Imagen de archivo de una concentración para pedir justicia por la muerte de Diego Bello

Imagen de archivo de una concentración para pedir justicia por la muerte de Diego Bello Quincemil

A Coruña

El BNG exige responsabilidades al Gobierno filipino por el caso Diego Bello

Los nacionalistas indican que el coruñés "fue asesinado por la policía filipina" la cual "intenta ahora manchar su honor"

25 febrero, 2020 16:46

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) –

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha instado al Gobierno español a que haga las "gestiones oportunas" con el Gobierno y la policía filipina a través de la Embajada española o del Ministerio de Exteriores para "exigir responsabilidades" al ejecutivo de ese país y esclarecer los hechos que rodearon la muerte del coruñés Diego Bello.

Asimismo, piden al Gobierno que comparezca en la causa para "demandar información y lograr la exculpación" del joven empresario acusado por la policía filipina de dedicarse al narcotráfico y de haber disparado contra los agentes en una redada antidroga. Una versión que, según han manifestado los nacionalistas en un comunicado, "no se sostiene y está llena de incongruencias".

En este sentido, el portavoz municipal del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, ha expresado, este fin de semana, su "solidaridad con la familia y allegados de Diego Bello" y ha señalado que "fue asesinado por la policía filipina" la cual "intenta ahora manchar su honor".

Amparo del Gobierno

Además, el BNG ha recordado que desde que Rodrigo Duterte preside Filipinas, existe una ley que "autoriza a la Policía a disparar a matar en casos de tráfico de drogas y cuando se vea amenazada".

Ante esto, el partido nacionalista ha manifestado que la policía filipina, amparada por el Gobierno, se comporta como "escuadrones de la muerte" para "aniquilar opositores y todos aquellos que no se doblen ante sus prácticas mafiosas".

Asimismo, el BNG ha señalado que, según la policía, en los últimos tres años han matado a 7.000 personas. Una cifra que se eleva a 30.000 según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que ya ha sido denunciada "reiteradas veces" por Amnistía Internacional y otras organizaciones.