La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha solicitado una moratoria en el cobro de las liquidaciones que Augas de Galicia, dependiente de la Xunta, reclama a los ayuntamientos que cuentan con depuradoras cuya gestión asume el organismo autonómico o una empresa a través de contratos de concesión de obra pública. Por su parte, el Gobierno gallego ha considerado que "no es de recibo" esta petición.

La entidad municipalista pide que se aplacen las reclamaciones de estas cuantías hasta que se solucionen las discrepancias con la Administración autonómica a raíz de la ley del ciclo integral del agua, que fue señalada desde sus comienzos por la oposición (BNG y PSdeG) porque supondría, denunciaban, aumentos en la factura, recoge Europa Press.

Estas demandas han surgido de una reunión que este martes han mantenido varios alcaldes de ayuntamientos afectados con el presidente de la Fegamp y también regidor de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), Alberto Varela, y los vicepresidentes primero y segundo, Carlos Martínez y Secundino García, respectivamente.

Los asistentes han coincidido en denunciar que "no hubo diálogo previo" con los ayuntamientos para sacar adelante esta ley que supuso "cuantiosos incrementos en el cobro del agua". La FEGAMP señala que la realidad les ha acabado dando "la razón" en sus previsiones que apuntaban a un incremento del 60 por ciento sobre el coste de la factura.

En este contexto, la entidad solicita abrir "un proceso de diálogo" con Augas de Galicia para que ambas partes acuerden una "solución óptima".

"No es de recibo"

Por su parte, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de la que depende Augas de Galicia, cree que "no es de recibo" la moratoria. Si bien, el departamento que dirige Ethel Vázquez se muestra "a disposición" de la federación municipalista "para mantener cuantas reuniones considere oportunas para reforzar la colaboración" en la gestión de este servicio municipal.

La Xunta recuerda que esta norma fue "sometida a un proceso de diálogo" con los ayuntamientos y con la Federación de Municipios e Provincias, además de que estuvo en proceso de información pública durante un plazo que se amplió "en dos ocasiones".

Por tanto, la Consellería cree que "no es de recibo" la petición de esta moratoria cuando las administraciones locales "son conocedoras, desde el primero momento, del contenido y del alcance de la ley, que no tiene sino como único objetivo alcanzar una gestión profesionalizada del ciclo integral del agua".