El dilema de Juan Guaidó y el futuro de Venezuela

En enero de 2019, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se proclamó presidente encargado del país, ante la ilegitimidad de Nicolás Maduro. La decisión, que se anunció de forma coincidente con la Cumbre de Davos, llevó a que rápidamente los diferentes gobiernos tuvieran que decidirse a dar o negar su reconocimiento al presidente interino.

Reconocer a Guaidó era necesario como forma de mostrar el rechazo al gobierno autoritario e ilegítimo de Maduro, pero comportaba importantes problemas para todos los países. En primer lugar, porque la legalidad de la decisión de la Asamblea no era evidente. Si bien se hicieron sesudos análisis sobre la paradójica situación para demostrar su validez o ponerla en duda, lo cierto es que la interpretación de la Constitución venezolana no les corresponde a otros gobiernos, sino a las altas instancias jurídicas del país que están capturadas por el régimen. Un dilema difícil de resolver y que se obvió a sabiendas de que regresaría como un bumerán.

En segundo lugar, porque en términos efectivos Juan Guaidó no podía controlar el gobierno del país. El presidente que gobernaba en nombre de Venezuela fuera no lo hacía dentro. No pudo atender los efectos de la pandemia, ni la crisis humanitaria y ni siquiera pudo abrir la puerta a los venezolanos que intentaban volver desesperados ante la desaparición de sus medios de vida en otros países y a los que Maduro maltrató retrasando su entrada al país.

En tercer lugar, porque marcó la consolidación del escenario de polarización internacional. Se constituyeron los polos de detractores y amigos del régimen, y las prisas por situarse desplazaron la revisión exhaustiva de la situación y las posibilidades de que llegara a buen término.

Si bien el régimen de Nicolás Maduro no merece defensa alguna, el caso requiere cierto pragmatismo desapasionado que está lejos de la formación de bandos diametralmente opuestos a toda relación con el otro.

La nueva Asamblea resultante de las elecciones no es legítima, pero la elegida en 2016 dejará de serlo en enero

Cerrar las vías de comunicación supone debilitar las opciones de una salida negociada y deja a la población que está bajo el control del régimen en una situación de captura, aislamiento y vulnerabilidad. Desde entonces, un millón y medio de venezolanos más han dejado el país, sumando más de cinco millones de migrantes y refugiados. Mientras tanto, el régimen se mantiene, con desgaste, pero sin fisuras relevantes a pesar de las sanciones internacionales.

El gobierno de Trump y su política de mano dura tampoco consiguió un cambio radical, más aun, alentó la idea de una vía militar que terminó por minar los avances en la negociación entre oposición y régimen, sin que esta opción tuviese un sustento real. El triunfo de Biden supone que la vía militar esté definitivamente cerrada, desarticulando las aspiraciones de los sectores más extremos de la oposición y dejando todas las opciones en el tablero de la negociación.

Con este trasfondo, las elecciones del pasado 6 de enero, carentes de toda legitimidad y en las que no participó la oposición, son, un punto de inflexión. No para Maduro, pírrico vencedor impune de las mismas, sino para Juan Guaidó. Al agotarse el periodo para el que fue elegida la Asamblea que le aupó al poder, se termina también la legitimidad de su mandato.

La nueva Asamblea resultante de la elección no es legítima, pero la elegida en 2016 tampoco lo será a partir de enero y los resultados de la consulta popular realizada el 12 de diciembre por la oposición no son verificables. Los países que reconocieron a Guaidó ya no tienen un soporte legal para mantener su decisión, y su liderazgo es cada vez más contestado dentro de la fragmentada oposición.

El bumerán ha regresado, y Guaidó ha desplegado una campaña en la que plantea el desconocimiento de su gobierno como un reconocimiento tácito al de Maduro. Una estrategia angustiosa que revela también su debilidad dentro de la propia Asamblea Nacional.

El reconocimiento al mandato de Guaidó caduca desde el momento en que la Asamblea ya no le legitima 

De hecho, sería de esperar una respuesta por parte de la Asamblea, bien intentando aprobar alguna ley que permita continuar trabajando y mantener a Guaidó en su posición, o intentando salvar el mandato de mínimos del presidente interino. La falta de acuerdo significa simplemente aceptar su disolución y el fin del gobierno. El desgaste del proyecto de Guaidó, la fragmentación y la persistente falta de un proyecto común han puesto en entredicho su rol. La debilidad del liderazgo en la oposición es un gravísimo problema.

En esta situación compleja, las respuestas de Estados Unidos y la Unión Europea serán muy relevantes. Aún no está claro si el gobierno de Joe Biden mantendrá su respaldo, tampoco está muy claro que la Unión Europea pueda hacerlo. La Unión Europea se debe a unos principios democráticos, en coherencia, el reconocimiento al mandato de Guaidó ha llegado a su caducidad si no se produce ningún sustento de su legitimidad desde el órgano que lo eligió. A su vez, el documentado y sistemático abuso de derechos humanos por parte del régimen bolivariano es un imperativo para mantener la presión y plantear la gravedad de las sanciones que esto puede suponerle, limitando las opciones viables en una negociación.

Mas allá del reconocimiento al presidente interino, las acciones con mayor peso internacional vendrán dadas por: el mantenimiento de sanciones efectivas contra el régimen; el cierre de su financiación a través de flujos ilícitos; la búsqueda de nuevas instancias de diálogo; viabilizar los cauces de la respuesta humanitaria y, más difícil aun, por encontrar sintonía y sincronía con algunos países latinoamericanos en la búsqueda de la salida política.

2021 va a iniciarse con mucha polémica alrededor de este asunto, especialmente en los países que juegan un rol relevante en el futuro de Venezuela. Los bloques extremos de la contienda política en España, Colombia o EEUU se benefician de usar este debate para fortalecer su postura interna, sin una propuesta real para los venezolanos.

Este escenario de utilización del conflicto dificulta las posibilidades para plantear una negociación, palabra que Guaidó no quiere pronunciar porque le atribuye una idea de cesión al régimen, pero que es la única salida a día de hoy para conseguir que se impongan unas elecciones limpias, con garantías, en las que los venezolanos sean escuchados y la democracia retorne algún día.

*** Erika Rodríguez Pinzón es doctora en Relaciones Internacionales, profesora de la UCM y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.