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El falso discurso de la sanidad pública privatizada
El autor defiende el sistema de colaboración entre la sanidad pública y privada, que ahora se ve amenazado por los acuerdos firmados por el PSOE y su socio de Gobierno, Podemos.
Nuestro Estado de Bienestar se halla en una encrucijada fruto del contexto económico y del envejecimiento poblacional, situando a la sociedad española ante el reto de hacer sostenible un sistema que a largo plazo muestra riesgos de inviabilidad.
En este sentido, sus tres pilares -sanidad, educación y prestaciones sociales- están amenazados por un sistema necesitado de reformas estructurales ante un reparto político que no contribuye a ofrecer soluciones.
Pero aún más, la llegada de un gobierno progresista a las instituciones del Estado es el punto de partida de una legislatura que tendrá que hacer frente a numerosos temas inconclusos en el último año y medio de gobierno provisional. Porque la vertebración y reforma del Estado de Bienestar no puede esperar ante el reto de la saturación de los servicios públicos para garantizar la universalidad y la calidad de los mismos.
La temida deriva populista del nuevo Gobierno de coalición, bajo la influencia de Unidas Podemos, supone un desafío a la necesaria y eficaz relación de colaboración público-privada del sistema sanitario. De hecho, ya desde el Acuerdo de Gobierno -presentado como programa ideológico para los próximos cuatro años- se amenaza lo ya construido desde los Gobiernos de Felipe González en esa cooperación entre ambas caras de la moneda sanitaria, que se necesitan y se complementan.
El discurso de la sanidad pública privatizada es falso: lo que hay es colaboración para optimizar la gestión
En este Acuerdo se apuesta por blindar una sanidad basada exclusivamente en la gestión pública directa sin analizar aún antes las consecuencias de esta acción, derribando el modelo de colaboración público-privada construido desde 1986 cuando el PSOE apoyó y sacó adelante la Ley General de Sanidad que reconoce a la sanidad privada como “complementaria en el Sistema Nacional de Salud”.
Esa Ley fue reforzada posteriormente por la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud del Gobierno de José María Aznar, y es justo ésta la que ahora se pone en cuestión en el Acuerdo PSOE-UP, para su revisión por una comisión delegada de expertos en un plazo de seis meses. Nos tememos que quieren derribar el árbol de la colaboración público-privada y en tiempo récord.
Que nadie se lleve a engaño: el discurso de la sanidad pública privatizada es falso. Hay que llamar a las cosas por su nombre: la colaboración público-privada se adentra en el ámbito de la optimización de la gestión sanitaria. Es decir, la creación de un modelo de concierto no es fruto de la “maquinaria imperialista del neoliberalismo”, sino que se construyó por un gobierno socialista para optimizar la gestión sanitaria, convirtiendo nuestro sistema sanitario a día de hoy en uno de los más prestigiosos en todo el mundo.
Hay que recordar que la sanidad privada es un importante sector productivo y generador de empleo. El gasto sanitario en provisión privada asciende al 3,3% del Producto Interior Bruto. Además, España cuenta con 10,6 millones de asegurados, de los cuales 1,8 millones pertenecen al fenómeno mutualista, algo que sin duda favorece el ahorro público y a la descarga del Sistema Nacional de Salud.
Por otro lado, en cuanto a términos de empleo directo, el sector hospitalario privado emplea a más de 266.000 profesionales.
El problema es la incapacidad de un modelo público que supone alrededor del 40% del presupuesto de las CCAA
La posición del nuevo Gobierno ante un modelo colaborativo de éxito resulta inaudita por la situación de envejecimiento poblacional, cronificación de enfermedades y de perspectivas económicas inciertas que requiere de necesarios ajustes para poder enfrentar el futuro con garantías de sostenibilidad.
La problemática esencial que condiciona todo el sistema sanitario es la incapacidad económica y de infraestructura de un modelo sanitario público que supone alrededor del 40% del presupuesto de las Comunidades Autónomas a través de un gasto conjunto de 68.400 millones de euros, el 5,9% del PIB.
Por tanto, es una realidad que el modelo de colaboración público-privado se ha demostrado útil y eficaz en sus distintas formulaciones: conciertos para atender determinadas necesidades de la pública (por ejemplo listas de espera), conciertos para atención médica puntual, concesiones administrativas de complejos sanitarios y a través del sistema de mutualidades de funcionarios. Es una herramienta clave de gestión que ayuda a canalizar el flujo de pacientes manteniendo calidad en la prestación.
En mi opinión, no hay duda que el actual sistema colaborativo, flexible y eficaz, reparte el peso de la gestión entre dos ámbitos complementarios, asegurando con ello su buen funcionamiento. Aún así, desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) defendemos incrementar los actuales límites de este modelo. Porque nos preocupa el futuro de la sanidad y porque en España la sanidad privada tiene contrastada profesionalidad y un gran futuro.
*** Carlos Rus es presidente de Alianza por la Sanidad Privada Española (ASPE).
