SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno gallego ha aprobado en su reunión semanal el proyecto de Ley de mejora de gestión del ciclo integral del agua. Un texto que, según ha defendido el presidente, Alberto Núñez Feijóo, nace con la voluntad de "ofrecer una gestión profesional y de calidad" y de "responder a la demanda de ayuda de los ayuntamientos" para gestionar este servicio que es de su competencia.

Después de recordar que ahora será remitido a la Cámara gallega para su perceptivo trámite parlamentario, Feijóo ha repasado los objetivos que se fija este nuevo marco normativo. Así, se persigue "un uso racional" de los recursos hídricos, el ahorro de agua, la optimización de las redes de saneamiento y la mejora de la depuración.

Al tiempo, en relación a la colaboración, la Xunta defiende que se ofrece a los ayuntamientos con dificultades un modelo de adhesión para que cedan, si así lo deciden de manera voluntaria, la gestión de sus sistemas de saneamiento, abastecimiento o depuración a Augas de Galicia.

En ese sentido, ha remarcado que este nuevo paso en la línea de apoyo a los ayuntamientos para que cumplan con sus responsabilidades no es una novedad, ya que el Gobierno gallego movilizó desde 2009 más de 1.000 millones de euros para ejecutar obras e infraestructuras hidráulicas municipales.

"Mejor gestión"

Con respecto a la ley, Feijóo hizo referencia a 6 grandes ejes. En primer término, ha enfatizado que el texto persigue una mejor gestión, apostando por la integración de servicios y por la profesionalización y generando economías de escala.

También ha señalado que regulará los modelos de gestión y el apoyo a los ayuntamientos con más dificultades, dándoles la posibilidad de que encomienden a la Xunta la gestión de sus instalaciones y ofreciendo apoyo técnico y económico a los ayuntamientos que lo soliciten.

Además, ha subrayado, reordenará las tasas por los servicios de agua que se prestan desde la Xunta, respetando la autonomía municipal y sin crear nuevas tasas.

El texto pone el acento, además, en las actuaciones en las redes para paliar vertidos y reducir fugas en las redes de abastecimiento. Y, por último, ha abundado Feijóo, apostará por la transparencia y la "participación real y efectiva" en la tramitación de la ley, que fue sometida al trámite de consultas públicas, "ampliándose hasta en dos ocasiones con el fin de favorecer la posibilidad de hacer aportaciones y sugerencias".

Informe en la evaluación de los edificios

En otro orden de asuntos, la Xunta establecerá un período de tres años para que las comunidades de vecinos de inmuebles catalogados puedan presentar el informe de evaluación de edificio, en el que se acredite el estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética; por lo que, además de ampliarse en 24 meses el plazo de presentación, se equipara a lo ya fijado para el resto de edificios de 50 años o más.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ha impulsado una modificación del Decreto 61/2021, del 8 de abril, por el que se regula el informe de evaluación de los edificios y se crea su registro en la Comunidad Autónoma de Galicia, que el Consello da Xunta ha aprobado en su reunión de este jueves.

Asimismo, la Junta consultiva de ordenación del territorio y urbanismo centralizará las consultas sobre este ámbito de todas las entidades y organismos.

El decreto por lo que se crea y regula esta entidad, que sustituirá a la Comisión superior de urbanismo, ha quedado aprobada tras ser sometido el texto al Consello Consultivo.

Mejoras en la gestión judicial

Por otra parte, la Xunta ha informado de que avanza en las medidas recogidas en el III Plan tecnológico de la Administración de Justicia en Galicia, ‘Senda 2025’, con la autorización de un contrato que permitirá abordar "la mejora continua" para los usuarios del campo judicial y la gestión del sistemas y servicios digitales, adaptándose al proceso de consolidación de los servicios digitales que establece el plan.

El nuevo contrato, que se publicará en los próximos días, con una inversión estimada de 7,6 millones de euros, ofrecerá a los más de 4.000 profesionales del ámbito judicial un punto de interlocución único a través del Centro Integral de Servicios a las personas usuarias de los sistemas y tecnologías de la Administración de justicia en Galicia.

Lo hará centralizando las consultas, incidentes y peticiones de servicio. Además, abordará un nuevo modelo de atención in situ y gestionará la implantación y actualización de las aplicaciones y sistemas en este ámbito.

Finalmente, este jueves la Xunta ha autorizado la contratación de las obras del tanque de tormentas del Río Pontiñas y de los colectores de Lalín, con una inversión de más de 6,7 millones.

Y en el ámbito marítimo, la Xunta ha informado de que los profesionales del mar de Galicia retiraron, con el apoyo del Ejecutivo gallego, casi 120 toneladas de basura del litoral entre 2020 y 2021.