El Madrid Central de Almeida es una mala noticia

Hoy en día sería inconcebible que una administración relajase, siquiera un ápice, las leyes contra el tabaco o contra el alcohol al volante. Sin embargo, desde que llegó a la alcaldía José Luis Martínez-Almeida ha intentado en varias ocasiones rebajar los criterios para permitir más coches en la ciudad.

Primero lo intentaron a las bravas. En junio de 2019, un mes después de las elecciones, el Gobierno local aprobó una moratoria de multas que en la práctica dejaba sin efecto Madrid Central. Cuatro días después, tras una enorme manifestación, acciones en la calle y una reunión con el alcalde, un juzgado paralizó esta moratoria. Los tribunales acabaron dando la razón a Greenpeace y Ecologistas en Acción al declarar ilegal la moratoria del Ayuntamiento de Madrid.

Agotada la vía rápida para revertir Madrid Central, comenzó la vía lenta: cambiar la Ordenanza de Movilidad.

Almeida presentó la marca Madrid 360, un plan B elaborado en apenas dos meses para mejorar la calidad del aire. Pese a que se vendió como algo revolucionario, cuando analizamos en detalle la estrategia vemos que era peor que el plan A vigente, pues contenía restricciones más laxas, permisos para más coches y medidas como los macropárkings que, finalmente, no se han llevado a cabo por el rechazo vecinal.

El resultado final es una norma que retrocede frente a lo que ya había

Dos años después, Madrid 360 todavía no ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea y muchas medidas anunciadas posteriormente bajo esa marca no estaban contempladas en la estrategia inicial. Porque cualquier cosa puede ser Madrid 360, sea sostenible o no: desde ampliar una autopista o asfaltar calles peatonales hasta implantar un carril-moto.

Pero aún faltaba un giro más en esta historia. Por un recurso interpuesto por el propio PP cuando estaba en la oposición, un juzgado detectó un defecto en la formalización de la ordenanza que regulaba Madrid Central. En concreto, el juez declaraba que, al haberse considerado muchas de las alegaciones recibidas, era preciso volver a sacar el documento a información pública una segunda vez.

Este inconveniente podría haberse solventado corrigiendo el defecto de forma. Pero, en lugar de eso, se aprovechó para sacar una nueva ordenanza de movilidad, donde ya no derogaban Madrid Central, pero sí se rebajaban muchos puntos.

Entre los retrocesos más flagrantes figuraban la concesión de 45.000 nuevos permisos (al equiparar comerciantes y residentes), la ampliación del horario de acceso a todas las motos (finalmente rechazada en el Pleno), una nueva moratoria a las furgonetas con distintivo B (amarillo) que se suma a las concedidas años atrás, o normas que animan a acudir en coche al colegio, con permisos definitivos y plazas de alta rotación junto a los centros escolares.

No todos los cambios en la ordenanza de movilidad son regresivos. Medidas como la progresiva expulsión de los coches sin etiqueta adelantan una prohibición que ya estaba fijada para 2025. También se abre la puerta a incluir nuevas zonas de bajas emisiones en los barrios, aunque de momento la prevista en Plaza Elíptica parece más pensada para evitar el medidor de contaminación que hay en el lugar que para mejorar la calidad del aire en el distrito.

El resultado final es una norma que retrocede frente a lo que ya había. No lo decimos nosotros: así lo reconoce la propia Comunidad de Madrid en sus informes, y hasta el Defensor del Pueblo se ha manifestado en este sentido.

La obsesión por borrar Madrid Central llega al extremo de cambiarle el nombre

Incluso más allá de la zona de bajas emisiones, la nueva ordenanza modifica unas normas que, casualmente, permiten más facilidades al coche y más dificultades para la bicicleta, pues los ciclistas de Madrid sufrirán normas más estrictas que las fijadas por la DGT a nivel nacional. En el Madrid de Almeida, aparcar una moto en la calle será más fácil que aparcar una bici, tal y como han reconocido por escrito.

El borrador ha despertado una oleada de críticas. A pesar de ser agosto, se recibieron más de 7.000 alegaciones (siete veces más que en la anterior ordenanza) y se respondieron en apenas un mes, rechazándose el 95% de las mismas.

En el Pleno tampoco ha despertado un consenso político. Para lograr su aprobación, Almeida ha contado con el apoyo de cuatro concejales tránsfugas que votaron a favor de la Ordenanza a cambio de contar con un grupo municipal propio.

La obsesión por borrar Madrid Central llega al extremo de cambiarle el nombre por el de ZBEDEPDC (Zona de Bajas Emisiones De Especial Protección Distrito Centro). Cambiar las señales costará 185.000 €. Sin embargo, Madrid Central seguirá vigente, aunque sea con otro nombre y de manera menos ambiciosa.

La evidencia científica y la presión ciudadana han conseguido no sólo que continúe, sino que dejará un legado en todo el país. Más de 150 ciudades tendrán su Zona de Bajas Emisiones a lo largo de 2022, tal y como recoge la Ley de Cambio Climático aprobada en el Congreso.

*** Adrián Fernández Carrasco es ingeniero de Obras Públicas, portavoz de Respira Madrid y responsable de movilidad en Greenpeace.