Dejad la justicia en paz

No es de recibo que el presidente del Gobierno en funciones plantee la amnistía (que, de manera insólita y escandalosa, está negociando con los que quiere amnistiar) como una especie de correctivo a la actuación de los jueces para "superar las consecuencias judiciales de una de las peores crisis territoriales de la democracia". 

Es de mal gusto y está profundamente equivocado llamar "crisis territorial" a lo que ocurrió en 2017.

Pere Aragonés, Oriol Junqueras y Gabriel Rufián, el pasado 24 de julio en un acto celebrado por ERC en Barcelona para analizar el resultado de las elecciones. Europa Press

Ni fue una crisis anónima, sino más bien hechos delictivos perpetrados con personas con nombres y apellidos, ni fue territorial, dado que las víctimas han sido los ciudadanos que no apoyan la secesión ni la autodeterminación. Acusar a los representantes de la justicia por hacer lo que tienen que hacer, que es precisamente administrar justicia y aplicar las leyes de forma no discriminatoria, es signo de una peligrosa deriva populista.

Es más, las sentencias contra los que cometieron delitos en torno al referéndum ilegal de independencia en 2017 no son consecuencias judiciales de una crisis política. Son consecuencias legales de unos actos individuales que han sido probados. El Poder Judicial no impone consecuencias, lo hace la ley.

Para más inri, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero acaba de echar la culpa de "la crisis de 2017" a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Dice Zapatero que esta sentencia "provocó" tal crisis.

La provocó ese "mal Tribunal Constitucional" que se limitó a interpretar minuciosamente las previsiones del Estatuto de acuerdo con la Constitución, salvando así un texto plagado de una abrumadora deslealtad federal, en vez de declararlo inconstitucional casi en su totalidad, como pensamos muchos expertos en Derecho Constitucional.

No matizó Carlos Alsina en su entrevista de ayer al reconocerle a Zapatero que, cuando era presidente, no aprobó ninguna amnistía, ni indulto, ni cambió leyes orgánicas para contentar a sus socios o a ETA. Porque Zapatero sí hizo algo parecido a todo ello.

Y eso es lo que ha aprendido Pedro Sánchez: a cambiar la Constitución por la puerta de atrás.

En el caso de Zapatero fueron, precisamente, los nuevos Estatutos de Autonomía, espoleados por el plan Ibarretxe, que se aprobaron entre 2006 y 2008. ¡Todo un festival de la convivencia!

Por eso está tan molesto el expresidente con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. ¿Cómo se atrevió el Alto Tribunal a examinar jurídicamente lo que él había diseñado como astucia política para apaciguar a los nacionalistas? ¡Qué gran acierto y qué bondad para más de la mitad de los catalanes imponer el catalán como lengua propia de Cataluña, preferente para la Administración pública y vehicular en la enseñanza! 

No nos debería sorprender este afán de Sánchez, de Zapatero y de gran parte de nuestra élite política de servirse de la justicia para justificar sus ocurrencias. La politización de las instituciones y el manoseo de los órganos de gobierno del Poder Judicial están a la orden del día. 

No nos debería sorprender. Pero eso no implica que nos quedemos callados. Ya que no facilitáis el trabajo de los jueces, dejadlos por lo menos en paz. 

*** Eva Poptcheva es eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta del Comité de Economía del Parlamento Europeo.