Alberto Núñez Feijóo, durante una intervención en el Centro Cultural Casa del Reloj. EFE
Feijóo y el abismo de los jueces
¿Qué ocurriría si los propios jueces pasasen a ser el dueño mayoritario del CGPJ? ¿Sería acabar con un monstruo politizado para crear otro?
Hay dichos que a los gallegos nos retratan a la perfección. Pero casi siempre por razones muy distintas a las asumidas por los de más allá de Piedrafita. Que un gallego responde siempre a una pregunta con otra pregunta, o lo de que un gallego, en una escalera, no se sabe si sube o si baja. Cierto. Pero no es por prudencia o astucia, sino tan sólo por un profundo afán de quietud. De conservar intacto el paraíso heredado.
Concretar el peldaño o responder la pregunta, actuar, supone exponerse a que los otros también lo hagan. Arriesgarse a poner en marcha la peligrosa maquinaria del cambio, con su demoledor mecanismo de acción/reacción.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, a las puertas de la Moncloa. EFE
Nuestro gran secreto es que aquello de la “Galicia eterna” no es sólo un eslogan turístico. Es la más perfecta expresión de la naturaleza íntima de todo gallego, que disfruta complacido del movimiento de las olas y del fuego, pero porque los sabe cautivos dentro de los límites inmutables del mar y la chimenea.
El problema es que más allá de nuestra tierra mágica de acantilados, carballos y meigas, reinan los orcos. Y ahí afuera, la única eternidad que resulta beneficiada por la inacción es la de la ruina, la insolidaridad y la ruptura, y la de la victoria de los depredadores y la humillación de sus víctimas.
Tras unos titubeos iniciales, parece que Feijóo ha superado la celta tentación de la inmovilidad. Lo que ni siquiera intuyó en el Círculo Ecuestre de Barcelona ni en Ermua, pese a las sonrisas peguntosas de los hereu de las 400 familias y de Ortuzar, sí lo ha percibido hasta la catarsis en las palabras de Sánchez, cuando le confirmó la rebaja del delito de sedición.
Su reacción, rompiendo las negociaciones para la renovación del CGPJ, nada tiene que envidiar a la de Treebeard cuando tocó a rebato y convocó a la guerra a sus Ents, al contemplar horrorizado como el frondoso bosque de Isengard había sido reducido a un triste páramo, talado y calcinado, por obra del malvado Saruman. Sobre todo, por el mérito que supone vencer la inercia, ya de casi cuarenta años, de repartirse con el PSOE y los nacionalistas el puchero de la dependencia judicial.
Que habrá quien se malicie de que no se trata de virtud, sino de necesidad, la de acallar las críticas del sector más batallador del PP y reducir la sangría de confianza entre sus votantes: poco importa, que la virtud también se puede terminar adquiriendo por el saludable hábito de su ejercicio.
Que habrá quien añada, solemne, que no se puede supeditar el cumplimiento obligatorio de un mandato constitucional a la reforma siempre voluntaria de una ley (la LOPJ), por muy necesaria y urgente que ésta sea (que lo es): desde luego, pero si es verdad que en el paraíso del deber ser el fin no justifica los medios, en la realidad del cenagal político sanchista, hay pecados más graves que el de emplear como medio la falta de responsabilidad constitucional para alcanzar el fin de la independencia judicial y una democracia decente.
No hay problema. Abracemos con indulgencia al hijo pródigo que retorna a la casa del padre Montesquieu, tras frecuentar con muy malas compañías tugurios de muy mala fama y peor recuerdo.
Pero que el entusiasmo por el reencuentro y las ganas de hacerse perdonar los errores del pasado no le nublen la vista al hijo retornado. Que una cosa es regresar feliz al hogar y otra muy distinta no pararse a reflexionar sobre si la casa que se abandonó hace casi cuarenta años no necesita, tal vez, una reforma a fondo.
"¿Qué ocurriría si se volviese a un CGPJ con esa vieja mayoría de elección judicial?"
El CGPJ que el PP abandonó en 1985, cuando el PSOE de la corrupción y los GAL impuso la derogación de la LOPJ de 1980 y, con ella, su total colonización política, era un Consejo con una mayoría de 12 miembros de procedencia y elección judiciales, y los 8 restantes, de procedencia no judicial y elección parlamentaria.
Hoy, tras casi cuarenta años transcurridos desde el abandono de este modelo, que han sido cuarenta años de la más descarada patrimonialización partidista del órgano de gobierno de los jueces, el miedo al monstruo de la politización de la Justicia lo inunda todo porque, efectivamente, ese monstruo existe y sigue estando suelto. Y haciendo daño.
Pero la cuestión que hoy nos debemos preguntar es si la solución elegida para acabar con él es la correcta. Si el CGPJ de 1980 es realmente el paraíso perdido que hay que resucitar. En definitiva, si acabar así con el monstruo, no nos llevará a crear otro. O, para ser más exactos, a hacer más poderoso a un segundo monstruo que también siempre ha estado ahí.
Pregúntese a los habitantes sin puñetas del mundo judicial y, junto a relatos ejemplares de jueces cumplidores y diligentes, no faltarán historias para no dormir: desde Savonarolas de provincias que utilizan las citaciones judiciales como públicos autos de fe para castigar la infracción de sus particulares códigos morales o religiosos, hasta caudillos de los sumarios que no dudan en eternizar caprichosamente sus instrucciones, aunque ello suponga destrozar las vidas y haciendas de los investigados. Y, además, corporativismo, negligencia, pereza, incompetencia...
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Sabido es que gobernar el Poder Judicial no es juzgar, sino nombrar, ascender y, sobre todo, inspeccionar y disciplinar a los que lo hacen, atendiendo exclusivamente a sus condiciones de honradez, laboriosidad y competencia. Pero ocurre que, pese a todo lo descrito, durante los últimos 17 años, el porcentaje de jueces sancionados por faltas muy graves ha sido de sólo el 0,16%, y los jueces separados de la carrera judicial, tan sólo tres en los últimos cuarenta años.
La pregunta que se impone es clara. Si se ha llegado a este grado de ineficacia e impunidad judicial porque a los políticos, pese a ser los dueños de la casa del gobierno de los jueces, jamás les ha importado lograr un funcionamiento decente de la Justicia, siempre que su propia impunidad estuviese garantizada, ¿qué ocurriría si se volviese a un CGPJ con esa vieja mayoría de elección judicial?
¿Qué ocurriría si los propios jueces pasasen a ser el dueño mayoritario de la casa?
Hora es ya de preguntarnos si cuarenta años de justicia malograda no nos han enseñado que algo tan esencial para la supervivencia de una democracia, como es el gobierno del Poder Judicial, no sólo no debe quedar en manos de los políticos, sino tampoco en las de los jueces.
*** Marcial Martelo de la Maza es abogado y doctor en Derecho.
