Ante el supuesto "incumplimiento de la Carta Social Europea" por parte de España, según ha denunciado el BNG, los nacionalistas han registrado una proposición no de ley en el Congreso para reducir "progresivamente" la semana laboral, limitar las horas extraordinarias y subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta que alcance el 60% del salario medio.

En el documento se incluye el reconocimiento al derecho de unas condiciones de trabajo justas, el derecho a una remuneración digna y también a la negociación colectiva. En este plano, la formación insta al Gobierno a fijar "una razonable duración diaria y semanal de las horas de trabajo reduciendo progresivamente la semana laboral". Asimismo, exigen garantizar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras fuera del horario laboral.

También proponen finalizar con la equiparación de un periodo de atención continuada a un periodo de descanso, en su totalidad, ya que consideran que "supone también la violación del derecho a un tiempo de trabajo razonable". Además, el BNG quiere garantizar el derecho a disfrutar de un periodo de vacaciones anuales ininterrumpidas de dos semanas, impidiendo la fragmentación de las vacaciones en periodos demasiado cortos.

Compensaciones a ocupaciones peligrosas

En la proposición no de ley el BNG también plantea compensar las ocupaciones peligrosas o insalubres por una reducción de la duración de las horas de trabajo o días de descanso suplementarios pagados.

El Bloque Nacionalista ha sugerido a su vez incrementar el SMI hasta alcanzar, al menos, el 60% del salario medio; así como promover la limitación de las horas extraordinarias para "garantizar una jornada laboral razonable y asegurar su retribución y/o compensación adecuada en el caso de producirse".

En el caso de que la relación laboral se extinga en el periodo de prueba del trabajador, el BNG plantea regular un periodo de preaviso por parte de las empresas y así poder prever la posibilidad de una indemnización. Ya por último, el partido insta a establecer el cumplimiento obligatorio por parte de las empresas de las condiciones que habían sido objeto de pacto en convenios colectivos.