Imagen de la AG-55 en Galicia

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Galicia

La Xunta autoriza el convenio que mantendrá las bonificaciones de los peajes en la AG-55 y AG-57

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El Consello de la Xunta ha autorizado este viernes la addenda al convenio con la concesionaria Autoestradas de Galicia para mantener las bonificaciones actuales de los peajes en las autopistas A Coruña-Carballo (AG-55) y de Val Miñor (AG-57) y consolidar para 2025 las congelaciones en la subida de los peajes de años anteriores, actualizando conforme al IPC.

De esta manera, durante el próximo año, las tarifas resultantes de los peajes en la AG-55 y la AG-57 actualizrán las tarifas vigentes en 2024 según el 95% del IPC interanual de octubre 2023 a octubre de este año. Es decir, el 1,7% a partir del 1 de enero, manteniéndose, además, los descuentos vigentes el próximo año. De este modo, la tarifa se mantendrá un 15% por debajo de la que correspondería de haberse actualizado según el contrato en los últimos años.

Esta medida tiene como objetivo, según la Xunta, beneficiar a los casi 28.000 usuarios diarios de estas dos vías autonómicas. "Será una subida del 1,7 por ciento, lo mínimo fijado en el contrato", ha expuesto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha incidido en que "en muchos tramos no habrá subida y donde se concentren en ningún caso será superior a cinco céntimos por trayecto", recoge Europa Press.

El acuerdo posibilitará también mantener el próximo año las bonificaciones habilitadas por recurrencia, en horario nocturno o para las familias numerosas. Según el Gobierno gallego un usuario habitual de la autopista Vigo-Baiona ahorrará 260 euros en 2025 y 368 euros en el recorrido A Coruña-Carballo, unas cifras que aumentarán a 584 euros o 863 euros, respectivamente, para familias numerosas.

Por otra parte, el Consello ha dado luz verde a la resolución de los contratos de concesión de las autovías del Salnés, de Barbanza, Ourense-Celanvoa y Santiago-Brión, operación con la que el Ejecutivo gallego materializa la eliminación de los peajes en sombra que se venían pagando anualmente en estas infraestructuras.

Esta operación, que se valora en un importe de 299 millones, supondrá que la Xunta dejará de pagar, por el canon comprometido hasta el final de las concesiones, un importe de 641,1 millones, lo que supondrá un ahorro para las cuentas autonómicas de 342,1 millones.