La eliminación de la ANECA empeora la calidad de nuestras universidades

El denunciante es profesor en Castilla-La Mancha y quiso volver a Madrid. Para ello se presentó a nueve plazas docentes, cuatro en la Rey Juan Carlos y cinco en la UCM. En casi todas, escribió, “quedé segundo, porque en todas ganó el candidato interno de cada departamento, aunque tuviera menos méritos”.

En el caso denunciado, Álvarez Peralta relataba que la comisión evaluadora había inflado la puntuación de la candidata de la casa, militante del PSOE y profesora asociada, y rebajado el suyo por estar “sobrecualificado”. El jefe del departamento de Periodismo y Nuevos Medios, Fernando Quiros, que llamó “filofascistas” a los miembros de Ciudadanos agredidos en la fiesta del Orgullo de 2019, le sugirió a Álvarez Peralta que la plaza sería para su compañera, según lo relatado en la prensa por el afectado.

¿Quién no conoce un caso así en la universidad pública española?

La Ley Castells de Universidades, además, empeora la situación. No se trata de una mejora técnica del acceso a la carrera docente y ascenso en la misma, sino, como el mismo ministro ha dicho, de una ley ideológica. En consecuencia, nos encontramos con que el personal docente o el que aspira a ser profesor universitario en España se encuentra atrapado. No sólo tiene que ser del terruño, sino de la casa y de la cuerda ideológica, ser favorecido por el sexo que Castells quiere privilegiar en la universidad y todo esto, al tiempo, haciendo currículo.

Es indecente tomar lo público como algo privado, y apropiarse de cargos y presupuestos para distribuirlos al margen de la ley

¿Hace falta una agencia exterior que califique a los candidatos a las figuras docentes? ¿Una agencia que asegure un mínimo de objetividad? Sí, sin duda. No sólo es una cuestión de justicia con los profesores, sino con el alumnado y la sociedad en su conjunto. Es más, el artículo 103.3 de la Constitución indica que el acceso a la función pública se hará conforme a “los principios de mérito y capacidad”, no de cercanía personal y política.

Es imposible, por ejemplo, que la ANECA pueda acreditar en el futuro a Álvarez Peralta como profesor titular de Universidad si se le impide ahora ejercer de docente por una arbitrariedad producto del nepotismo y el sectarismo ideológico. Es indecente tomar lo público como algo privado y apropiarse de cargos y presupuestos para distribuirlos al margen de la ley.

La ANECA, un órgano de evaluación semejante a los que funcionan en la Unión Europea siguiendo la estela del proceso de Bolonia, ejerce una discrecionalidad técnica propia de un juez porque a sus miembros se les confiere legalmente esa potestad en función de su categoría profesional.

Los indicadores de calidad para determinar las acreditaciones a las figuras docentes, los sexenios de investigación, los planes de estudio o las titulaciones son públicos y conocidos. Otra cosa es que esos indicadores deban cambiar o ser más explícitos, pero eso no es culpa de la ANECA y no se arregla eliminando este organismo evaluador.

En los sexenios de investigación se juzgan las aportaciones científicas, siendo la revista un índice de calidad no determinante. El motivo es que hay mucho autor que repite publicación y tema, da la vuelta al enfoque o al título, y eso no aporta nada al conocimiento científico, aunque el trabajo haya sido publicado en una revista indexada.

La discrecionalidad técnica de la comisión en este caso es necesaria, porque si sólo fuera una cuestión numérica de publicaciones, sería suficiente un plan contable. Se juzga la calidad y la aportación científica, y la resolución es recurrible. Los sexenios se han convertido en un índice de calidad académica y profesional de gran valor.

La ANECA vino para que primara la excelencia y se dejara al margen el nepotismo

En las acreditaciones se juzgan las trayectorias, lo que es un avance respecto a etapas anteriores, cuando la idoneidad convirtió a la Universidad en un coladero. De hecho, todavía es posible ver a algunos docentes de aquella época con una obra investigadora bastante magra. Eso sin contar con que se introdujo un estilo de fichaje docente que generó una red clientelista. La ANECA vino para que primara la excelencia y se dejara al margen el nepotismo. No lo ha conseguido del todo. Es preciso confesarlo.

La discrecionalidad no es arbitrariedad cuando está justificada técnicamente por escrito en un documento público. La discrecionalidad técnica es la base de la enseñanza universitaria. Quizá sea preciso recordar que las calificaciones de los exámenes, las tesis, los trabajos de fin de grado y demás son discrecionalidades técnicas del profesor sobre el alumno.

Todo esto no quita que la ANECA tenga que ser mejorada. Por ejemplo, ha de reducirse la burocracia de dicha agencia y la que esclaviza al profesorado. Además, el espíritu de la ANECA está demasiado orientado hacia criterios de evaluación científico-experimental en detrimento de las especificidades de las humanidades y las ciencias sociales.

También podrían concretarse mejor los criterios de puntuación para no crear falsas expectativas, y que los profesores y centros pudieran elaborar mejor sus trayectorias y planes. Hay que mejorar el mecanismo de petición de acreditaciones. De hecho, ya hay empresas que cobran por hacer el papeleo al candidato.

En definitiva, es fácil pedir la extensión de la ANECA, pero su alternativa perjudica la calidad de la docencia e investigación universitaria. Es necesario objetivar el reclutamiento de los docentes y su acreditación y evaluación posterior. El premio al mérito y a la capacidad, a la innovación y a la aportación científica es un gran avance, tanto como desterrar el nepotismo y el sectarismo.

*** Jorge Vilches es profesor de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense y autor del libro La tentación totalitaria.