Bienvenidos a la ‘codesgobernanza’ frente a la Covid

De nuevo, este maldito virus ha superado las peores previsiones y su incidencia ha aumentado a un ritmo nunca antes visto. Son muchos los problemas que de ello se derivan. Pero quiero detenerme en los dos más preocupantes: atención primaria e incapacidad temporal, ambas tensionadas al límite y con graves consecuencias para la salud, la economía e incluso la seguridad.

A diferencia de olas anteriores, donde la presión asistencial se centraba en los hospitales y en su capacidad para atender clínicamente los casos más graves, ahora la tensión se concentra en la atención primaria.

En este momento hay un colapso en todas las comunidades autónomas y no se puede acceder a un médico de familia, ni siquiera telefónicamente, antes de diez o doce días.

Las consecuencias son dramáticas.

En primer lugar, para los profesionales del sistema nacional de salud, incapaces de atender a todos los pacientes que demandan asistencia y de resolver la burocracia que acarrea su trabajo. Esta situación está llevando al límite a muchos de ellos. El agotamiento físico y psíquico se traduce en un aumento significativo de las bajas por estrés, de la ansiedad y de las jubilaciones anticipadas, lo que empeora aún más el problema.

"Urge reorganizar el servicio de atención primaria priorizando actuaciones que no son delegables, como la atención médica"

En segundo lugar, para los pacientes. No poder acceder a un médico de atención primaria cuando se le necesita genera, además de angustia, retraso en diagnósticos y los tratamientos, el recurso a otras vías más complejas (con el consiguiente riesgo de saturación del resto del sistema) y muchos problemas administrativos derivados de la tramitación de documentos de baja, de alta y de partes de confirmación.

Llama la atención, en contraste con la capacidad de adaptación del sistema sanitario durante las primeras olas (cuando se transformaron espacios, se cambiaron las funciones de los profesionales y se adquirieron equipos), la poca o nula capacidad que se está teniendo ahora para afrontar esta nueva ola. Los retos son distintos, pero no menos graves, y requieren soluciones diferentes.

Urge reorganizar el servicio de atención primaria priorizando actuaciones que no son delegables, como la atención médica. Y no sólo para los pacientes de Covid, sino para todos los que lo precisen por su sintomatología. Hay que simplificar y delegar en otros profesionales de apoyo las tareas burocráticas o que se puedan gestionar reforzando las plantillas administrativas y recurriendo a procesos digitales.

Pero para ello hace falta buena voluntad e inteligencia, la coordinación de las administraciones y prescindir de la batalla política. Hay que pensar antes en el bienestar del ciudadano que en su voto.

Ejemplo de lo mencionado es el debate que se ha generado durante estos últimos días acerca de la posibilidad de simplificar el proceso de bajas y altas en los casos de Covid asintomáticos.

A pesar de la corrección del pasado 30 de diciembre, que reducía de diez a siete días el periodo de cuarentena de los pacientes confirmados asintomáticos, son tantos los casos de contagio que se ha generado un problema importante en muchas empresas y sectores profesionales. Incluido el sanitario y sociosanitario, donde no es posible realizar la actividad de manera telemática, y que muestra ya dificultades para seguir funcionando.  

Además, esto implica la emisión de un parte de baja y, siete días después, otro de alta de estos trabajadores, con la consiguiente carga administrativa para el médico. El único habilitado legalmente para emitir estos documentos según lo establecido en el artículo 5.1 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio:

Los partes de baja/alta médica en los procesos derivados de contingencias comunes se emitirán, tras el reconocimiento del trabajador, por el correspondiente facultativo del servicio público de salud.  

"Autonomías como la catalana o la valenciana han adoptado medidas no permitidas por sus competencias y que se traducen en inseguridad jurídica para los profesionales a los que se obliga a actuar así"

Se trata de bajas motivadas por la necesidad de aislamiento del paciente, no por su sintomatología. Hacer intervenir dos veces a un médico para ratificar este hecho legalmente (en un momento en que los recursos son tan escasos) es absurdo y resta tiempo al trabajo asistencial.

Sería más lógico adaptar la norma a esta situación excepcional para liberar a los facultativos de tareas no esenciales y aprovechar todos los recursos de las administraciones con independencia de su adscripción estatal o autonómica.

Sería tan sencillo como que quien tiene la competencia (en este caso el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social) modifique el artículo que prevé emitir un parte de alta y de baja en el mismo acto médico siempre y cuando su duración estimada sea inferior a cinco días. Bastaría con cambiar el plazo de cinco a ocho días, tal y como ha solicitado el gobierno de la Comunidad de Madrid, para disminuir de un plumazo la carga de trabajo administrativo del médico al 50%.

Esta actitud insolidaria frente a las administraciones que están atravesando graves dificultades sólo comporta perjuicios. Autonomías como la catalana o la valenciana han adoptado medidas no permitidas por sus competencias, como la de hacer un documento de alta y retenerlo hasta una fecha posterior, que se traducen (aunque el ministro las avale con un tuit) en inseguridad jurídica para los profesionales a los que se obliga a actuar así. También se perjudica a los trabajadores y a las empresas, dado que el procedimiento es irregular y carece del suficiente respaldo jurídico.

Cabe plantearse también utilizar la capacidad asistencial y administrativa de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, que dependen del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, buscando fórmulas de colaboración con los servicios autonómicos de salud, dependientes de cada comunidad autónoma. Eso requeriría que sus servicios médicos colaboraran en el proceso de emisión de partes de alta y baja, como ya colaboraron antes en la asistencia a enfermos de Covid o en el proceso de vacunación de la población trabajadora.

Se trata, en definitiva, de responder con mayor agilidad y eficacia a unas circunstancias extraordinarias que están provocando situaciones muy comprometidas en la sanidad, pero también en el terreno laboral, económico y social. Pero debe hacerse de forma ordenada y coherente con el ordenamiento jurídico. Nada sería peor que las administraciones o las autonomías se vieran obligadas a inventar su propia receta atendiendo únicamente a su propio patio de operaciones, sin una visión de conjunto y sin batuta común.

Bienvenidos a la codesgobernanza.

*** José María Antón es exviceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid.