La catástrofe del Covid-19 y los derechos humanos

En el momento de escribir estas líneas en España hay 22.157 muertos de Covid y 213.000 diagnosticados, cifra que será muy superior cuando se incluyan los datos finales. El personal sanitario contagiado se eleva a más de 30.000 personas. Estamos ante una catástrofe humanitaria que a nivel mundial puede provocar hambrunas de proporciones bíblicas en pocos meses (como indica el Programa mundial de alimentos) y que, en todo caso, afectará de manera muy seria a la efectividad de los derechos humanos en todo el mundo.

Una primera reflexión es si la catástrofe era previsible y se podrían haber minimizado los daños. Habrá que estudiarlo con más datos pero una vez que China notificó el coronavirus a la OMS el 31-XII-2019, y sobre todo desde la situación en Italia o bien la OMS o bien los Estados, o ambos, no han adoptado las medidas de prevención y minimización del daño (por ejemplo comprando mascarillas y respiradores o adoptando medidas de aislamiento antes), lo que ha afectado al derecho a la salud y al derecho a la vida de muchas personas.

Junto a este drama, los derechos humanos se verán afectados por los posibles recortes que pueden producirse en relación con los derechos sociales (pensiones, seguridad social, trabajo, educación etc..) pero también con los derechos civiles y políticos. Las obligaciones de los Estados en virtud del art. 2 de los Pactos de 1966 podrán incumplirse por falta de recursos, lo que sin duda va a suceder en muchas partes. La efectividad de los derechos no solo depende de las normas sino de que el Estado disponga de los recursos necesarios para una buena administración de la justicia, de la democracia y de los servicios públicos.

La crisis puede afectar también a la calidad de la democracia y a los 17 Objetivos de desarrollo sostenible. También podría tener un impacto sistémico mayor en los derechos humanos, si se inicia un camino de regresión, que no es descartable a nivel global. Los derechos humanos dependen de que haya un consenso y esta situación, unida a otras precedentes (efectos de la globalización, posición de países como China, Estados Unidas o Rusia, debilidad europea, radicalismos políticos y religiosos) pueden deteriorar la idea ilustrada de los derechos humanos que es la que se refleja en el proyecto de Naciones Unidas y la constitución de 1978.

Henry Kissinger ha reflexionado sobre la necesidad de preparar la transición al orden poscoronavirus con objeto de salvaguardar los principios del orden mundial liberal. A su juicio esta pandemia ha provocado el renacimiento de la ciudad amurallada en una época en que la prosperidad depende del comercio mundial y del movimiento de personas.

Mantener las premisas del orden internacional liberal y de las democracias liberales (y no las iliberales y las populistas, actualmente en boga) es la única manera de mantener el único modelo de derechos humanos que ha existido. Los peligros ahora son que los ajustes hagan ascender el nacionalismo estatal, pero también el infraestatal, que es insolidario y fragmentador.

Empieza una campaña del separatismo catalán que se basa en que España es muerte y paro, mientras que Cataluña sería vida y empleo. Estas campañas por falsas que sean pueden tener eco, como también lo puede tener el populismo que lleve a que cuanto peor mejor, y provoque una revolución con respuestas sencillas y falsas a problemas complejos.

En el pasado los recursos disponibles en derechos humanos han estado limitados por las políticas de ajuste

Nada de eso sería bueno para los derechos humanos. España tiene que salir de la pandemia teniendo en cuenta los derechos humanos, en su perspectiva democrática e internacional, y en una dimensión europea. Hay que recordar las lecciones de la crisis financiera de 2008, si bien el escenario actual es más preocupante para España.

Veamos algunas cifras. Para el Banco de España estamos ante una “perturbación sin precedentes, de una intensidad incierta”. Para el economista Jefe del Fondo Monetario Internacional, Cita Gopinath “nunca en nuestras vidas habían experimentado un colapso de la actividad de semejante magnitud”.

Hay comparaciones con la crisis de 1929, la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial. Los pronósticos económicos de cada organismo (Banco de España, FMI, Fundación de Cajas de Ahorro) difieren pero todos son muy negativos para España. Algunos prevén una caída del PIB del 13% y otros del 7; un incremento de la deuda (entre el 122 y 113) y del déficit público (entre el 8 y el 10%, y el 7,5 para la UE).

Esto plantea la cuestión del choque entre obligaciones financieras del Estado y obligaciones de derechos humanos. Los expertos y los relatores de Naciones Unidas proponen que se afronten las crisis teniendo en cuenta los derechos humanos, lo que es una obviedad.

En el pasado los recursos disponibles en derechos humanos han estado limitados por las políticas de ajuste estructural y la deuda, lo que afecta a servicios públicos como la educación o la salud entre otros. Para el relator ONU debe haber un equilibrio adecuado entre ambas obligaciones por lo que propuso unos principios directivos sobre la deuda exterior y los derechos humanos para equilibrar las obligaciones contractuales ente Estados deudores y acreedores.

Salir de la situación actual requiere endeudarse teniendo en cuenta tres premisas. La primera es tener en cuenta la realidad, sin dejar de ser idealista, sino simplemente no ponerse una gafas de Walt Disney para afrontar la situación. Hay que ser conscientes de que España no tiene la independencia económica como para adoptar sus propias políticas, al margen de sus socios europeos.

Para salir de esta situación necesita de un consenso europeo para la recuperación, pues financiar la deuda no podría hacerse sin un plan conjunto y las primas de riesgo subirían de tal modo que se acabaría en el abismo. El Consejo europeo de 23 de abril aprobó realizar un programa europeo de recuperación, si bien no hay consenso sobre si debe ser mutualizado, se trata de préstamos reembolsables y/o sin condiciones por un montante aproximado de 1, 5 billones de euros. Es un buen camino que habrá que precisar.

El modelo tendrá que ser sostenible no solo económicamente sino también en lo social y lo medioambiental

Asimismo se aprobaron las medidas pactadas por los ministros del Eurogrupo, consistentes en dar líneas de crédito a través del MEDE (Mecanismo europeo de estabilidad, del que España podría coger 25.000 millones), un plan de regulaciones de empleo (con 100.000 millones) y un programa de avales del Banco europeo de inversiones (con 200.000).

En todo caso las posiciones norte-sur difieren, lo que esperemos acabe con un consenso norte sur como respuesta solidaria intermedia. No hay que olvidar que la Unión Europea no es un Estado social, de tal manera que la solidaridad principal seguirá siendo de cada Estado, que tienen niveles de desarrollo distintos en la propia Unión y eso no se va a superar tan fácilmente pues está la soberanía de por medio, y a ello se opondrían muchos pueblos de Europa. Ahora bien sin un mínimo de solidaridad, se incrementará el antieuropeísmo. Por ello probablemente esta crisis llevará a un aumento del presupuesto europeo hasta casi un 2% del PIB, lo que es muy poco pero era impensable hace unos meses. Esperemos que haya un consenso en unas semanas que será la mejor manera de defender los derechos humanos.

El modelo tendrá que ser sostenible no solo económicamente sino también en lo social y lo medioambiental. Habrá que proteger en la pandemia la situación de las personas y grupos más vulnerables, los desempleados y a las capas de población más necesitadas. Tampoco habrá que cargar la factura en las generaciones venideras y dejar a los niños de hoy, confinados en su infancia, un fardo insostenible.

El comentario número 29 del Comité de derechos humanos de Naciones Unidas sobre estados de excepción estaba pensando en golpes de Estado e interrupciones democráticas, pero también es aplicable a esta situación. Hay derechos que no cabe limitar o suspender, como los de Ius Cogens, pero el conjunto de los derechos para ser limitados debe hacerse por ley, establecida por la autoridad competente y con una causa justificativa.

En el caso de España se está debatiendo si la opción por el Estado de alarma y no por el Estado de sitio es conforme a la Constitución. El primero lo puede adoptar el Gobierno, e informa a las Cortes, pero no requiere de su autorización previa, como sí el estado de excepción, donde la limitación de derechos es mucho mayor.

El real decreto 463/2020, de 14 de marzo declaraba el estado de alarma en todo el territorio nacional, durante quince días, y (artículo 4) daba la autoridad competente al gobierno. Este decreto limitaba la libre circulación de personas, preveía requisas entre otras medidas restrictivas de derechos. El decreto ha sido renovado y complementado posteriormente. Algunos constitucionalistas, como Manuel Aragón han alertado sobre posibles excesos en cuanto a la suspensión generalizada del derecho de libre circulación y residencia, el confinamiento general, las limitaciones al control parlamentario en el estado de alarma (corregidas posteriormente), el control de la libertad de información y sobre todo que la Constitución debe interpretarse como un todo, donde no cabe interpretar el Estado social desconectado del Estado democrático y del Estado de derecho.

España, dice la Constitución se constituye en un Estado social y democrático de derecho, lo que es conveniente no olvidar tampoco en la gestión de la crisis.

*** Carlos R. Fernández Liesa es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid.