Contra la renovación del Consejo General del Poder Judicial

La destitución como portavoz parlamentaria del Partido Popular de Cayetana Álvarez de Toledo está siendo ampliamente glosada por cuanto simboliza las encrucijadas que hoy atraviesan España y la formación conservadora. No añadiré más valoración general que mi agradecimiento a la diputada por Barcelona por haber demostrado mejor que nadie la necesidad de que en España se haga más política apelando a la razón y menos a las emociones.

La polémica generada se está relacionando con las noticias de una negociación entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que supuestamente podría verse ahora facilitada. El presidente del Gobierno ha martilleado en varias ocasiones una fórmula que muchos han acabado repitiendo: pretender que se trata de una “obligación constitucional” al haberse agotado el mandato.

El artículo 122 de nuestra Constitución indica que “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido varias veces modificada por el PSOE y PP para asegurarse que todos los vocales (incluidos los provenientes de la carrera judicial) respondan a alineamientos partidistas, excluyendo la elección directa por y entre los jueces. Se encomienda así la elección de diez vocales al Congreso y otros tantos al Senado. Entre todos ellos eligen (el más votado entre los que se propongan) al presidente del Consejo –y por consiguiente del Tribunal Supremo–, que ostentará voto de calidad en el órgano. El presidente no procede de los los 20 vocales sino que se coopta, quedando pues el CGPJ en 21 miembros.

Esta Ley Orgánica prevé que de no haberse renovado el Consejo seguirán los vocales y el presidente en funciones, con la única limitación que en caso de cese este último, los vocales no podrían elegir uno nuevo sino que lo sustituiría el vicepresidente. Se regula también que si una de las dos cámaras parlamentarias eligiese a los nuevos vocales, se procedería a esa renovación parcial del Consejo y a la elección de un nuevo presidente.

Si no hay acuerdo, el mandato se prorroga: no se puede obligar a ningún diputado a votar en un sentido o en otro

Así pues, ¿”obligación” de renovar? ¿Para quién? El plazo de cinco años significa que los integrantes del Consejo tienen esa duración de mandato irrevocable y que al cabo de ese plazo las cámaras parlamentarias podrán sustituirlos. Pero si no hay el suficiente acuerdo en cada una (tres quintos, que no se alcanza ni el Congreso ni el Senado sin el PP u otras formaciones de centro o derecha), el mandato del Consejo se prorroga sin más trámite y no se puede desde luego atribuir a ningún diputado una obligación de votar en un sentido o en otro. Y lo mismo sucederá pronto con el Tribunal Constitucional, que también Sánchez querrá tener domesticado.

El CGPJ tiene funciones tan importantes como elegir a todos los magistrados del Tribunal Supremo, ordenar el sistema de nombramientos y ascensos de toda la carrera judicial o decidir sus medidas disciplinarias; también elegir a dos magistrados del Constitucional. Y –como bien indicó la ex portavoz popular– los jueces y tribunales son el último dique contra el proyecto de ruptura constitucional que ha sido el cemento de las dos investiduras de Pedro Sánchez.

Se dice mucho que Sánchez solo busca su supervivencia en el poder, pero eso no es razón para preocuparse menos. Al líder socialista no le pondrá nadie tan fácil seguir en Moncloa como todos los que ven que sus proyectos de dividir y abundar en las desigualdades entre españoles avanzan como nunca; sabiendo además que la oposición constitucionalista siempre estará dispuesta a echar una mano cuando España amenace derrumbe aunque sea por las propias acciones u omisiones de Sánchez.

Lo contrario (pactar con PP y Ciudadanos y pasar a tener como oposición a sus actuales socios) exigiría de Sánchez mucho más valor, ingenio, firmeza y principios de los que tiene. Creo que se añade además una inclinación psicológica a disfrutar con la humillación a sus oponentes y el encabronamiento de buena parte de la población (todos los que nos oponemos al nacionalismo ya tenemos que soportar que nos tachen de extremistas e incluso fachas).

Ante la abulia de Rajoy en 2017 para impedir el referéndum ilegal del 1-O, fue Felipe VI quien devolvió la moral a la ciudadanía española y los jueces quienes con serenidad protegieron las instituciones. Así que Sánchez sabe que ante los nuevos intentos o las cesiones que querrá ir consintiendo a sus socios le viene bien tener una Corona débil, y por eso está faltando a su promesa de lealtad al Rey y a su obligación de refrendar todos los actos del Monarca al pretender desentenderse de cómo la Casa Real aborda el equivocado comportamiento de Juan Carlos I (aparte de lo que este último haya de responder ante los tribunales).

Dolores Delgado mantiene un perfil bajo para ver si el PP baja la guardia de cara a la renovación del Poder Judicial

Y Sánchez también necesita pues un Poder Judicial sumiso y busca cualquier ocasión para lograrlo. Basta ver cómo se apresuró a cambiar las leyes para designar a una “administradora provisional única” de RTVE, con supuesto halo de independiente, y que ha resultado ser una fanática que lleva ya más de dos años cambiando y poniendo a quien le place sin preocuparse de si su mandato tiene limitaciones.

También Sánchez y su camarilla habrán sin duda sopesado cambiar el régimen del CGPJ porque la Constitución solo protege la elección por tres quintos de ocho de los vocales, de manera que los otros doce podrían imponerlos por mayoría simple, pero eso exigiría contar antes no con la abstención sino con el sí de Esquerra y Bildu porque cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial necesita una mayoría absoluta.

Sánchez ha demostrado ya muchísimas veces su descaro para el engaño y por eso resulta más que probable que la renovación del CGPJ que se comenta estos días resultase en que los diez vocales del PP no pudiesen nada contra los diez fieles del PSOE y el supuesto presidente “de consenso” que sin duda se prestaría a inclinar la balanza para ir acabando con esa última línea de defensa de nuestro pacto constitucional a base de nombramientos de magistrados afines y otras medidas partidistas a su alcance. Baste recordar el grosero nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, quien sin duda mantiene un perfil bajo precisamente para ver si el PP baja la guardia de cara a la renovación del Poder Judicial.

La oposición hará bien en intentar negociar unos buenos Presupuestos para los españoles (aunque tampoco han de regalar un sí ni una abstención si Iglesias solo autoriza a soltar migajas) y, como también decía Álvarez de Toledo, haría bien en intentar aún que Sánchez aceptara romper con Podemos y formar un gobierno constitucionalista. Solo entonces tendría sentido considerar hablar de la composición de otros órganos del Estado. Si no, como dijo Pedro J. Ramírez cuando arrancaba la legislatura y Sánchez recibió por última vez a Casado: “¿Renovar el Poder Judicial? Cuando el infierno se hiele”.

*** Víctor Gómez Frías es consejero de El Español.