sustitución de Fernando Garea al frente de la Agencia Efe. El motivo es que necesitan un presidente de la entidad que sea correa de transmisión de Pedro Sánchez sin resaltar sus mentiras ni contradicciones. Por eso Garea denunció que una agencia pública de noticias no es una agencia del gobierno.

A este sentido patrimonial para manipular la información podemos añadir la permanencia de Rosa María Mateo al frente de RTVE, quien se dedicó a separar a todos aquellos que no eran adictos a Sánchez o a Iglesias.

El paso siguiente en el camino autoritario es la deslegitimación de la oposición. Para eso tienen que catalogar al PP de “retrógrado” y “ultraderecha” que “crispa”, y que “bloquea” las soluciones que, a su juicio, demanda el país.

En esta estrategia participan todos, en una confusión entre Estado, Gobierno y Partido típica del autoritarismo. Por eso, alguien que debería ser tan institucional como la portavoz del Gobierno sale un día sí y otro también para decir que el Partido Popular no es democrático y que no acepta el resultado de las urnas porque no asume la política sanchista.

El objetivo es sacar al PP del sistema, negarle su condición política y moral de “leal oposición”, como dijo el propio Pedro Sánchez. Eso no deja de ser paradójico, ya que el partido de Pablo Casado se está distinguiendo de las izquierdas en recordar constantemente su lealtad a la Constitución y de que nada se puede hacer fuera de la ley. Esto es justo lo contrario de lo que afirmó Pedro Sánchez en el discurso de investidura: “la ley no es suficiente”.

Si el PP, siguiendo el relato sanchista, no acepta el veredicto de las urnas es que está fuera de juego, no es demócrata, no sabe ni conoce España, y, por tanto, representa una opinión y unos intereses anticuados y contrarios al progreso. De esta manera, los populares quedarían deslegitimados para cualquier proceso de toma de decisiones, incluso para presentarse a las elecciones. Así el sanchismo imputa al PP un vicio moral incompatible con la democracia, que permite al PSOE y a sus aliados apropiarse de la nueva situación política.

Por esta razón el gobierno socialcomunista solo tiene dos áreas de actuación relevantes: el pacto con los nacionalistas y el ataque desaforado a la oposición. No ha hecho otra cosa desde el 10 de noviembre de 2019.

En consecuencia, la reunión de Sánchez con Casado en Moncloa el lunes 17 de febrero sirvió exclusivamente para escenificar la deslegitimación de la oposición. El líder del PP fue insultado el día anterior por el presidente del Gobierno en el Comité Federal del PSOE, mientras los sanchistas escribían el comunicado que daba cuenta del fracaso de una reunión que aún no se había producido y que tildaba al PP de antidemocrático.

La deriva autoritaria de este Gobierno, con la sombra del cambio de régimen por la puerta de atrás, es evidente. No sería la primera vez en la Historia que al día siguiente de la formación de un supuesto “gobierno de progreso” se iniciara el camino de servidumbre.

*** Jorge Vilches es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense.