Hipótesis y certezas de la brecha salarial en España
Los políticos claman contra la discriminación laboral en la víspera del 8M para después volver a colocarnos la máscara de víctima.
Tuit de la Moncloa: “El incremento del SMI supone una mejora en la vida de las personas trabajadoras, en especial de las mujeres y los jóvenes”.
El Gobierno eleva hasta los 1.080 €/mes el Salario Mínimo Interprofesional para el año 2023.
— La Moncloa (@desdelamoncloa) February 23, 2023
Este incremento del SMI supone una mejora en la vida de las personas trabajadoras, en especial de las mujeres y los jóvenes.
Toda la info: https://t.co/jRHTsvafP0#GobernamosContigo pic.twitter.com/5X2tVkzXkb
El texto, que categoriza los 1.080 €/mes por edad y género, fue redactado a dos semanas del 8 de marzo y deduce que la mujer que cobrará lo mismo que un hombre será “especial”. Escribir ese tuit en campaña electoral permanente se ha convertido en el topicazo y en una nueva evidencia de la institucionalización del feminismo.
Detrás del eslogan, la realidad: una serie de barreras a la promoción femenina en un partido en el que juega el Estado, las empresas y las mujeres. Y el resultado es que el sistema sigue sin indagar en el motivo por el que los hombres y las mujeres ganan diferentes salarios.
Las mujeres admitimos que existe una desigualdad salarial. Asumimos que la tasa de ocupación femenina ha mejorado casi un punto respecto a 2021, pero que aún nos llevamos diez respecto a los hombres. Asumimos que el 92% de las personas ocupadas a tiempo parcial por el cuidado de familiares dependientes son mujeres. Y que, aunque el hombre dedica tres horas más a las tareas domésticas respecto a 2019, el 87% son féminas.
Los partidos políticos reivindican la discriminación laboral en vísperas del 8M para después volver a colocarnos la máscara de víctima. Una que necesita de una ley que la visibilice ante el “heteropatriarcado”, que aparta la cuestión matriz que refuerce la esencia del artículo 14 de la Constitución Española. El que nos iguala ante la ley en derechos.
Es digno de aplaudir que la brecha salarial haya descendido en cinco puntos desde 2007, hasta situarse en el 11,9%, mientras que la media de la Eurozona es del 15%. Pero cabe preguntarse por qué, pese a la normativa internacional, europea y regional a favor de la conciliación laboral e invisibilidad en algunas profesiones, como la agraria los números, se reducen a un ritmo tan tímido.
Una primera hipótesis es el factor cultural. Asumamos que la incorporación de la mujer al mundo laboral está condicionada por la situación personal y cuidado de los hijos. La igualdad en los permisos de baja por maternidad y paternidad o la flexibilidad laboral, entendida en los mandos intermedios, explica que a nivel general hemos evolucionado, lo que lentamente haría derribar la barrera cultural.
"Seguimos sin entender que esto va de remar a favor del progreso humano"
En el caso de los puestos directivos, la brecha pasa de casi un 5% en el caso de las mujeres a casi el 9% en el de los hombres. Si entendemos las razones como culturales, estos datos se irán invirtiendo con el cambio generacional. Lo que se traduce en que vivimos en ese marco de transición de ciclo que recordaremos en los libros de historia.
La segunda hipótesis defiende que, más allá de la igualdad recogida como tal en la Constitución, la realidad es que mantener la balanza es difícil.
¿Cuántas mujeres eligen una u otra profesión por obligación? ¿Cómo influir en la decisión de las mujeres que escogen quedarse en su casa cuidando de sus hijos? Y si lo hacen, ¿qué hay de malo?
El informe Mujeres en la tecnología: la mejor apuesta para resolver la escasez de talento en Europa, elaborado por McKinsey & Company, recoge los datos de más de 60 millones de trabajadores en Europa. El estudio concluye que si se duplicara la cuota femenina en los empleos tecnológicos hasta 2027, el PIB de la Unión Europea podría aumentar en 600.000 millones de euros.
[El teletrabajo podría aumentar aún más la brecha salarial]
En 2023, sólo el 22% de las mujeres europeas ocupan puestos tecnológicos en las empresas. La razón que aporta el estudio certifica que no es biológica: los niños y niñas sacan diferentes notas en los informes PISA por sus diferentes capacidades que poco tienen que ver con su sexo.
Tercera hipótesis. La normativa institucional adaptada a empresas no terminará de cambiar el eje si se deja de lado del tejido productivo, una vez más, el impulso hacia nuevos proyectos emprendedores. ¿Y si el Gobierno repartiera 177 millones de euros a las comunidades autónomas para fomentar el emprendimiento femenino en lugar de a la lucha contra la violencia machista? Quizás así todas las estadísticas jugarían a nuestro favor y llegaría algún día en el que no haría falta ni una nueva ley, ni ministerio.
En este sentido, asoman los brotes verdes que la exministra Elena Salgado nos animaba a ver en concepto de tasa de creación de proyectos liderados por mujeres: casi la mitad cuenta con estudios universitarios, tiene entre 30 y 45 años y según el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de 2021-2022 por primera vez la tasa de emprendimiento femenina supera a la masculina.
Quizás seguimos sin entender que esto no va sobre una carrera para ver cómo nos comemos laboralmente a los hombres, sino de remar a favor del progreso humano. Será entonces cuando el feminismo deje de patentarse como marca electoral, cuando cobre todo su sentido.
*** Marta García Bruno es periodista, profesora en la facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria y doctoranda en Comunicación Política.