¿Estamos frente al fin del anonimato en las redes sociales?

El abogado de Pável Dúrov, David-Olivier Kaminski. EFE

Un fiscal español ha dicho que la justicia está evaluando la obligatoriedad de identificar las cuentas de X y de otras redes sociales. En el debate entran en juego las diferencias culturales y legales sobre la libertad de expresión entre Estados Unidos y Europa. Pero también toda una gradación delincuencial que oscila desde la protección de delitos criminales como la pornografía infantil y el tráfico de estupefacientes, hasta la dudosa relación causa-efecto de los bulos, la desinformación (o la información) con delitos de odio o manipulación del electorado. 

Dúrov, acusado de doce delitos criminales, alardeaba de que nunca había cedido a ninguna petición de fiscalización por parte de la justicia de los países en los que opera, haciendo bandera de la libertad de expresión.

Es cierto que, a diferencia del hipócrita Musk y de otras redes sociales que sí colaboran con la justicia europea en medio millón de casos, el magnate franco-ruso había desatendido hasta hoy cualquier petición legal para frenar delitos que usaban su plataforma para operar.

Ante las críticas por este supuesto atropello a la libertad de expresión, el presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó precisamente en X que Francia "está profundamente comprometida con la libertad de expresión, pero las libertades se basan en un marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real, para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales".

"Que te jodan", respondió Elon Musk al comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, después de que este advirtiera en una carta sobre posibles delitos de odio durante su conversación en su red social con Trump.

En esa charla, ambos magnates alabaron a dictadores como Vladímir Putin, Nicolás Maduro o Xi Jinping, mientras tachaban de "dictador" a Breton, una prueba más de cómo en el ámbito del populismo la faloderecha abraza a la paleoizquierda, con permiso del autor de estos términos, Xavier Colás.

"Según Steve Forbes, Canadá se está convirtiendo en 'la Cuba del norte' por adoptar medidas de control de contenidos en internet"

Estos líderes del sistema y del dinero, que cínicamente se autocalifican como antisistema en su particular y lucrativa propaganda, viven en una eterna edad mental escatológica en la que la libertad de expresión consiste en pura fecalidad oral. 

A estos ataques se sumó el editor de la revista económica Forbes, y varias veces candidato republicano, Steve Forbes, que calificó a Breton de ser "el censor jefe de la UE" y de enviar una carta al "intrépido empresario" Musk "digna de un gánster como Tony Soprano". Escribía también Forbes que Canadá se estaba convirtiendo en "la Cuba del norte" por adoptar medidas similares de control de contenidos.

Esta visión de la libertad de expresión está fundamentada en la Primera Enmienda de la Carta Magna estadounidense.

Sin embargo, al otro lado del Atlántico, en una Europa que sobrevivió a la enajenación nazi, el británico Financial Times exigía que los "acosadores tecnológicos" paguen "el precio de su agresividad", siempre dentro del marco de la protección de la libertad de prensa y de expresión. En estas dos posturas, la una no es el antónimo de la otra. Recordemos que la censura es legal solamente en dictaduras, de izquierdas y de derechas. 

Musk también había respondido con un true ("cierto") a un tuit del líder del partido Reform UK, Nigel Farage, que calificó al actual primer ministro británico, Keir Starmer, como "la mayor amenaza a la libertad de expresión que hemos visto en nuestra historia" tras el arresto de una docena de personas por contenido online incendiario contra inmigrantes relacionado con los recientes disturbios por el asesinato en julio de tres niñas en Southport.

Otro tanto sucedió en España tras el apuñalamiento del niño Mateo en Mocejón. El líder de extrema derecha populista Alvise Pérez difundió en su canal de Telegram, tras conocerse el asesinato, que en un hotel de la localidad toledana había cincuenta inmigrantes, insinuando que "podrían estar detrás del crimen". Otros bulos en redes apuntaban a que el asesino era de "nacionalidad magrebí".

Por supuesto, nadie ha rectificado al conocerse que el atacante era un joven español con discapacidad mental (denominada "diversidad neuronal" en otros contextos), sino que incluso algunos han eliminado sus perfiles al conocerse que podrían ser investigados por delitos de odio. 

Lo cierto es que en la Unión Europea y en cada uno de sus Estados miembros hay leyes que protegen la libertad de expresión y leyes contra la difusión de delitos de odio, entre ellas la principal, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), de cuya creación, en 2022, seguramente se apropiará Pedro Sánchez cuando decida aplicar medidas en su lucha contra "los bulos y la desinformación de la fachosfera" que relacionan a su esposa, Begoña Gómez, con un posible tráfico de influencias.

Claramente, al contribuyente le interesa que se destape el anonimato de la cuenta de bulos de X Mr. Handsome, en la que el propio presidente paga a alguien con nuestros impuestos para que le lance piropos.

Al contribuyente también le interesa la transparencia de la publicidad institucional, con la que el Gobierno usa a los medios para su propaganda. Con nuestro dinero.

Cualquier cortapisa a la libertad de expresión del contrario tienta a la deriva absolutista de los líderes.

El dueño de X, Elon Musk. Reuters

Puesto que la libertad de expresión se puede solapar con otros derechos, como el de la dignidad y el honor, son los tribunales los que se ocupan de analizar caso por caso, ya que estaremos de acuerdo en que publicar información veraz y contrastada sobre los negocios de la señora de Pedro Sánchez, sobre la proporción de delitos cometidos por inmigrantes o sobre las creencias religiosas de los terroristas del Estado Islámico dista mucho de ser delito de odio.

Sin embargo, la libertad de expresión puede amparar crímenes probados, como la difusión pornográfica de imágenes de menores o el tráfico de drogas.

Los liberales estadounidenses que defienden la libertad de expresión a ultranza son los mismos que pedían la cabeza de Julian Assange por difundir supuestos "secretos de Estado", es decir, los delitos y crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas estadounidenses en otros países, y que miran hacia otro lado por la censura que el gobierno de Benjamin Netanyahu impone sobre sus bombardeos indiscriminados en Palestina. Otra muestra más de cómo las exigencias de libertad de expresión sólo se aplican con uno mismo y con los de tu tribu.

De nuevo, la intervención de una justicia independiente es fundamental para discernir lo que es delito.

La cuestión es si el anonimato debe finalizar en las redes sociales con el fin de detener los delitos de odio. Algunas voces liberales entienden que en el ejercicio de la libertad está el responsabilizarse de tus propias palabras, y con el fin de opinar con responsabilidad, este anonimato debe cesar. Claro, amigo, al ser humano cobarde o al conductor suicida se le civiliza con leyes y con multas. 

El caso es que los principales líderes de la libertad de expresión, que son a la vez propietarios de las redes sociales, son unos hipócritas. Porque esa libertad tiene más que ver con el negocio que con las libertades individuales.

Pongamos el ejemplo de China, donde multinacionales como Google no tuvieron problema en ceder ante las exigencias del régimen para exponer con nombre y apellidos a varios activistas opositores. En juego estaban millones de usuarios, que se traducen en millones de dólares.

El clickbait, como técnica para atraer la atención del usuario, genera también millones en publicidad. ¿No es acaso la irracionalidad y visceralidad inmediata de las redes unida a la cobardía del anonimato las que han ganado para sí la publicidad que antes financiaba a la prensa tradicional? Esa prensa tradicional moribunda contra la que Musk mantiene su peculiar cruzada. Lo que en realidad más teme Musk es que podemos vivir sin X. 

Todos tenemos algún conocido en grupos de WhatsApp que es el primero en acusar a los inmigrantes musulmanes de cualquier delito a los cinco minutos de haberse cometido o de culpar a las feministas de su inexistente vida sexual.

Cuando se cansan de dar la vara en el grupo, se van a los diarios a escribir comentarios. Son los impulsivos irracionales que se suscriben para desfogar su descontento con el mundo, un mundo que parece que les debe todo. Y nunca rectifican, oigan.

"Es genial ser antisistema cuando se gana dinero con todos los idiotas que andan sueltos"

Así que bienvenidos sean esos suscriptores eternamente cabreados, así como todos los periodistas resabiados (y en paro) que airean auténticas primicias también con sus comentarios en modo Garganta Profunda. 

¿Cuántos influencers no han recurrido a pagar por sus seguidores en redes sociales hasta que consiguen los de verdad? Porque en las redes, Vicente va adonde va la gente. Se trata de otro gran negocio. Son muchos los supuestos periodistas o analistas que arrancaron su carrera comprando diez mil seguidores, compuestos por decenas de miles de cuentas falsas o bots.

El hecho de que el propio Musk, que al adquirir Twitter en 2020 se comprometió a acabar con estos bots, no lo haya hecho ya indica la cantidad de dinero que se embolsa con el anonimato. Es genial ser antisistema cuando se gana dinero con todos los idiotas que andan sueltos. 

La dimensión del problema es tecnológica, y en la tecnología está la solución. ACNUR ha elaborado un sistema de búsqueda de discursos de odio contra el refugiado en internet bajo la campaña Hate Free que puede sentar un precedente. No parece tan complicado dar con un sistema en el que se pueda mantener el anonimato, pero que facilite identificar a la persona jurídica en caso de que se investigue un delito, como hacen los grandes defensores de la libertad de expresión cuando operan en China.

Al fin y al cabo, ¿no es cierto que las redes lo saben todo de nosotros?

*** Marga Zambrana es periodista, corresponsal en China desde 2003 y en Oriente Medio desde 2013.