¿Dictadura parlamentaria?

He disfrutado leyendo el artículo El dictador demócratico de mi amigo Marcos Peña publicado el pasado jueves 6 de enero en EL ESPAÑOL sobre los problemas inherentes al parlamentarismo. Especialmente, por la calidad intelectual que rezuma el texto. 

Ojalá pudiéramos encontrar en el Parlamento español a gente como Marcos. Pero, precisamente él, persona apasionada por la política, con mucho talento y una gran formación, es la prueba de que, en el sistema político actual, su perfil no tiene cabida. 

Lo cual no quiere decir, y allí es donde discrepo, que nuestro parlamentarismo no tenga solución. O que todo sistema sin una separación radical de los tres poderes del Estado haya de devenir, casi necesariamente, en una "dictadura plebiscitaria", como él lo llama.

Si nuestro sistema permite la sumisión humillante de la sede de la soberanía nacional al Poder Ejecutivo es porque algo falla en su funcionamiento, no en su naturaleza, como sugiere el autor. Dolencia, por cierto, que también podría adulterar la homogeneidad del cuerpo social en un sistema presidencialista si el que se hace presente una vez cada cuatro años, liberándose momentáneamente de sus cadenas (según Jean Jacques-Rousseau), no es el demos sino el kratos travestido de lista de partido.

Además de la urgencia que inspira todo decreto gubernamental, existen dos razones por las cuales cada legislatura el Poder Ejecutivo dicta cientos de decretos leyes, siendo esta vía la utilizada para la aprobación de dos terceras partes de la legislación.

La primera es porque los diputados de hoy en día no tienen la preparación intelectual necesaria para, siquiera, liderar con garantías las comisiones legislativas que analizan las propuestas de ley del Ejecutivo.

La segunda, y fundamental, porque adolecen también de una ausencia total de independencia respecto al Gobierno, pertenezca este a un régimen parlamentario o presidencialista. 

"La diferencia entre el presidencialismo y el parlamentarismo es mucho menor que la diferencia entre una democracia y una partidocracia"

La iniciativa legislativa gubernamental no es solo una característica del parlamentarismo actual. Prácticamente todas las leyes importantes del sistema presidencialista por excelencia, el de Estados Unidos, son promovidas por el Ejecutivo, llevando incluso su nombre en muchas ocasiones. Por ejemplo, Obama Care, Trump's First Step Act, Biden's Build Back Better Plan, etcétera.

Desde hace muchos años, la iniciativa legislativa lleva el sello del Poder Ejecutivo. Es lógico que así sea, debido a enorme peso de la Administración y la ingente cantidad de recursos que mueve. Lo capital es que el Parlamento tenga la libertad y la preparación intelectual para aprobar o denegar lo que aquel provea. 

Y a ese respecto, la diferencia entre el presidencialismo y el parlamentarismo es mucho menor que la diferencia entre una democracia y una partidocracia. Pues la oligarquía de partidos podría perfectamente cobrar forma en un régimen presidencialista, aunque hasta ahora haya fraguado mejor en el parlamentarismo, debido a que la fortuna ha querido que el primer modelo haya optado mayoritariamente por la figura del diputado de distrito.

Allá donde existe, la independencia de los diputados respecto al Ejecutivo no se produce porque ambos cuerpos provengan de elecciones diferentes, sino porque los diputados han sido elegidos bajo normas que la garantizan.

Actualmente, el presidente Joe Biden está viviendo el drama de que su Build Back Better Plan pueda terminar no siendo aprobado debido a que, en el estrecho margen parlamentario existente, un senador de su partido no lo considera conveniente. Si Estados Unidos fuese un régimen parlamentario, pero mantuviera la figura del diputado de distrito, el senador Joe Manchin actuaría exactamente igual. Y si fuera una partidocracia, Manchin no habría rechistado ante el temor de no ser colocado por su jefe en las próximas listas electorales.

Por esa razón casi acertó Benjamin Disraeli al calificar al régimen de representación parlamentaria inglés de democrático. Para serlo del todo, no le faltaba separar en origen los tres poderes fundamentales del Estado, sino implantar el sufragio universal. 

Por el contrario, la obscena obediencia del diputado español al presidente del Gobierno que sufrimos en las partidocracias se produce porque, en estas, el jefe del partido que ha ganado las elecciones es también el jefe del Ejecutivo.

"La polarización política que está caracterizando el siglo XXI requiere de pactos centrados que apacigüen el estado de ánimo del cuerpo social"

Los diputados no acatan servilmente las órdenes de este por la autoridad de su magistratura. Lo hacen por su condición de jefe del partido, que decidirá si esas mal llamadas "señorías" han permutado lo suficientemente bien su lealtad al programa electoral, al ideario, a sus votantes y a su nación por la fidelidad mafiosa a su persona como para conservar su escaño.

Podemos vestirla con las hipócritas galas que queramos para presentarla socialmente. Pero al cabo del día, en la intimidad intelectual, no podremos por menos que reconocer que esta es la nuda realidad.

Afortunadamente, la transformación de nuestro régimen de poder para lograr la independencia de criterio y la preparación intelectual de los diputados no requiere convertir nuestro sistema parlamentario en uno presidencialista. Bastaría con reformar la ley electoral para garantizar que eso suceda, vinculando al diputado con sus electores, como ocurre en muchos países de nuestro entorno y cultura.

Por otra parte, el parlamentarismo es hoy más necesario que nunca, como oposición a la alternativa presidencialista que yo mismo he defendido durante años. La polarización política que está caracterizando el siglo XXI requiere de pactos centrados que apacigüen el estado de ánimo del cuerpo social si no queremos correr el riesgo de que, en cualquier momento, un líder tan felón como carismático a los ojos de incautos acabe al frente de un Poder Ejecutivo mucho más poderoso, por su naturaleza, que aquel que deriva de un Parlamento libre y deliberativo.

Aunque el último episodio de excepcionalidad constitucional (cuyo aniversario se recuerda estos días) provino de fuera del Estado (las big tech), la ultima ratio schmittiana puede ser ejercida más eficaz, pero también mucho más peligrosamente, en un sistema presidencialista.

Ahora bien, si de verdad los que nos encontramos fuera de las listas de partido queremos que sea la gente más motivada y con más preparación la que ocupe los escaños de las Cortes Generales de España y no la actual cohorte de mediocridades (muchos de los cuales, provienen, paradójicamente, de lo que vino a llamarse la nueva política), más nos vale que comencemos a exigirlo.

Los que están dentro no lo harán nunca.

*** Lorenzo Abadía es empresario, analista político, profesor de Derecho Constitucional y fundador de la Campaña #OtraLeyElectoral.