Putin, Puigdemont y otras injerencias del montón

Todo ello, reflejo de la débil cultura estratégica y de seguridad nacional de nuestro país, de un conocimiento superficial sobre la Rusia de Vladímir Putin, y de una vida pública dominada por los asuntos locales y los intereses cortoplacistas de los partidos políticos.

Sencillamente, más allá del cruce de declaraciones del día o de la siguiente cita electoral no hay nada. 

Carles Puigdemont durante la última campaña electoral en Elna (Francia). Europa Press

Y la injerencia rusa en Cataluña es un asunto incómodo políticamente y de muy dudoso rédito electoral. De ahí el desinterés generalizado y el aparente consenso implícito por enterrarlo discretamente, incluido entre quienes se oponen a la amnistía.

Con la honrosa excepción, claro está, de los jueces encargados de las investigaciones sobre el procés, de contados, pero encomiables eurodiputados españoles, de unos pocos periodistas y de alguna organización de la sociedad civil con más moral (¡o acaso dignidad!) que el alcoyano. 

En el otoño de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy pareció, simple y llanamente, desbordado por el asunto. No parecía entender muy bien ni a qué se enfrentaba ni por qué. España siempre se había mostrado como uno de los miembros de la Unión Europea más comprensivos con Rusia y más proclives a impulsar medidas para destensar la relación con Moscú.

¿Por qué, entonces, la maquinaria de agitación y propaganda del Kremlin ponía toda su potencia al servicio de la causa separatista? 

"Grupos de hackers afines al Kremlin daban respaldo a los independentistas en el frente digital"

La incomprensión se veía agravada porque, siguiendo su práctica habitual, Moscú jugaba a la confusión estratégica. Así, mientras que oficialmente negaba cualquier injerencia y declaraba que se trataba de un asunto interno de España (aunque sin perder la oportunidad de comparar la cuestión catalana con Kósovo y Crimea), los medios de comunicación estatales rusos realizaban una cobertura particularmente hostil en la que, por ejemplo, se informaba de un inminente estallido violento.

También, de que el acceso a internet había sido bloqueado por unas autoridades españolas que no querían testigos de una posible represión sangrienta del movimiento secesionista; mientras Osetia del Sur (una entidad estatal ficticia controlada por el Kremlin) inauguraba una embajada en Barcelona porque, en declaraciones de su "ministro de Asuntos Exteriores", de visita esos días en la Ciudad Condal, estaban "listos y dispuestos a reconocer la independencia de Cataluña". 

A eso, además, había que añadir la actividad de grupos de hackers afines al Kremlin dando respaldo a los independentistas en el frente digital.

Eso es lo que, a grandes rasgos, se sabía con certeza en ese momento. Pero hoy sabemos que había mucho más entre bambalinas. Como, por ejemplo, que Carles Puigdemont y su equipo mantenían una interlocución fluida con el entorno del Kremlin o que Rusia tenía desplegados importantes activos en Cataluña durante las fechas críticas de aquel otoño.

Para contextualizar la perplejidad española con esta actividad hostil rusa, conviene recordar, por ejemplo, que en pleno proceso de anexión de Crimea en marzo de 2014, con un entorno internacional tensionado (con, por ejemplo, las fuerzas nucleares rusas en estado de alerta, según declararía Putin tiempo después), el ministro ruso de exteriores, Sergei Lavrov, fue recibido en Madrid al más alto nivel, incluyendo un inusual protocolariamente encuentro con su Majestad el Rey o el presidente Rajoy, en un ambiente cálido y distendido para, entre otros, firmar un acuerdo para impulsar la cooperación turística.

Lavrov, durante la rueda de prensa conjunta con su homólogo español, José Manuel García-Margallo, no dudó en calificar la relación bilateral de "asociación estratégica", en línea con la declaración suscrita en marzo de 2009 por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el entonces presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvédev.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. EFE

En aquel acuerdo también se enfatizaba la cuestión turística y quizás el clima tan cálido y amistoso en el que se desenvolvían las relaciones bilaterales fue lo que provocó el célebre lapsus de Zapatero en la rueda de prensa conjunta con Medvédev.

Volviendo a 2014, Lavrov aprovechó el encuentro con la prensa en Madrid, también, para negar que hubiera fuerzas rusas desplegadas en Crimea. Se trataba, dijo, de "fuerzas de autodefensa, creadas por los habitantes de Crimea".

Al igual que sucedería después en los albores de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, Moscú estaba desplegando una intensa operación de influencia y desinformación para dificultar la respuesta ucraniana y euroatlántica ante su anexión de Crimea. 

Desde la óptica española, la secesión de Crimea y posterior anexión rusa resultaba problemática por el posible paralelismo con el desafío independista catalán. Así, el ministro español expresó su rechazo explícito a la celebración de un seudorreferéndum de secesión en Crimea. "Un referéndum que viola una Constitución interna viola por definición la legalidad internacional y no puede producir efectos jurídicos. Un territorio que se escinda en violación flagrante de una Constitución interna no puede aspirar al reconocimiento internacional" indicó Margallo, en clara alusión a Cataluña.    

Sin embargo, y en línea con el posicionamiento español habitual, eso no fue óbice para buscar vías para un rápido reencuentro con Moscú, apostando por "encapsular" la cuestión de Crimea y por obviar la intervención militar encubierta de Rusia en el este de Ucrania enmascarada como una supuesta sublevación armada local.

Así, el mismo Margallo, en un encuentro con sus homólogos europeos en enero de 2015, apostó por la búsqueda de "una solución [legal] imaginativa que permita a las dos partes [Rusia y Ucrania] salvar la cara" con relación a Crimea y propiciar "un nuevo acercamiento con Rusia". 

"Lo de los 'legítimos intereses rusos' era una fórmula repetida por la diplomacia española que reflejaba un profundo desconocimiento e ingenuidad sobre Rusia y sus objetivos estratégicos"

Esa posición reflejaba lo expresado en la Estrategia de Acción Exterior adoptada en octubre de 2014 que, una vez consumada la anexión rusa de este territorio ucraniano, apostaba, además, por una curiosa cuadratura del círculo al indicar que "preservar la integridad territorial de Ucrania, lo que [apunta el documento] en absoluto es incompatible con los legítimos intereses rusos en Crimea, redefiniendo el estatus de Crimea dentro de Ucrania". 

Lo de los "legítimos intereses rusos" era una fórmula repetida por la diplomacia española, pero nunca concretada en sus detalles, lo que permitía estos malabares dialécticos que, ciertamente, reflejaban esa vocación española por promover ese reencuentro con Moscú, pero también, un profundo desconocimiento e ingenuidad sobre Rusia y sus objetivos estratégicos.

Lo que, por otro lado, suponía que, obviamente, Rusia no estaba en ningún caso en el radar de España con relación a los riesgos asociados al procés. Y ello pese a que Moscú llevaba ya varios años desplegando una intensa actividad hostil híbrida contra los países del espacio euroatlántico y las relaciones conocidas de algunos gerifaltes de la vieja Convergencia con el crimen organizado ruso deberían haber encendido las alarmas. 

En la versión de 2015 de esta misma Estrategia se atemperaba el optimismo, pero aún se hacía referencia a Rusia como "el vecino más importante de la Unión Europea" y se expresaba la vocación de España por "favorecer una relación con Rusia que permita explotar el enorme potencial de beneficio mutuo".

Esta insistencia de España por apostar por el reencuentro con Rusia dentro de la UE, alimentaría, a su vez, la incomprensión de Madrid con el papel de Rusia durante el crítico otoño de 2017.

En sus inicios, allá por junio de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez parecía decidido a que el prófugo Puigdemont diera cuenta de sus actos ante la Justicia. Ese ánimo, como sabemos, se ha ido desinflando hasta el punto de que ahora, asumiendo el relato de los separatistas catalanes sobre un supuesto lawfare, parece que es la Justicia la que debe dar cuenta de sus actos.

En cualquier caso, lo que resulta reseñable con respecto a la cuestión específica de la injerencia rusa es que el Gobierno pareció dar el asunto por zanjado durante el encuentro del entonces ministro de exteriores, Josep Borrell, con su homólogo ruso, Lavrov, en Madrid en noviembre de 2018. Durante aquella reunión, Borrell manifestó (con bastante contundencia según parece) el malestar español con la actividad mediática y ciber de Rusia en el otoño de 2017. 

Durante la rueda de prensa posterior, Lavrov, insistió en que "no se ha presentado ninguna prueba de la intervención de Rusia en las elecciones en Estados Unidos, Cataluña, Macedonia o Montenegro".

Pero Lavrov, rompiendo parcialmente con la robusta tradición ruso-soviética de no aceptar jamás nada y negarlo todo siempre de forma sistemática, indicó que España estaba irritada porque entendía que algunos medios rusos "se habían, supuestamente, excedido en sus competencias profesionales" y que Rusia estaba dispuesta a "discutir semejantes preocupaciones sin el micrófono, sino de forma profesional, porque no queremos estropear las relaciones con España, nuestro buen amigo".

Sin embargo, Lavrov no desaprovechó la oportunidad para marcar uno de sus habituales goles en tiempo de descuento cuando, en la misma respuesta, indicó que "nuestros socios españoles se han interesado por la idea de crear un grupo bilateral de trabajo para interactuar en el ámbito de ciberseguridad".

Carteles de reclutamiento en Rusia. EFE

Las agencias internacionales reportaron sobre el asunto inmediatamente y el titular en inglés indicando que España y Rusia iban a crear un "grupo de ciberseguridad conjunto para luchar contra las fake news" causaría sensación y estupefacción entre nuestros socios y aliados. Y aunque el supuesto grupo nunca existió más allá de esa declaración de Lavrov, el daño reputacional para España perduró bastante tiempo.

A partir de ahí, el Gobierno de Sánchez perdió su aparente interés en el asunto. Y pese a las desavenencias con Moscú, las aguas diplomáticas volvieron por sus derroteros habituales.

Así, por ejemplo, en la ambiciosa Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, se apuesta por "una posición de equilibrio que combine condena y firmeza frente a las violaciones del Derecho Internacional con diálogo en puntos de la agenda internacional importantes para la UE (clima, terrorismo, estabilidad regional)". Condena y firmeza que está implícita, pero no explícitamente dirigida a Rusia y sorprende, de hecho, que lo más que dice el documento es que "España defiende la estabilidad de Ucrania". 

Y sorprende aún más que un documento adoptado en la primavera de 2021, con Rusia amasando tropas en las fronteras de Ucrania y amenazando la estabilidad y la paz en Europa, califique de prioritario "intensificar la presencia de empresas españolas en Rusia" y se refiera a Rusia como un socio con el que, además, cabe "desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa para un planeta más sostenible, habitable y verde". 

El interés, en cualquier caso, no se ha reactivado ni siquiera cuando se han hecho públicas informaciones particularmente graves e inquietantes.

Así, el 8 de mayo de 2022, la OCCRP (una plataforma internacional de investigación periodística conocida, entre otras, por sus revelaciones sobre los denominados papeles de Panamá) publicó que Puigdemont se había reunido el 26 de octubre de 2017 en su residencia oficial con Nikolái Sadovnikov, un diplomático ruso, en teoría retirado en 2010, pero que, según el servicio de inteligencia francés, es un hombre clave de la diplomacia paralela personal del presidente ruso, Vladímir Putin.

En ese encuentro, Sadovnikov manifestó la predisposición del Kremlin a respaldar la secesión de Cataluña.   

Pues bien, hasta el día de hoy, esa revelación no ha provocado, literalmente, ninguna reacción. Resulta como mínimo sorprendente que el Gobierno de España no tenga nada que decir al respecto. Porque, conviene tener claro, en vísperas de un grave atentado contra la integridad territorial y la soberanía de España y que podía potencialmente provocar un conflicto civil de muy difícil gestión, el Kremlin estaba animando a Puigdemont y su equipo a dar el salto al vacío. 

"Nosotros pondremos la red", fue el mensaje de Sadovnikov a Puigdemont. 

Es decir, Rusia no estaba recolectando información, sino que estaba tratando de moldear los acontecimientos buscando provocar efectos sobre el terreno. Asumir esta realidad públicamente haría muy difícil salvar política y judicialmente a Puigdemont y, en consecuencia, resultaría aún más complicado alcanzar según qué acuerdos parlamentarios.

Y, como apuntaba más arriba, aquí lo que cuenta son las cuitas políticas domésticas. 

Uno de los motivos del silencio del Gobierno sobre la publicación de la OCCRP es que esa semana tocaba contentar a los socios de ERC, asediados por el entorno de Puigdemont, con la idea de que había unos servicios de inteligencia y policiales españoles aparentemente fuera de control. Ya saben, la supuesta "Operación Cataluña". Eso llevó a tratar de forzar la dimisión de la entonces Secretaria de Estado Directora del CNI, Paz Esteban, por la infiltración de los teléfonos móviles de algunos líderes independentistas. 

Finalmente, fue cesada y está actualmente imputada, aunque todo apunta a que actuó con la correspondiente autorización y supervisión judicial y, razonablemente, cabe colegir que siguiendo la directiva de inteligencia elaborada por el propio Gobierno de España.  

Ciertamente, hubiera parecido más razonable pedirle la dimisión en caso contrario: es decir, si el CNI hubiera hecho dejación de funciones y no hubiera monitorizado la actividad de unos dirigentes independentistas que, según reflejan sus propios documentos internos, perseguían "el hundimiento del Estado español".

Ese es el contexto en el que hay que enmarcar las relaciones de Puigdemont y su equipo con el Kremlin.

"La inacción del Gobierno de España ha facilitado que Puigdemont y su entorno pudieran tomarse a chirigota y minimizar la relevancia de sus relaciones con los servicios de inteligencia rusos"

Tampoco ha habido ninguna reacción del Gobierno ante la cascada de revelaciones sobre detalles operativos relativos al despliegue en Cataluña de oficiales de la unidad 29155 de la inteligencia militar rusa (GRU) durante fechas claves del procés.

Se trata de una unidad célebre por su participación en operaciones de desestabilización por media Europa, incluyendo la voladura con explosivos de un depósito de armas en Chequia en octubre de 2014; o varios en Bulgaria entre febrero de 2014 y marzo de 2015; el atentado en Reino Unido contra el exespía Sergei Skripal en marzo de 2018, utilizando un agente neurotóxico; o el intento de golpe de Estado en Montenegro en octubre de 2016. 

Esta inacción del Gobierno de España ha facilitado que Puigdemont y su entorno pudieran, primero tomarse a chirigota, después negar y por último cuando las pruebas y evidencias resultaban irrefutables, admitir, pero minimizando la relevancia de sus relaciones con los servicios de inteligencia rusos.

Y es aún peor por cuanto alguno de los encausados había comenzado a colaborar con la investigación judicial para aliviar su posible carga penal, pero dejó de hacerlo en cuanto la Ley de Amnistía se convirtió en una posibilidad real. Entonces, Puigdemont y su prensa afín retornaron al jijijajá y a que el encuentro con Sadovnikov y otros no fueron más que una serie de anécdotas sin mayor importancia. 

Entre la prensa afín al independentismo también cabe incluir, claro, a la situada a "la izquierda de la izquierda del PSOE". Baste solo un ejemplo. Ante las revelaciones expuestas en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados sobre la actividad de hackers y bots rusos durante el otoño de 2017, el experto en tecnología y derechos digitales de unos de los principales medios de este espacio publicó un tuit indicando que no había que "subirse al carro de cualquier locura que se invente la OTAN, sus think tanks o la prensa comparsa" para criticar a Putin. 

Los medios de izquierda no han estado solos en este empeño por ignorar, negar o minimizar la injerencia rusa en España. En el ecosistema de medios de la derecha, con la muy importante excepción de Federico Jiménez Losantos y algún otro medio digital, se han colado muchas voces del rusoplanismo español surgido y consolidado en YouTube, Twitter, Telegram o Negocios TV. Comentaristas e influencers que no han tenido reparos en dar lo mejor de sí mismos para que Puigdemont y sus cómplices se vayan de rositas. Todo sea por salvar a Putin.  

Pero es que España tampoco ha dicho nada aún de que Rusia y, probablemente, Irán empleen sicarios para cometer asesinatos en nuestro país. En el caso de Irán, nada menos que contra un ciudadano español que ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo, presidente del PP en Cataluña y después fundador de VOX. De nuevo, menudencias si eso puede perturbar negativamente agendas políticas domésticas.

Pero el asunto es particularmente delicado si se tiene en cuenta que el régimen iraní auspició en su día el ascenso mediático y político de Pablo Iglesias porque, en sus propias palabras "a los iranís les interesa que se difunda en América Latina y España un mensaje de izquierdas porque afecta a sus adversarios, ¿lo aprovechamos o no lo aprovechamos?".   

La respuesta la tenemos cada tarde en la que Iglesias aparece flanqueado en su tertulia televisiva por la exresponsable de RT (antigua Russia Today) en español y que desempeñó un papel destacado en ofuscar los preparativos del Kremlin para invadir Ucrania entre las audiencias hispanohablantes y, probablemente, en las entonces ministras de Podemos en el Gobierno de España.

Pero en enero de 2022, alertar sobre los planes rusos para desencadenar la guerra era señal de rusofobia o de consumir la propaganda de los anglos, y razón para el escarnio y el jijijajá, como antes y ahora para cualquiera que denuncie la injerencia rusa en Cataluña o cualquier otra actividad hostil como las que el Kremlin lleva más de una década desplegando contra los países del espacio euroatlántico, incluido el nuestro.

Pero en España, de momento, injerencia rima con menudencia e indiferencia.  

*** Nicolás de Pedro es experto en geopolítica y jefe de Investigación y Senior Fellow del Institute for Statecraft. La gran partida es un blog de política internacional sobre competición estratégica entre grandes potencias vista desde España.