La brecha salarial existe (e importa)

Su autor, Diego Barceló, insistía en aportar hechos para demostrar su tesis. Pero no parecía atreverse a declarar otra cosa: “La brecha salarial no me importa”.

Su tesis es que no hay nada chocante en esta diferencia puesto que las mujeres trabajan en efecto menos horas y en puestos menos cualificados, y tienen más presencia en sectores de menor productividad.

Pero deducir de ello “un problema imaginario” supone no mirar más allá del simple dato. También, no querer comprender dos elementos fundamentales que lo acompañan y sin los que no hay estadística, sino cabalística: sus causas y sus consecuencias.

Analizar las causas significa observar que ese distinto posicionamiento laboral de mujeres y hombres no es fruto de meras decisiones autónomas, sino que está enraizado en ciertas condiciones de partida que las políticas públicas pueden contribuir a resolver precisamente para evitar limitaciones al desempeño de la libertad individual cuya defensa Barceló reivindica.

¿O acaso se pretende argumentar que hay alguna diferencia entre hombres y mujeres que explica esa desigualdad y la hace admisible o incluso deseable?

Sospechosamente, el artículo no hace ninguna referencia a la maternidad. Y ello pese a que las cifras muestran, de forma persistente, que es una de las circunstancias que provocan esas diferencias de salario.

En un país como el nuestro, con un paro tan elevado, sería una medida con un impacto muy moderado en las cuentas públicas

Pero esas diferencias existen también antes porque demasiados empresarios (y sí, también muchas mujeres que se resignan a aceptar el tablero inclinado) descuentan por anticipado la maternidad y no ofrecen ciertas promociones a las mujeres porque estas son más susceptibles de sufrir discontinuidades en su carrera.

El óptimo social se puede encomendar al libre mercado cuando carece de fallos. Pero en un caso como este, una suficiente y adecuada intervención pública permitiría corregir la ceguera del cortoplacismo.

La biología impone que las mujeres gesten a los hijos y sean más determinantes en su primera crianza. Pero, desde el punto de vista laboral, el conjunto de ese periodo no va más allá de unos pocos meses que, incluso con varios hijos, incide de forma muy relativa a lo largo de toda una vida.

Basta, en fin con alargar e igualar los permisos de maternidad y paternidad para conseguir que no tenga sentido para un empleador ponderar este factor al contratar o promocionar a sus trabajadores.

En un país como el nuestro, con un paro tan elevado, sería además una medida con un impacto muy moderado en las cuentas públicas a corto plazo y que a la larga tendría probablemente un efecto muy positivo para doblegar el déficit demográfico que sufrimos.

Estos permisos podrían, además, ser más flexibles, como ocurre en otros países: una mochila de meses que se podrían ir disfrutando hasta que el hijo cumpliera seis años, por ejemplo.

En una mayoría de hogares todos asumen que el aporte del hombre es más importante

Respecto a las consecuencias, el dinero es en todas las sociedades un vector fundamental del poder e, indirectamente, un marcador del prestigio. El mero hecho de obtenerlo y poseerlo confiere influencia respecto a quienes tienen menos. El régimen que se instala así en la mayoría de hogares es de subordinación de las opciones vitales de las mujeres respecto a las de los hombres: desde el reparto de tareas domésticas o la flexibilidad de horarios al peso explícito e implícito en diversas decisiones.

Aplicando el método científico, como pretende Barceló, hay que concluir por ejemplo que si durante la pandemia las mujeres han acabado trabajando en la cocina y los hombres en el salón no es por una inclinación de ellas hacia los espacios angostos, sino porque en una mayoría de hogares todos asumen que el aporte del hombre es más importante. Y, por lo tanto, este acaba llevándose todas o casi todas las ventajas simbólicas y materiales respecto a su mujer.

Son consecuencias que acaban retroalimentando las causas, en una espiral que hace perder talento y oportunidades a toda la sociedad. Que la envilece por una desigualdad estructural que limita las libertades individuales. Y que, por supuesto, las perjudica especialmente a ellas.

Barceló demoniza el paradigma socialdemócrata que yo reivindico y que, de hecho, defiendo desde un partido esencialmente liberal, como es Ciudadanos. Me enorgullece que la enmienda sobre estrategia más votada en la pasada asamblea extraordinaria de 2020 incluyera, además de la mencionada sobre permisos, otras tres que abogaban por una decidida intervención pública para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres.

La primera es la discriminación positiva para normalizar la igualdad en todos los ámbitos y tipos de carrera. Que un consejo de administración, un gobierno o cualquier otro órgano colegiado sea paritario no significa que no se haya elegido para esos cargos a los mejores, pues para esos contados puestos se pueden encontrar personas de uno y otro sexo con la competencia y experiencia suficientes.

La segunda fue abogar por un bonus/malus en las cotizaciones sociales, de manera que las empresas con sueldos medios mayores para los hombres que para las mujeres (sin importar la categoría laboral) paguen más cotizaciones sociales que aquellas en las que esos sueldos son iguales. Precisamente, porque no hay ninguna buena razón para que en la mayoría de las empresas haya más jefes de sexo masculino.

La tercera fue la educación de 0 a 3 años universal y subvencionada. Para que, antes incluso que tener que compensar a las madres por el freno a su carrera laboral, se las ayude a que esa circunstancia no sea inevitable.

Las políticas públicas son poderosas. Hay que saber lo que se quiere, diseñarlo con rigor y debatirlo con sinceridad

Observemos frente a ello el cinismo del gobierno de PSOE y Podemos. Gobierno que promueve una reforma del complemento por hijo en las pensiones, de manera que se produce una reducción neta del conjunto de ayudas que recibirán las madres, con caídas importantes para las que han tenido más paradas en sus carreras.

El vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro José Luis Escrivá pretenden maquillar la medida con el argumento de la tímida ganancia en algunas categorías correspondientes a un menor número de hijos.

Es de temer, además, que la administración sea más eficaz con esos recortes que con el ingreso mínimo vital que esperan aún cientos de miles de hogares. Hogares que han perdido en plena pandemia la renta mínima que antes les garantizaban las comunidades autónomas.

Las políticas públicas son poderosas. Hay que saber lo que se quiere, diseñarlo con rigor, y comunicarlo y debatirlo con sinceridad.

Pero que un gobierno autodenominado progresista tenga tan mal desempeño en políticas sociales no debería llevar a la sociedad española a renunciar al primer adjetivo que tan acertadamente proclama el artículo primero de nuestra Constitución: “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho”.

Defendámonos, en fin, de ese otro paradigma (el populista) que obliga a elegir entre libertad e igualdad para acabar retrocediendo en ambas.

*** Víctor Gómez Frías es consejero de EL ESPAÑOL.