Fachada de la Apple Store en la Quinta Avenida de Nueva York.
El impuesto global a las multinacionales es neoimperialismo
Cobrar impuestos bajos a la renta empresarial es una herramienta de muchos países pobres para captar inversiones. El impuesto global les arrebatará esa posibilidad.
El G7, el grupo de los siete mayores países industrializados, alcanzó el pasado mes de junio un acuerdo para imponer un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. El acuerdo, que pretende que lo recaudado se reparta entre los países en función de dónde se obtuvieron los beneficios, fue también aprobado por el G20. Además, 130 países firmaron un manifiesto apoyándolo.
La idea de un impuesto global a las grandes multinacionales se presenta como histórico. Se dice que tiende a una mayor justicia y que es necesario para que los Gobiernos tengan los recursos necesarios para financiar servicios públicos esenciales. Se estima que la recaudación global aumentaría con él unos 130.000 millones de euros anuales.
El relato subyacente es pueril. Las multinacionales, malas y egoístas, trasladan contablemente su actividad a refugios fiscales para pagar menos impuestos. Así, quitan a los Gobiernos los recursos necesarios para financiar la salud, la educación y otros servicios sociales. Para corregir eso es que hay que aplicar un impuesto global mínimo a esas multinacionales.
La realidad es muy diferente. Los Gobiernos depredan a los creadores de riqueza y empleo (desde los autónomos hasta las multinacionales) con impuestos y regulaciones abusivas. En la Unión Europea (UE), cerca de la mitad del PIB se destina al pago de impuestos.
Ante el abuso, cada uno se defiende como puede (evasión, elusión, pagos y cobros en efectivo), pero sólo las multinacionales, dada su implantación global, pueden acceder a ingenierías y refugios fiscales.
Lo lógico sería ir en el sentido opuesto y abolir globalmente este impuesto a la renta de las empresas
A los gastizos gobiernos de la UE no les alcanza con esa asfixiante presión tributaria, por lo que presentan recurrentes déficits.
Déficits de momento financiados por la temeraria política del Banco Central Europeo (BCE) de comprar enormes cantidades de deuda pública. Como racionalizar el gasto público no entra en la mente de los políticos (les conviene seguir adhiriendo al errado dogma keynesiano de que el gasto público es bueno), necesitan más dinero.
Así nace la idea de perseguir a las multinacionales, lo que perjudica a toda la sociedad.
El impuesto a la renta de las empresas constituye una doble imposición. Se aprovecha la ficción de la personería jurídica para gravar dos veces la misma renta. Primero, cuando la genera la empresa. Luego, cuando se reparte entre los accionistas.
Pero lo lógico sería ir en el sentido opuesto y abolir globalmente este impuesto.
Este tributo global es patrocinado por los socialistas de todos los partidos, los mismos que dicen preocuparse por la pobreza en el mundo. Cobrar un bajo impuesto a la renta empresarial es una herramienta a la que acuden muchos países pobres (Bulgaria, Paraguay, Bosnia, Uzbekistán, Túnez, Albania) para captar inversiones. El impuesto global les arrebatará esa posibilidad.
El impuesto sobre las multinacionales es neoimperialismo socializante en el que los políticos de unos pocos países poderosos imponen al resto su agenda global
La excusa de la falta de recursos es, en el caso europeo, falsa. Aunque esos 130.000 millones de euros vinieran todos a Europa, que no será el caso, apenas representarían el 1,6% de los recursos públicos. En los diez años previos a la pandemia, el gasto público en salud, educación y protección social creció un 27,3% en la UE y ya representa dos tercios del gasto total.
Esos 130.000 millones de euros serán pagados, de una u otra manera, por los consumidores. Unas multinacionales sumarán el impuesto al precio de venta. Las que no puedan hacerlo, al ver reducida su rentabilidad, invertirán menos, lo que implica una menor creación de empleo y menores ventas para sus proveedores. Otras ajustarán sus costes, concediendo menores aumentos salariales o recortando su inversión publicitaria o en I+D, entre otras muchas posibilidades.
Lejos de ser un triunfo para la sociedad, el impuesto global sobre las multinacionales es un caso de neoimperialismo socializante en el que los políticos de unos pocos países poderosos imponen al resto parte de su agenda global. Más impuestos equivalen a menos inversión, menos actividad y menos empleo.
Sin la más mínima duda, la gente de a pie tiene mucho más que ganar con esos 130.000 millones de euros en manos de las empresas que en manos de los políticos. Sin la más mínima duda, este tributo, de concretarse, contribuirá a una economía menos próspera y hará del mundo un lugar menos libre.
*** Diego Barceló Larran es director de Barceló & Asociados.
