Las virtudes de un sorteo para desbloquear el CGPJ

Foto de archivo del Consejo de Ministros. Fernando Calvo Moncloa

Cualquier demócrata debe así rechazar las irresponsables declaraciones del Gobierno y sus socios parlamentarios respecto a un deficiente funcionamiento de la justicia en España, que no encuentran base en ninguna de las comparativas internacionales que califican a nuestro país como una democracia muy consolidada incluido en lo relativo a la independencia judicial.

Al contrario, es esta pseudoizquierda gubernamental la que debilita el Estado de derecho, intimidando desde el Poder Ejecutivo a jueces y haciendo a los ciudadanos dudar de las instituciones.

Además, y respetando plenamente la presunción de inocencia, estos ataques arrecian precisamente cuando al Gobierno le interesa desviar la atención respecto a casos de eventual corrupción que les implican, en lugar de respetar con normalidad democrática tanto los oportunos procedimientos judiciales como el escrutinio del contrapoder que son los medios de comunicación.

"El mandato del actual CGPJ no está 'caducado', como con frecuencia reprocha el actual Ejecutivo, sino prorrogado de manera plenamente constitucional"

Esta valoración sobre la poca credibilidad que merece el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a sus intenciones respecto al Poder Judicial no impide afirmar que el bloqueo desde hace cinco años en la renovación de su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ) es un grave problema que exige una pronta solución.

Pero en ningún caso la excusa de la urgencia debe servir para que el Poder Ejecutivo y su mayoría parlamentaria colonicen otro poder del Estado más, porque el CGPJ tiene funciones tan importantes y que merecen plena independencia como las de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo, ordenar el sistema de nombramientos y ascensos de toda la carrera judicial o decidir sus medidas disciplinarias, así como elegir a dos magistrados del Constitucional.

Recalquemos que el mandato del actual CGPJ no está "caducado", como con frecuencia reprocha el actual Ejecutivo, sino prorrogado de manera plenamente constitucional, como lo estaría un Gobierno en funciones que hubiese de extender extraordinariamente su vigencia porque el Parlamento no lograse investir uno nuevo.

Y esto es exactamente lo que ocurre con el CGPJ: la ley vigente exige unos acuerdos que no se producen, y que de hecho ni se intentan porque las presidencias de ambas cámaras faltan a su obligación de iniciar los oportunos trámites para renovar este órgano.

Si el bloqueo es culpa de alguien, lo es pues de todos los grupos parlamentarios en proporción al número de escaños que no logran que se incorporen a la mayoría de tres quintos necesaria para una renovación, y ya durante cuatro legislaturas.

"La Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido varias veces modificada por el PSOE y el PP para asegurarse que todos los vocales respondan a alineamientos partidistas"

Por otro lado, la decisión del entonces gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de restringir las facultades de gestión del CGPJ prorrogado empeoraron la situación, porque de nada sirve presionar a los actuales miembros de ese órgano sino que lo debe ocurrir es que los parlamentarios elijan a unos nuevos.

Lo único que se ha logrado con esta medida es asfixiar al Poder Judicial al impedir proveer muchas vacantes en tribunales provocando un retraso en la administración de la justicia que perjudica gravemente a todos los españoles y, como decíamos al inicio, especialmente a los menos poderosos, que son quienes más tienen que perder cuando se amenaza el imperio de la ley.

¿Cómo solucionarlo? Adoptando un nuevo sistema que mate dos pájaros de un tiro: asegurar una renovación en plazo del CGPJ y reforzar su independencia respecto a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

El artículo 122 de nuestra Constitución indica que "el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas".

Pero esa Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido varias veces modificada por el PSOE y PP para asegurarse que todos los vocales (incluidos los provenientes de la carrera judicial) respondan a alineamientos partidistas, forzando la interpretación del texto constitucional para que incluso los doce "jueces y magistrados de todas las categorías judiciales" sean elegidos igualmente entre Congreso y Senado.

¿La alternativa es una elección por y entre los jueces, como últimamente defiende el Partido Popular?

No, y no por prejuicios sociológicos respecto a la judicatura (que convenga introducir becas públicas para opositores con escasos recursos no debe llevar a cuestionar un sistema que en su conjunto es el que mejor garantiza el mérito y la capacidad), sino porque ese sufragio supondría sustituir el mercadeo partidista por un procedimiento de elección condicionado por las asociaciones judiciales, también fuertemente politizadas.

Analizando la proposición de ley del PP de 2023 es fácil adivinar que, pese al sistema de listas abiertas, marcando cada elector un máximo de seis candidatos entre los doce a elegir, los aspirantes que patrocinaran las asociaciones tendrían muchas más posibilidades de resultar elegidos.

Una designación por sorteo enraizaría en una tradición en la que destacó el nombramiento de ciertas magistraturas en la Grecia clásica y que sigue vigente en instituciones tan respetadas como son por ejemplo las mesas electorales, ciertos tribunales de oposición o los jurados populares, en nuestro país y muchos otros, y que está siendo objeto de una creciente reivindicación desde diversos ámbitos.

Evidentemente, no se trata de defender el sorteo para cualquier cargo público. Por ejemplo, sería inoportuno para formar un gobierno porque impediría la adecuada deliberación entre opciones políticas imprescindible para la democracia.

Pero sí puede ser la mejor alternativa cuando se trata precisamente de asegurar una gestión técnica de un órgano evitando injerencias políticas, incluidas las corporativas.

La regulación concreta habría por supuesto ser fruto del trámite parlamentario para reformar la actual ley. No es preciso que se trate de un "sorteo puro", sino que puede resultar más adecuado permitir que los candidatos sean voluntarios y no forzosos, así como requerir una cierta antigüedad en la carrera judicial (por ejemplo doce años, algo menos que los quince exigidos para el Tribunal Constitucional).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

También se puede regular que cuando hubiesen salido en el sorteo un cierto número de candidatos de un sexo se prosiguiese sólo entre los del otro para asegurar la paridad (debe notarse no obstante que hay más juezas que jueces, aunque podría haber más disparidad entre quienes se postulasen al órgano).

También resultaría adecuado prever la presentación pública por parte de los candidatos insaculados ante las Cortes Generales, que pudieran dar lugar excepcionalmente a un veto si tres quintos de los parlamentarios valorasen que lo expuesto por un candidato lo hiciese inapropiado para el cargo, tal como se recoge en la propuesta de Izquierda Española.

Se invertiría así la situación actual de frecuentes bloqueos y de "reparto de cromos" para salir de ellos, porque ese acuerdo reforzado de tres quintos de las cámaras no sería necesario para elegir, sino para excepcionalmente vetar a quien concitara un rechazo que por su transversalidad no podría ser de naturaleza partidista, sino relativo a la manifiesta incompetencia o declaraciones alejadas del proyecto constitucional que pudiera manifestar algún aspirante.

Para evitar bloqueos tácticos de los parlamentarios para que "corriera la lista", convendría que el sorteo inicial se limitase a los doce puestos a elegir, extrayéndose adicionales sólo en el caso excepcional de producirse algún veto.

Este sistema por sorteo, impulsado de oficio por el CGPJ saliente unos meses antes de expirar su mandato, aseguraría (salvo que las Cortes lo intentasen "sabotear" vetando a todos los candidatos, situación límite tan innecesaria de prever como las que igualmente podrían bloquear hoy otros órganos constitucionales) que este órgano se renovase en plazo cada cinco años al menos con los doce vocales judiciales que habrían de constituir suficiente cuórum.

A su vez, resultaría un incentivo para que las cámaras no demorasen la elección de los otros ocho vocales que constitucionalmente sí deben elegirse por los parlamentarios.

Dado el bloqueo de cinco años que ya se acumulan, no es fácil confiar en que los actuales protagonistas políticos lleguen a un acuerdo que no suponga un mero reparto de puestos, y las amenazas de Pedro Sánchez hacen pensar que incluso incurra en el abuso de rebajar el requisito de los tres quintos convirtiendo así en una prolongación de la mayoría de investidura del Gobierno la elección de un órgano que debería tener garantizada su independencia.

Pero pronto los españoles tendrán ocasión de respaldar en las urnas a quienes, mediante propuestas racionales y llegado el caso en negociaciones sin trampa, anteponen el interés general al oportunismo electoral.

Porque la independencia entre los poderes del Estado es un principio mucho más valioso que la legítima ambición de cada partido.

*** Víctor Gómez Frías forma parte de la ejecutiva de Izquierda Española.