Los errores irrepetibles de los fondos europeos

Von der Leyen y Sánchez, en la presentación del proyecto Next Generation. Reuters

A lo largo de este año, hemos comprobado que los anuncios y el marketing han primado sobre la eficacia en la gestión, abusando de frases vacías y generando unas expectativas en pymes y autónomos que, un año después, se han visto frustradas por la realidad.

La decepción, ese sentimiento generado por el desengaño, es la calificación óptima para el primer año de vida del plan español, y las dudas e incertidumbres sobre el cumplimiento de los objetivos principales del plan y la aprobación de las reformas comprometidas con Europa son la incógnita sobre su futuro.

Para los que tenemos tanto la formación como el alma de economista resulta alarmante que el Gobierno siga sin facilitar los datos de ejecución real de los fondos europeos en términos de contabilidad nacional. Es decir, lo que llega realmente al tejido productivo.

Haciendo un ejercicio reflexivo, no me sorprende. La opacidad y la falta de transparencia son inherentes a la gestión del Gobierno. Pero, aun así, que el último dato de ejecución real disponible siga siendo el publicado por la IGAE el 31 de agosto de 2021 en su documento Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado echa por tierra mis esperanzas de que el gobierno mejore su rendición de cuentas.

La anémica cifra de 104 millones de euros de ejecución de agosto termina siendo una cuestión pretérita y menor cuando recientemente hemos conocido que sólo el 16,6% de las empresas prevén acudir a las convocatorias y que el impacto del plan de recuperación en 2021 ha sido prácticamente nulo, como han dejado patente la AIReF o el Banco de España. Es dramático que para 2022 se haya revisado también a la baja su efecto multiplicador.

"¿Conocen el efecto bola de nieve? Lo vamos a vivir cuando a la falta de ejecución de los fondos de 2021 se una la de 2022"

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se esfuerza en sus comparecencias insistiendo en los datos de ejecución. Reconozco su ahínco sacrificado por defender la robusta recuperación y la velocidad de crucero de los fondos. Pero presumir de que las obligaciones netas reconocidas han alcanzado el 83% de los 24.000 millones presupuestados para 2021 y que los pagos autorizados alcanzarán a final de año 11.000 millones es una construcción de relato que se rebate con un mínimo análisis.

Sin ánimo de ser cenizo, hay que explicar que la mayor parte de esas cifras son transferencias realizadas en diciembre a organismos autónomos o instituciones como el IDAE, ADIF o Red.es. También corresponden a repartos de fondos apresurados antes de final de año a las comunidades autónomas. Las que, a su vez, tendrán que movilizar esos fondos mediante las correspondientes convocatorias. Transcurrirán meses antes de que esos fondos lleguen a las empresas. Si les sirve de ejemplo, revisen el BOE y verán resoluciones de licitaciones de septiembre del año pasado.

¿Conocen el efecto bola de nieve? Lo vamos a vivir este año cuando a la falta de ejecución de los fondos del año 2021 se una la de 2022. Un anticipo: a 28 de febrero, de los casi 27.000 millones de fondos europeos presupuestados para este ejercicio llevamos ejecutados ocho.

Tras el cambio en la dirección del Partido Popular, asistimos a la primera reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ya como alternativa solvente y reconocible. El Gobierno hizo público un documento de parte sobre la reunión, donde propuso 11 acuerdos al Partido Popular, dedicando el punto octavo al plan de recuperación.

Pedro Sánchez solicitó en el documento la máxima involucración de las comunidades y entidades locales para cumplir los hitos y objetivos del plan, proponiendo un acuerdo que garantice lealtad en la gestión de los fondos, en la comunicación pública y en las declaraciones de los fondos; la aceleración del ritmo de ejecución por parte de todas las administraciones; diálogo y colaboración con las comunidades; y el impulso a las medidas y reformas clave para cumplir los objetivos que liberan los desembolsos de los fondos.

"El Gobierno planifica inversiones de marcado criterio ideológico que priorizan lo público sobre lo privado"

Los hechos no se dicen, se actúan. Y lo que hasta ahora ha dicho el Gobierno no se corresponde con sus actos. La premisa que se esconde en ese texto es la manoseada “cogobernanza”. Si precisamente algo ha destacado del plan español, y de lo que son muy conscientes en Bruselas, es de que ésta no ha existido hasta ahora.

El Gobierno no ha contado con las autonomías, entidades locales u organizaciones empresariales en el diseño del plan, lo que podría haber evitado muchas de las disfunciones que estamos padeciendo. Se reparten créditos para realizar inversiones en las conferencias sectoriales sin margen para la flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de los territorios, elevando el riesgo de que se queden fondos sin ejecutar por las rigideces ministeriales.

El Gobierno planifica inversiones de marcado criterio ideológico que priorizan lo público sobre lo privado, por no decir que lo discrimina directamente, financiando inversiones que generarán más gasto estructural y ahondan en una de nuestras principales vulnerabilidades desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Conceptualmente subyace un intervencionismo trasnochado que está impidiendo que los fondos se apliquen de la manera más eficaz y eficiente.

"Las quejas empresariales sobre el escaso impacto tractor en la economía por la fragmentación de las convocatorias están justificada"

La lealtad en la gestión de los fondos no puede condicionar la facultad de expresar aquello que no funciona. Más si cabe cuando no se permite a los implicados mejorar el plan español o participar activamente en su desarrollo.

Las quejas empresariales sobre el escaso impacto tractor en la economía provocado por la fragmentación de las convocatorias, la falta de información y accesibilidad, los exiguos plazos para acudir a las licitaciones o las exigencias de cofinanciación están más que justificadas, existiendo un riesgo de que se deslocalicen inversiones hacia países de nuestro entorno con mayor dinamismo y flexibilidad.

Por otra parte, parece un ejercicio de cinismo reclamar apoyo para las reformas clave que condicionarán los futuros desembolsos de los fondos europeos. Viene a refrendar la creciente preocupación que existe sobre la debilidad parlamentaria del Gobierno y su capacidad para sacar adelante los compromisos pactados con Bruselas, que observa desde su atalaya con preocupación cómo se aprobará la segunda parte de una reforma de las pensiones que debe garantizar su sostenibilidad. Las medidas aprobadas hasta ahora caminan en sentido contrario.

"España tiene una nueva ocasión para alcanzar grandes consensos, reorientar su plan de recuperación"

En este contexto, España vuelve a tener una oportunidad para poder rectificar gran parte de los errores cometidos hasta ahora. El anuncio de la solicitud de los 74.000 millones en créditos permitirá elaborar una adenda al plan que cuente de verdad con los diferentes escalones de la administración y con el sector privado. Una que reformule las inversiones asociadas a los pilares del plan adaptándolos a la realidad y lo descargue de ideología, mejore la transparencia y la rendición de cuentas, propicie que las reformas estén alineadas con las recomendaciones del semestre europeo y facilite oportunidades de consenso con el principal partido de la oposición.

Precisamente, la propuesta de rediseño de los fondos europeos que presentó Núñez Feijóo dentro de su plan de medidas económicas contemplaba la sugestiva posibilidad de introducir incentivos fiscales que supondrían movilizar importantes recursos de manera ágil hacia el tejido productivo, eliminando los cuellos de botella y dinamizando la actividad económica.

Hasta ahora el Ejecutivo no ha previsto esta posibilidad, que sí han aprovechado Italia, Francia, Portugal, Grecia o Suecia, financiado el establecimiento de incentivos fiscales para empresas y familias. En nuestro caso, tanto las inversiones en transformación digital y en transición energética son candidatas potenciales para beneficiarse de deducciones fiscales.

España tiene una nueva ocasión para alcanzar grandes consensos, reorientar su plan de recuperación y maximizar el impacto tractor sobre nuestro tejido productivo. Confíen en los empresarios de nuestro país, proyectos no les faltan, y en las comunidades autónomas ansiosas por desarrollar grandes proyectos que vertebren y cohesionen sus territorios. Necesitamos transformar nuestra economía para la próxima generación y, para ello, el Gobierno no puede reincidir en los errores que ha cometido hasta ahora.

*** Santiago Sánchez López es economista.