¿Qué más puede hacer la UE por la democracia en Polonia (y Hungría)?

Jaroslaw Kaczynski, del partido gobernante Ley y Justicia (PiS), sigue el ejemplo de su homólogo húngaro, Viktor Orbán, y está dedicándose a alimentar el miedo a la injerencia extranjera y a utilizar el poder informal, lo que crea unas perspectivas preocupantes sobre la calidad de las elecciones. Todo ello con el telón de fondo de las acciones legales que ha emprendido la UE contra Polonia por su desprecio constante a las normas democráticas y su falta de adhesión a los valores fundamentales del bloque europeo.

Donald Tusk, líder de la Coalición Cívica, después del debate en la televisión pública. Slawomir Kaminski Agencja Wyborcza

El año pasado, por primera vez, la Comisión Europea activó el Mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho contra Polonia y Hungría, en respuesta a los retrocesos democráticos en ambos países. El propósito de este nuevo instrumento es proteger los intereses presupuestarios y financieros de la UE frente a las violaciones del Estado de derecho, como en el caso de irregularidades sistémicas en la contratación pública.

En la actualidad tiene retenidos alrededor de 30.000 millones de euros en fondos estructurales destinados al gobierno de Orbán y está impidiendo a Polonia el acceso a más de 35.000 millones de euros en activos de recuperación por la COVID-19. Desde luego, estas medidas constituyen una escalada por parte de la UE. Pero la decisión de utilizar los fondos como baza, si bien es una novedad en la gobernanza europea, no es una fórmula que vaya a hacer obedecer ni a Fidesz ni al PiS.

El motivo es que el Consejo Europeo y la Comisión Europea carecen de la voluntad política necesaria para hacer cumplir las normas. Tanto el Fidesz de Orbán como el PiS de Kaczynski están alterando las reglas del juego de manera irregular para marginar a sus rivales y acallar las opiniones críticas. Los dos gobiernos han debilitado los mecanismos de control y han socavado las instituciones democráticas hasta un punto que es poco conocido para muchos europeos. Y no es de extrañar, puesto que ninguno de los dos emplea métodos descaradamente represivos para alcanzar sus objetivos, sino que instrumentalizan la ley para adaptarla a sus objetivos autoritarios.

"Ley y Justicia se las ha ingeniado para que el gigante petrolero estatal PKN Orlen tome las riendas de la empresa de medios de comunicación Polska Press"

Cada país lo consigue de formas diferentes. En Polonia, el patrocinio del partido y el nepotismo son las características fundamentales del clientelismo que organiza el país. Eso ha permitido que haya un número sin precedentes de parientes y aliados del PiS que ocupan altos cargos estatales con escasa transparencia y ha ayudado a Kaczynski a mantener su frágil coalición.

En Hungría, por su parte, los recursos estatales se distribuyen en gran medida desde arriba y se centran en la red personal de Orbán. El resultado es el control monopolístico del Estado y de sectores económicos cruciales. Los dos países tienen rasgos en común: ejercen el poder de manera informal mediante la captura de los medios de comunicación y utilizan el poder de determinadas personas y empresas estatales para silenciar o neutralizar a los medios de comunicación independientes del gobierno.

El PiS, por ejemplo, ha convertido la radiotelevisión pública polaca en un instrumento de propaganda estatal y, por si fuera poco, se las ha arreglado para que el gigante petrolero estatal PKN Orlen tome las riendas de la empresa de medios de comunicación Polska Press. Como consecuencia, Daniel Obajtek, un estrecho aliado político de Jaroslaw Kaczyński, controla hoy 20 de los 24 periódicos regionales de Polonia, más de 120 revistas locales y 500 portales de noticias en internet. Los dos imperios mediáticos están contribuyendo a difundir la teoría de que el principal candidato de la oposición en las inminentes elecciones, Donald Tusk, está colaborando con Alemania y Rusia para destruir el Estado polaco.

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En Hungría, la situación es todavía peor. Los portales de noticias Origo e Index eran independientes antes de que los absorbieran unas empresas pro-Orbán vinculadas al empresario Miklós Vaszily. Ahora Origo es firmemente progubernamental y se le acusa con frecuencia de publicar teorías de la conspiración y bulos. Index, tras un cambio de dirección que provocó la dimisión en masa de parte de su plantilla, ha dejado de criticar abiertamente al Gobierno húngaro. A la radio independiente Klubrádió, por su parte, la obligó a dejar de emitir por dudosos motivos relacionados con su licencia una organización estatal llena de responsables aliados de Fidesz.

También en ambos países se utiliza a la autoridad nacional de la competencia y los consejos de medios de comunicación políticamente controlados para aumentar los medios de comunicación progubernamentales, en muchos casos mediante la aprobación de fusiones y adquisiciones que favorezcan al Gobierno.

Un ejemplo es la creación de la Fundación de Prensa y Medios de Europa Central (KESMA) en Hungría en 2018, un organismo que ha canalizado la transferencia de 476 medios de comunicación a una fundación pro-Fidesz.  Los que intentan trabajar por libre o mantener su posición se convierten en objetivos del gobierno. Si no hay más que preguntar a Zoltán Varga, uno de los últimos dueños de medios de comunicación húngaros que quedan, que soporta desde hace tiempo el acoso de los aliados del primer ministro y, al parecer, fue objeto de vigilancia con el programa espía Pegasus por orden de altos funcionarios.

"Es necesario que la Comisión adopte una estrategia sostenida para evitar que Polonia y Hungría caigan en el abismo"

Como respuesta, Bruselas ha decidido respaldar cambios institucionales formales en las directivas europeas. Pero la diferencia entre la ley escrita y su aplicación es lo que está permitiendo a Fidesz y el PiS incrementar sus ataques contra organismos democráticos independientes dentro de sus países, sin miedo alguno a las consecuencias.

Por ejemplo, a propósito de la regulación de los medios de comunicación en ambos países, la Directiva de servicios de comunicación audiovisual de la UE impone unos requisitos formales que se aplican en toda Europa. Sin embargo, el texto de una ley nacional bien redactada puede cumplirlos con facilidad porque, en su forma actual, se parecen a un ejercicio de "marcar casillas", como demuestra la configuración y el funcionamiento del Consejo Húngaro de Medios de Comunicación, que, aunque oficialmente cumple los requisitos de la UE, lleva a cabo una actividad cautiva y sesgada.

Esto significa, en las circunstancias actuales y mientras los cimientos democráticos de estos dos países se deterioran, que estamos atrapados en un bucle. Tanto Orbán como Kaczynski están encantados de mantener su fachada de adhesión al marco del Estado de derecho de la UE y alegan que están cumpliendo las leyes nacionales. Sin embargo, como ya hemos dicho, el proceso legislativo no cumple los principios básicos de la democracia, porque fomenta la tramitación acelerada y poco transparente de leyes y utiliza de forma indebida las consultas nacionales y los referendos sesgados para legitimar determinadas medidas.

En consecuencia, la postura de la UE es insostenible, en la medida en que aborda ciertos aspectos del poder informal pero ignora otros. Está tomando medidas selectivas cuando debería responder en términos absolutos y no es razonable que afirme estar haciendo todo lo posible para garantizar la existencia de valores homogéneos en todo el bloque europeo.

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En Bruselas muchos explican que la UE no tiene poderes suficientes para contrarrestar el retroceso democrático. Pero no es verdad. Tiene a su disposición toda una serie de herramientas y no necesita enzarzarse en un perpetuo "ciclo de creación de instrumentos" cada vez que surge un problema urgente en un Estado miembro infractor. Se está creando problemas a sí misma al permitir que en Polonia y Hungría prospere un sistema de desdemocratización en red y mantener su desacertada estrategia actual de conceder fondos a cuentagotas si se cumplen determinadas condiciones. Esto deja que el PiS y Fidesz pongan remedios superficiales, mientras que los sistemas informales de poder no se controlan y tienen libertad para seguir atacando el tejido democrático del país.

Por tanto, es necesario que la Comisión Europea adopte una estrategia polifacética y sostenida para evitar que Polonia y Hungría caigan en el abismo. Dicha estrategia debería incluir acciones legales inmediatas y, en caso necesario, prolongadas contra los gobiernos de ambos países; la suspensión indefinida de los fondos de la UE; y una aplicación más eficaz de la condicionalidad. En el contexto de la captura de los medios de comunicación y el marco regulador de la UE, la Comisión debe ser más específica a la hora de definir el poder informal. Y debe utilizar sus poderes, que están muy claros, en materia de leyes de competencia y ayudas estatales para intervenir de manera proporcionada con procedimientos de infracción.

La UE no puede comprometerse a medias con unos gobiernos que no tienen intención de respetar las normas del bloque europeo. Tiene que ser implacable y utilizar todas las herramientas que posee para poder salvaguardar la democracia de estos dos países.

*** Edit Zgut-Przybylska es profesora visitante en el Instituto de la Democracia de la Central European University e investigadora en el IFIS de la Academia Polaca de Ciencias.