Los fiscales del 'procés'.
La impunidad que propiciará la Fiscalía
La actuación de la Fiscalía deja mucho que desear. Si les dan la instrucción penal, sustituyendo a los jueces, habrá un incremento en la impunidad de los delitos.
Ha llegado la hora de decir las cosas en alto. Años lleva la Fiscalía, y no pocos, haciéndonos descender a los españoles escalón tras escalón en la defensa de nuestros derechos.
No se trata de un problema de incompetencia de los singulares fiscales. Hay consenso en el mundo jurídico en que son excelentes profesionales (con carácter general).
Sin embargo, su actuación como estructura deja cada vez más que desear. El problema es que les quieren dar la instrucción penal, sustituyendo a los jueces. Algo que se terminará haciendo más pronto que tarde. Y eso comportará, sin duda, un incremento en la impunidad de los delitos.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Europa Press
Veamos como ejemplo, y por referirnos sólo a los últimos años, el caso del juicio del procés. Hablamos del decaimiento más absoluto de la Fiscalía, que rozó el ridículo durante la vista pública. Sólo gracias a unas excelentes peritas y a una magnífica abogada del Estado, que fue quien llevó en verdad la acusación, el proceso se salvó para España. Los superfiscales estorbaron más que otra cosa.
Un segundo hito de la Fiscalía es lo sucedido en las residencias de ancianos durante la primera oleada de la Covid. Sorprende que el fiscal general del Estado haya reivindicado la labor de la Fiscalía en esa materia, dado que han sido las asociaciones de pacientes y los particulares quienes han luchado, en solitario, por la judicialización de los casos de miles de ancianos muertos en las residencias.
Fueron los fiscales, además, quienes desde el primer minuto más se esforzaron en pedir el archivo de todas las diligencias abiertas. ¿Por qué no les alarmaba tanta muerte en las residencias?
"El fiscal llegó a un acuerdo con defensas y acusaciones particulares, cerrando el caso, mediante conformidad, con una pena de dos años de prisión para cada uno de los agresores"
Lean (aunque sólo sea para tomar conciencia de lo que ocurrió) el informe del Procurador del Común de Castilla y León sobre el particular.
Un tercer hito, ahora con dos ejemplos muy concretos sobre la falta de compromiso de la Fiscalía General del Estado en la lucha contra la violencia sexual, a pesar de las palabras del fiscal general en la apertura del Año Judicial.
Me refiero a dos sentencias por hechos sucedidos en Estepona y en Lugo.
En el primer caso (SAP, Málaga, Sección 8.ª, 181/2022, de 26 de abril), dos policías municipales, sirviéndose de los datos obtenidos en un control de alcoholemia, se personaron, de uniforme, en un domicilio particular, bien provistos de cocaína. Los dos abusaron sexualmente de una mujer joven (violación) y lesionaron a un amigo que trató de defenderla.
El fiscal llegó a un acuerdo con defensas y acusaciones particulares, cerrando el caso, mediante conformidad, con una pena de dos años de prisión para cada uno de los agresores. Obviamente, esos policías, que, supongo, pasaron un rigurosísimo proceso de selección para incorporarse al (Real) Cuerpo de Policía Municipal de Estepona, no entrarán en prisión.
¿De verdad cree la Fiscalía General del Estado que con estas conformidades se lucha eficazmente contra la violencia sexual?
El segundo caso se refiere a un suceso acaecido en Lugo (SAP, Lugo, Sección 2.ª, 13/2023, de 18 de enero). Una mujer entrega a su hermana pequeña, de ocho años, a un cuñado para que abuse sexualmente de la niña. El abuso se prolongó durante un lustro. A los tres años de lo anterior, la hermana da entrada en el escenario a un segundo hombre, que abusa también de la niña durante un largo tiempo. La niña acabó preñada, llevó su embarazo en completa soledad, dio a luz, el bebé se entregó en adopción, y la muchacha pasó a vivir alejada de su entorno familiar.
Supongo que no hay que explicar a los lectores lo que supusieron todos estos hechos para la niña abusada.
Los acusados, con una sentencia conformada por el Ministerio Fiscal con las defensas, fueron condenados a tres años de prisión. No llegó la condena ni siquiera a un año por cada igual periodo de abusos.
Hay más casos si los quieren.
¿De verdad cree la Fiscalía General del Estado que con estas conformidades se lucha eficazmente contra la violencia sexual? ¿Creen, en serio, que los fiscales están contribuyendo eficazmente a proteger a las víctimas abusadas?
¿O sólo son funcionales para "quitarse papel de encima"?
¿Cuándo va a poner límites el legislador, ya que los fiscales no lo hacen, a estas conformidades que han logrado resucitar en nuestro Derecho el "perdón de la ofendida", logrando que se "olvide" el delito a cambio de algunas sumas de dinero (tampoco de tanto)?
Acabarán dando a los fiscales la instrucción penal. Parece inevitable. Pero también será ineludible, entonces, que los índices de impunidad crezcan escandalosamente en nuestro país, en todos los campos.
*** Francisco Javier Álvarez García es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III.
