SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno ha sellado con Endesa, Naturgy e Iberdrola los acuerdos de transición justa en el Ayuntamiento de As Pontes y en Meirama, en el municipio de Cerceda (A Coruña), para el mantenimiento del empleo ante el cierre de las centrales térmicas de carbón. Las empresas realizarán nuevas inversiones y diseñarán un plan de acompañamiento para tener nuevas oportunidades de negocio vinculadas a las energías renovables y otras líneas a la vez que se recolocarán los puestos directos y se priorizará la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares.

Por su parte, el Gobierno central, a través de los Ministerios para la Transición Ecológica y de Trabajo, prepara la formación y los planes de inserción para las zonas afectadas y el acuerdo ha sido firmado por las ministras de Transición Ecológica y Trabajo, Teresa Ribera y Yolanda Díaz, las empresas Endesa, Naturgy e Iberdrola y los titulares de las secretarías generales de CCOO Industria y UGT FICA. El documento recoge los compromisos de cada una de las partes para apoyar a los trabajadores y los territorios de las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas, según el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que ha subrayado a su vez que el Ejecutivo apoyará el mantenimiento de los puestos de trabajo tras arrancar el compromiso de las compañías para continuar la actividad industrial con una transición energética justa.

Nuevas inversiones

Losada remarcó también que este programa traerá "nuevas inversiones" y confirmó que "se seguirá manteniendo el empleo" y las posibilidades de futuro "a través de una transición justa". Es decir, se apuesta por la "búsqueda colectiva de soluciones" para conseguir la conversión de las centrales de As Pontes y Meirama de manera que consigan mantener la actividad industrial, generar riqueza, maximizar el cuidado medioambiental y lograr una descarbonización justa. Además, el Ejecutivo se ha comprometido a trabajar en la búsqueda proactiva de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas, con base en las características y las particularidades de Galicia.

Según lo acordado por las partes, se creará una comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento del acuerdo y que estará conformada por un número idéntico de representantes del Estado, las empresas y las organizaciones sindicales. Este órgano se reunirá cada seis meses para conocer los detalles relacionados con la marcha del acuerdo y de manera extraordinaria siempre que lo solicite una de las partes.